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| Imagen: Diagonal / Ilustracion de Nada Abdalla |
Marta Guerrero Capapé | Diagonal, 2016-01-23
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/29122-maltratador-nunca-puede-ser-buen-padre.html
Llevamos un año sangriento en cuanto a la violencia contra las mujeres se refiere. Al constante goteo de asesinatos de las mujeres se ha sumado el asesinato de sus propios hijos e hijas a manos de la figura paterna con especial crueldad y saña mientras hacían uso y disfrute de sus permisos de visitas a pesar de que en muchos de los casos constaban denuncias por violencia machista hacia la madre. Este dato nos indica por un lado que es necesario contemplar la violencia machista de forma sistémica, incorporando a hijos e hijas como víctimas directas así como que el terrorismo machista ha incorporado una nueva forma de violencia hacia las mujeres. Este tipo de violencia que algunos colectivos y organizaciones definen como violencia vicaria, se caracteriza por dañar a la mujer de forma directa a través de terceros –sus hijas e hijos– para asegurarse de proporcionar el mayor sufrimiento posible lo cual pasa por condenar a la mujer de por vida al sufrimiento y dolor de la pérdida de sus propias hijas e hijos. Los últimos datos del poder judicial revelan como el 97% de los hombres con órdenes de alejamiento por violencia machista acceden a un régimen de visitas de sus descendientes a pesar de estar condenados, incluso cuando, de 44 niños y niñas asesinadas por su padre en la última década, 23 lo han sido durante los regímenes de visita.
Nadie en su sano juicio puede entender cómo un juez puede concluir en que un maltratador puede ser un buen padre y decide tomar unas medidas potencialmente peligrosas poniendo en grave riesgo la vida de las menores aun cuando teórica y legalmente existen recursos aplicables. Se supone que el sistema judicial debe ser un recurso de amparo y protección para las víctimas y se está convirtiendo en el verdugo de muchos y muchas menores que se ven obligados a cumplir unos regímenes de custodias extremadamente peligrosos para la integridad de los menores y que sirven como pretexto de castigo hacia la madre en los casos en que estas se niegan a cumplirlos.
Respecto a esto, el sistema debe ser tajante. Un maltratador no puede ser un buen padre. Nunca. Dar por hecho que un vínculo paternal garantiza la protección del menor es querer mirar para otro lado. Debemos dejar atrás la falsa idea de familia como elemento necesario e imprescindible en el desarrollo de los seres humanos y priorizar el interés del menor, que dicho sea de paso, es vivir una vida ajena a la violencia. Los niños y niñas que viven en un núcleo en el que son conscientes de la violencia ejercida contra su madre sufren grandes traumas, conflictos y consecuencias que en muchos casos influyen en su desarrollo personal futuro. Respetar el interés superior del menor pasa por alejarlo definitivamente de una figura paternal abusiva, maltratadora y violenta sin ningún tipo de miramiento. Un menor estará mejor sin la figura paterna que con un padre maltratador. Y para ello hay que analizar la violencia contra las mujeres como una realidad superando de una vez los falsos estereotipos y siendo conscientes que se requiere la coordinación de todas las esferas de la sociedad. No podemos seguir permitiendo falsos prejuicios como que las mujeres mienten sobre las denuncias o que los padres no son capaces de hacer daño a sus hijos. Por supuesto son capaces y lo utilizan cuando comprenden que no tienen otra manera de ejercer poder de forma directa sobre sus madres. Los/as menores son instrumentos para conseguir su finalidad que no es otra que mantener una posición de privilegio, de dominación sobre la mujer y seguir ejerciendo un poder que se ha visto reconfigurado – que no disminuido- tras una separación u orden de alejamiento.
Denuncias falsas, ¿son relevantes?
Otro tema recurrente para aquellos y aquellas que predican la idea de la necesidad de custodias compartidas y reclaman la desigualdad de trato judicial en función del sexo es el caso de las denuncias falsas. Las denuncias falsas representan un 0,022% de los casos por lo que utilizar este porcentaje para infravalorar la violencia es cuanto menos ridículo e ignorante teniendo en cuenta además que el 71% de las mujeres maltratadas según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no interpone una denuncia contra su agresor. Nos encontramos por lo tanto unas cifras ridículas frente a un problema que debe ser cuestión de Estado y que marca el panorama social de un país que en materia de género deja muchísimo de desear. Permitir que un maltratador pueda tener acceso a la custodia de sus hijos e hijas es una forma gravísima de violencia institucional ejercida hacia las mujeres y los menores en cuanto a que el sistema que debería protegerlos está permitiendo que puedan ser expuestos a una situación mortal.
El problema viene cuando los procesos judiciales se extienden en el tiempo y las condenas llegan cuando quizás sea demasiado tarde. La inexistencia de una legislación competente, contundente y unificada en materia de violencia de género permite que la interpretación de un juez sea decisiva en una decisión que pone en riesgo la vida tanto de las mujeres como de los y las menores. Los juicios por custodia se convierten en mucho más que el interés por el menor y se transforma en una herramienta para ejercer poder y presión sobre las mujeres que no permite que la víctima se desvincule completamente de la dinámica de violencia que ha sufrido y pueda comenzar a rehacer una vida lejos del maltrato. Interesante también es la búsqueda de los hombres por las custodias compartidas y regímenes de visita cuando las tareas de reproducción y cuidado previas a la separación eran desempeñadas completamente por la figura femenina o la utilización del ya invalidado científicamente síndrome de alienación parental utilizado por los maltratadores en los juicios contra las mujeres.
El año pasado nos deja datos escalofriantes estadísticamente hablando. Datos como por ejemplo que se suspendieron 11 regímenes de visitas a padres maltratadores de un total de 151 solicitudes o que el 97% de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista obtiene en los juzgados un régimen de visitas a sus hijos por lo que en su mayoría tienen acceso a los y las menores aún siendo firme un proceso judicial por violencia de género. Que suceda esto en un país en el que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una pandemia es una vergüenza y además, un insulto a todas aquellas mujeres que peleamos por una vida libre de violencia. Tenemos la obligación no solo de velar por los menores como víctimas directas de la violencia de género sino fomentar una educación desde la igualdad que es imposible adquirir dentro de una dinámica vital violenta y que solo lleva a la repetición de patrones en el futuro.
El Estado debe ser responsable de la seguridad de los menores y debe proveer baterías de recursos suficientes para garantizar la total seguridad de los menores y de sus madres. La única manera de luchar por la erradicación del terrorismo machista es proveer un sistema social, judicial y legal con perspectiva de género que sea capaz de entender la dinámica de la violencia contra las mujeres y las necesidades de estas frente a la problemática incluyendo a los hijos e hijas al cargo como parte de un sistema único. Como sociedad necesitamos urgentemente sentar unas estructuras sociales futuras basadas en la igualdad donde el papel de los y las menores sea clave, y eso, difícilmente lo conseguiremos si los sometemos a la obligatoriedad de compartir sus vidas con hombres que son capaces de matarlos por atacar a la mujer que se rebeló contra su imposición de poder.
Nadie en su sano juicio puede entender cómo un juez puede concluir en que un maltratador puede ser un buen padre y decide tomar unas medidas potencialmente peligrosas poniendo en grave riesgo la vida de las menores aun cuando teórica y legalmente existen recursos aplicables. Se supone que el sistema judicial debe ser un recurso de amparo y protección para las víctimas y se está convirtiendo en el verdugo de muchos y muchas menores que se ven obligados a cumplir unos regímenes de custodias extremadamente peligrosos para la integridad de los menores y que sirven como pretexto de castigo hacia la madre en los casos en que estas se niegan a cumplirlos.
Respecto a esto, el sistema debe ser tajante. Un maltratador no puede ser un buen padre. Nunca. Dar por hecho que un vínculo paternal garantiza la protección del menor es querer mirar para otro lado. Debemos dejar atrás la falsa idea de familia como elemento necesario e imprescindible en el desarrollo de los seres humanos y priorizar el interés del menor, que dicho sea de paso, es vivir una vida ajena a la violencia. Los niños y niñas que viven en un núcleo en el que son conscientes de la violencia ejercida contra su madre sufren grandes traumas, conflictos y consecuencias que en muchos casos influyen en su desarrollo personal futuro. Respetar el interés superior del menor pasa por alejarlo definitivamente de una figura paternal abusiva, maltratadora y violenta sin ningún tipo de miramiento. Un menor estará mejor sin la figura paterna que con un padre maltratador. Y para ello hay que analizar la violencia contra las mujeres como una realidad superando de una vez los falsos estereotipos y siendo conscientes que se requiere la coordinación de todas las esferas de la sociedad. No podemos seguir permitiendo falsos prejuicios como que las mujeres mienten sobre las denuncias o que los padres no son capaces de hacer daño a sus hijos. Por supuesto son capaces y lo utilizan cuando comprenden que no tienen otra manera de ejercer poder de forma directa sobre sus madres. Los/as menores son instrumentos para conseguir su finalidad que no es otra que mantener una posición de privilegio, de dominación sobre la mujer y seguir ejerciendo un poder que se ha visto reconfigurado – que no disminuido- tras una separación u orden de alejamiento.
Denuncias falsas, ¿son relevantes?
Otro tema recurrente para aquellos y aquellas que predican la idea de la necesidad de custodias compartidas y reclaman la desigualdad de trato judicial en función del sexo es el caso de las denuncias falsas. Las denuncias falsas representan un 0,022% de los casos por lo que utilizar este porcentaje para infravalorar la violencia es cuanto menos ridículo e ignorante teniendo en cuenta además que el 71% de las mujeres maltratadas según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no interpone una denuncia contra su agresor. Nos encontramos por lo tanto unas cifras ridículas frente a un problema que debe ser cuestión de Estado y que marca el panorama social de un país que en materia de género deja muchísimo de desear. Permitir que un maltratador pueda tener acceso a la custodia de sus hijos e hijas es una forma gravísima de violencia institucional ejercida hacia las mujeres y los menores en cuanto a que el sistema que debería protegerlos está permitiendo que puedan ser expuestos a una situación mortal.
El problema viene cuando los procesos judiciales se extienden en el tiempo y las condenas llegan cuando quizás sea demasiado tarde. La inexistencia de una legislación competente, contundente y unificada en materia de violencia de género permite que la interpretación de un juez sea decisiva en una decisión que pone en riesgo la vida tanto de las mujeres como de los y las menores. Los juicios por custodia se convierten en mucho más que el interés por el menor y se transforma en una herramienta para ejercer poder y presión sobre las mujeres que no permite que la víctima se desvincule completamente de la dinámica de violencia que ha sufrido y pueda comenzar a rehacer una vida lejos del maltrato. Interesante también es la búsqueda de los hombres por las custodias compartidas y regímenes de visita cuando las tareas de reproducción y cuidado previas a la separación eran desempeñadas completamente por la figura femenina o la utilización del ya invalidado científicamente síndrome de alienación parental utilizado por los maltratadores en los juicios contra las mujeres.
El año pasado nos deja datos escalofriantes estadísticamente hablando. Datos como por ejemplo que se suspendieron 11 regímenes de visitas a padres maltratadores de un total de 151 solicitudes o que el 97% de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista obtiene en los juzgados un régimen de visitas a sus hijos por lo que en su mayoría tienen acceso a los y las menores aún siendo firme un proceso judicial por violencia de género. Que suceda esto en un país en el que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una pandemia es una vergüenza y además, un insulto a todas aquellas mujeres que peleamos por una vida libre de violencia. Tenemos la obligación no solo de velar por los menores como víctimas directas de la violencia de género sino fomentar una educación desde la igualdad que es imposible adquirir dentro de una dinámica vital violenta y que solo lleva a la repetición de patrones en el futuro.
El Estado debe ser responsable de la seguridad de los menores y debe proveer baterías de recursos suficientes para garantizar la total seguridad de los menores y de sus madres. La única manera de luchar por la erradicación del terrorismo machista es proveer un sistema social, judicial y legal con perspectiva de género que sea capaz de entender la dinámica de la violencia contra las mujeres y las necesidades de estas frente a la problemática incluyendo a los hijos e hijas al cargo como parte de un sistema único. Como sociedad necesitamos urgentemente sentar unas estructuras sociales futuras basadas en la igualdad donde el papel de los y las menores sea clave, y eso, difícilmente lo conseguiremos si los sometemos a la obligatoriedad de compartir sus vidas con hombres que son capaces de matarlos por atacar a la mujer que se rebeló contra su imposición de poder.
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