 |
| Imagen: FELGTB / Concentración en recuerdo de Alan, Donostia, 2015-12-27 |
Las personas 'trans' menores de edad se encuentran en España en un infernal limbo.
Daniel J. García López | El Periódico, 2015-12-28
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/derecho-genero-infancia-transexual-4780005
A la memoria de Alan.
«¡Es un niño!». Estas palabras, breves y familiares, pronunciadas por un profesional de la medicina ante una ecografía, producen la idea de que ese «niño» lo será para siempre. Y lo es simplemente porque sus genitales se acomodan a las normas que conforman el binarismo (hombre-mujer) en el que estamos instalados. Se es hombre y se es mujer biológicamente predeterminados y socialmente manifestados. Todo aquel que no encaje en una de las dos columnas de la sociedad será sometido a los consiguientes castigo y corrección. Por eso las personas intersexuales (antes denominadas hermafroditas) son sometidas a dolorosos procesos quirúrgicos a los que debemos llamar «mutilaciones» (Naciones Unidas lo hace desde el 2013). Por eso las personas transexuales son patologizadas para poder acomodar su documentación administrativa al sexo sentido. Y en esta realidad los menores transexuales son el colectivo LGTBI más vulnerable y que mayor violencia (individual e institucional) sufre, junto a los menores intersexuales.
«Es un juego, ya se le pasará». Esta es, en muchas ocasiones, la sentencia emitida ante el caso de un menor transexual. Porque es un menor, y como tal, su voz queda lapidada ante un sistema binario y adultocéntrico. Excluidos de la sanidad pública. Excluidos del sistema jurídico. Las personas trans menores de edad en nuestro Estado se encuentran en un infernal limbo. Y eso a pesar de la reciente ley 26/2015 (que modifica el sistema de protección del menor), que reconoce como principio rector de los poderes públicos «el libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual».
La ley española 3/2007, que permite la «rectificación» registral del nombre y el sexo en el DNI (previo diagnóstico de disforia de género y tras dos años de tratamiento hormonal, con los riesgos que conlleva: esterilización, cardiopatías, cáncer), no permite su aplicación a los menores (tampoco a los extranjeros y a las personas sin «capacidad suficiente»). Un menor debe ir a la vía judicial, costosa emocional y económicamente, para cambiar su nombre. Porque la identidad parece que solo es patrimonio que se adquiere al cumplir 18 años.
La sanidad pública, aparentemente universal, hace que el capricho de nacer en un lugar u otro permita acceder a mejoras en la vida. Es así que, excluida la cirugía en menores trans (y de las UTIG -Unidad de Tratamiento de Identidad de Género-: espacios en los que se dan prácticas poco respetuosas con los derechos humanos), los bloqueadores hormonales (para retrasar la aparición de caracteres sexuales secundarios) sean legales en unas comunidades autónomas e ilegales en otras.
Debemos ser conscientes de que la identidad es un continuo que se construye a lo largo de la vida. No podemos mantenernos en la peligrosa idea de la existencia de un sistema cerrado, como si el género y el sexo fueran algo natural, universal y ahistórico. Si de lo que se trata es de propiciar las condiciones de posibilidad de vidas vivibles (que merezcan la pena ser vividas), la sostenibilidad de la vida ha de situarse en el centro. Para ello se hace urgente un cambio constitucional que reconozca el derecho a la autodeterminación de las personas, independientemente de su edad o nacionalidad, previa despatologización de la transexualidad (y de la intersexualidad).
Pero no solo hay que apostar por la estrategia de la reforma jurídica basada en el reconocimiento, ya que por medio de la inclusión y la asimilación se produce una estrategia de secuestro de la resistencia: la violencia se entiende meramente individual y no estructural, de ahí que el racismo, la homofobia, el sexismo, la transfobia, la interfobia o el capacitismo se mantengan intactos en el marco del aparato administrativo (hospitales, colegios, sistema fiscal, registro civil, sistema penitenciario, hogares de acogida, empresas, transporte…). Es necesario desmantelar el sistema de violencia de Estado que sufren las personas transexuales. Nuestro futuro, presente para los menores, está en juego.
Daniel J. García López. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y autor del libro 'Sobre el derecho de los hermafroditas'. Analista de Agenda Pública.
«¡Es un niño!». Estas palabras, breves y familiares, pronunciadas por un profesional de la medicina ante una ecografía, producen la idea de que ese «niño» lo será para siempre. Y lo es simplemente porque sus genitales se acomodan a las normas que conforman el binarismo (hombre-mujer) en el que estamos instalados. Se es hombre y se es mujer biológicamente predeterminados y socialmente manifestados. Todo aquel que no encaje en una de las dos columnas de la sociedad será sometido a los consiguientes castigo y corrección. Por eso las personas intersexuales (antes denominadas hermafroditas) son sometidas a dolorosos procesos quirúrgicos a los que debemos llamar «mutilaciones» (Naciones Unidas lo hace desde el 2013). Por eso las personas transexuales son patologizadas para poder acomodar su documentación administrativa al sexo sentido. Y en esta realidad los menores transexuales son el colectivo LGTBI más vulnerable y que mayor violencia (individual e institucional) sufre, junto a los menores intersexuales.
«Es un juego, ya se le pasará». Esta es, en muchas ocasiones, la sentencia emitida ante el caso de un menor transexual. Porque es un menor, y como tal, su voz queda lapidada ante un sistema binario y adultocéntrico. Excluidos de la sanidad pública. Excluidos del sistema jurídico. Las personas trans menores de edad en nuestro Estado se encuentran en un infernal limbo. Y eso a pesar de la reciente ley 26/2015 (que modifica el sistema de protección del menor), que reconoce como principio rector de los poderes públicos «el libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual».
La ley española 3/2007, que permite la «rectificación» registral del nombre y el sexo en el DNI (previo diagnóstico de disforia de género y tras dos años de tratamiento hormonal, con los riesgos que conlleva: esterilización, cardiopatías, cáncer), no permite su aplicación a los menores (tampoco a los extranjeros y a las personas sin «capacidad suficiente»). Un menor debe ir a la vía judicial, costosa emocional y económicamente, para cambiar su nombre. Porque la identidad parece que solo es patrimonio que se adquiere al cumplir 18 años.
La sanidad pública, aparentemente universal, hace que el capricho de nacer en un lugar u otro permita acceder a mejoras en la vida. Es así que, excluida la cirugía en menores trans (y de las UTIG -Unidad de Tratamiento de Identidad de Género-: espacios en los que se dan prácticas poco respetuosas con los derechos humanos), los bloqueadores hormonales (para retrasar la aparición de caracteres sexuales secundarios) sean legales en unas comunidades autónomas e ilegales en otras.
Debemos ser conscientes de que la identidad es un continuo que se construye a lo largo de la vida. No podemos mantenernos en la peligrosa idea de la existencia de un sistema cerrado, como si el género y el sexo fueran algo natural, universal y ahistórico. Si de lo que se trata es de propiciar las condiciones de posibilidad de vidas vivibles (que merezcan la pena ser vividas), la sostenibilidad de la vida ha de situarse en el centro. Para ello se hace urgente un cambio constitucional que reconozca el derecho a la autodeterminación de las personas, independientemente de su edad o nacionalidad, previa despatologización de la transexualidad (y de la intersexualidad).
Pero no solo hay que apostar por la estrategia de la reforma jurídica basada en el reconocimiento, ya que por medio de la inclusión y la asimilación se produce una estrategia de secuestro de la resistencia: la violencia se entiende meramente individual y no estructural, de ahí que el racismo, la homofobia, el sexismo, la transfobia, la interfobia o el capacitismo se mantengan intactos en el marco del aparato administrativo (hospitales, colegios, sistema fiscal, registro civil, sistema penitenciario, hogares de acogida, empresas, transporte…). Es necesario desmantelar el sistema de violencia de Estado que sufren las personas transexuales. Nuestro futuro, presente para los menores, está en juego.
Daniel J. García López. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y autor del libro 'Sobre el derecho de los hermafroditas'. Analista de Agenda Pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.