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| Imagen: El Diario |
El Instituto de la Mujer sitúa la violencia de género como la segunda causa más frecuente que conduce a la mujer al sinhogarismo. Históricamente las mujeres han supuesto cerca del 20% del total de las personas sin hogar, por ello hay centros exclusivos para hombres y en los mixtos hay menos plazas para ellas. El aumento de personas que huyen de su país y solicitan refugio en España ha derivado en un incremento del número de mujeres en situación irregular que están en riesgo de quedar en la calle.
Natalia G. Vargas | El Diario, 2019-03-17
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Prostitucion-agresiones-sexuales-peligros-situacion_0_878062718.html
La calle es un lugar hostil para quienes se ven abocados a vivir en ella. Las personas quedan expuestas a cualquier peligro y si, además, eres mujer, se multiplican. Redes de prostitución, agresiones sexuales o violaciones acechan en cada esquina, junto a las drogas: un mal común. Por ello, cuando se localiza un caso de mujer sin hogar, las organizaciones y administraciones activan todos los mecanismos de prevención para evitar “por todos los medios” que una mujer acabe en la calle, tal y como afirma la coordinadora del área de Vivienda de Cáritas en Gran Canaria, Jennifer Montesdeoca. No existe un protocolo específico para ellas, pero sí son prioridad.
En los últimos años, las mujeres en situación de sin hogar han supuesto en el Archipiélago aproximadamente el 20% del total. Esta categoría va más allá de quienes están “sin techo”, e incluye a todas las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, a las que no tienen un “alojamiento estable, adecuado, habitable y adaptado”, o a las que carecen de apoyo personal o familiar. Montesdeoca y el coordinador del área de Inserción Social de Cáritas en Tenerife, José Antonio Díez, coinciden en que las mujeres suelen contar con mayores redes de apoyo familiar, y por ello la presencia masculina en la calle es más fuerte.
Que históricamente hayan sido minoría en este ámbito ha hecho que en Santa Cruz de Tenerife no haya espacios de acogida exclusivos para mujeres, pero sí hay otros reservados para hombres. Por su parte, en la capital grancanaria, según el concejal de Cohesión Social y Juventud, Jacinto Ortega, todos los centros son mixtos. Sin embargo, el número de plazas para ellas es proporcional al porcentaje que ocupan en el conjunto de las personas sin hogar. Por tanto, siempre son menos que las dirigidas a los hombres. En cualquier caso, Ortega asevera que en las Islas las mujeres que pueden quedarse en la calle ocupan un lugar preferente y su asistencia es prioritaria. Así, el Ayuntamiento tiene convenios con algunas pensiones para alojarlas durante cortos períodos en dichos establecimientos. Una solución momentánea que permite ganar tiempo hasta acordar una definitiva.
Violencia de Género
El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, sitúa en sus informes a la mujer sin hogar como un colectivo vulnerable susceptible de sufrir una múltiple discriminación. Según los datos del organismo, el segundo motivo por orden de importancia que empuja a las mujeres a carecer de una vivienda habitable es haber sufrido ellas o sus hijos violencia en el núcleo familiar. Esta realidad se aplica a Canarias, ya que, tal y como señala el coordinador de Inclusión Social, las principales causas de este fenómeno son la violencia intrafamiliar o pertenecer a familias que llevan varias generaciones reproduciendo el estado de exclusión.
Los mayores riesgos a los que hacen frente las mujeres en situación de calle exigen una atención especializada. Cuando una mujer acude a una organización afirmando haber sufrido una agresión sexual en la calle o algún tipo de maltrato, de inmediato el personal le ofrece asesoramiento y la deriva a los organismos especializados.
Lo mismo sucede cuando una mujer en riesgo de exclusión justifica que su situación se debe a haber sufrido violencia de género por parte de su pareja. Según Jennifer Montesdeoca, en estos casos se plantea a la víctima la posibilidad de recibir ayuda por parte del DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas) o se acude a la concejalía de Igualdad. Por tanto, no hay un protocolo conjunto, pero la asistencia que reciben está compuesta por las funciones que desempeñan distintas organizaciones. “Tratamos de utilizar todos los servicios que haya a disposición de la ciudadanía”, cuenta la coordinadora.
Nuevas realidades
Sin embargo, la realidad del sinhogarismo está cambiando y la cifra de mujeres en esta situación es cada vez mayor o, tal vez, más visible. Esta revolución está obligando a las organizaciones a ofrecer una respuesta rápida. “En la asociación Atacayte, donde atendemos a mujeres con niños en riesgo de exclusión, hemos pasado de recibir 48 solicitudes en 2016 a 104 en 2018”, revela el coordinador del área de Inclusión Social de Cáritas en Tenerife, José Antonio Díez. La transformación ha llevado a las ONG a modificar sus proyectos y a tener en cuenta la mayor presencia femenina y las distintas necesidades que conlleva. En ocasiones, la respuesta no es todo lo eficiente que debería ante la falta de recursos y la ausencia de preparación de las instituciones. “Los riesgos que sufren las mujeres exigen de una mayor sensibilización para trabajar con ellas”, valora Díez.
Las migraciones constituyen una de las principales causas del incremento. En este sector, las mujeres en situación irregular pueden llegar a ser víctimas de una triple discriminación por su perfil y por la mayor complejidad de su caso. “Se trata de mujeres que vienen sin nada, huyendo de algún conflicto en su país de procedencia en condición de refugiadas”, explica el coordinador de Cáritas. Además, Díez cuenta que en muchos casos las redes familiares o los acuerdos laborales por los que venían les fallan, dejándolas en estado de desamparo.
El país de origen de buena parte de las mujeres refugiadas en riesgo de exclusión social es Venezuela, de acuerdo con los datos emitidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que contabilizan en Canarias un total de 19.000 peticiones de asilo solicitadas por personas venezolanas.
Los obstáculos para alcanzar una situación administrativa regular dificultan su integración social y su inserción laboral. Según el coordinador de Inclusión Social de Cáritas, las personas en situación irregular deben justificar tres años después de su llegada su situación de arraigo en el territorio para poder optar al acceso a la formación y al trabajo. Si no se acredita este arraigo, se abre un expediente de expulsión que no se aplica ya que la regulación prohíbe devolver a las personas solicitantes de asilo a su país de origen cuando este está viviendo una situación de conflicto. “Se quedan seis años en tierra de nadie”, lamenta Díez. Por tanto, en estos casos tampoco pueden beneficiarse de los programas formativos que ofrecen las organizaciones y se quedan un poco más cerca de la marginalidad.
El perfil nacional
El perfil de mujeres nacionales sin hogar difiere de las que proceden de otros países. Según los datos que aporta Díez, en muchos casos se trata de mujeres que cumplen 18 años después de que durante su minoría de edad se les aplicaran medidas de protección y de tutela al estar en situación de vulnerabilidad. Por tanto, al salir de los espacios de protección carecen de una vivienda habitable. Otros casos los protagonizan las mujeres víctimas de violencia de género y las que sufren algún tipo de problema de salud mental.
En los últimos años, las mujeres en situación de sin hogar han supuesto en el Archipiélago aproximadamente el 20% del total. Esta categoría va más allá de quienes están “sin techo”, e incluye a todas las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, a las que no tienen un “alojamiento estable, adecuado, habitable y adaptado”, o a las que carecen de apoyo personal o familiar. Montesdeoca y el coordinador del área de Inserción Social de Cáritas en Tenerife, José Antonio Díez, coinciden en que las mujeres suelen contar con mayores redes de apoyo familiar, y por ello la presencia masculina en la calle es más fuerte.
Que históricamente hayan sido minoría en este ámbito ha hecho que en Santa Cruz de Tenerife no haya espacios de acogida exclusivos para mujeres, pero sí hay otros reservados para hombres. Por su parte, en la capital grancanaria, según el concejal de Cohesión Social y Juventud, Jacinto Ortega, todos los centros son mixtos. Sin embargo, el número de plazas para ellas es proporcional al porcentaje que ocupan en el conjunto de las personas sin hogar. Por tanto, siempre son menos que las dirigidas a los hombres. En cualquier caso, Ortega asevera que en las Islas las mujeres que pueden quedarse en la calle ocupan un lugar preferente y su asistencia es prioritaria. Así, el Ayuntamiento tiene convenios con algunas pensiones para alojarlas durante cortos períodos en dichos establecimientos. Una solución momentánea que permite ganar tiempo hasta acordar una definitiva.
Violencia de Género
El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, sitúa en sus informes a la mujer sin hogar como un colectivo vulnerable susceptible de sufrir una múltiple discriminación. Según los datos del organismo, el segundo motivo por orden de importancia que empuja a las mujeres a carecer de una vivienda habitable es haber sufrido ellas o sus hijos violencia en el núcleo familiar. Esta realidad se aplica a Canarias, ya que, tal y como señala el coordinador de Inclusión Social, las principales causas de este fenómeno son la violencia intrafamiliar o pertenecer a familias que llevan varias generaciones reproduciendo el estado de exclusión.
Los mayores riesgos a los que hacen frente las mujeres en situación de calle exigen una atención especializada. Cuando una mujer acude a una organización afirmando haber sufrido una agresión sexual en la calle o algún tipo de maltrato, de inmediato el personal le ofrece asesoramiento y la deriva a los organismos especializados.
Lo mismo sucede cuando una mujer en riesgo de exclusión justifica que su situación se debe a haber sufrido violencia de género por parte de su pareja. Según Jennifer Montesdeoca, en estos casos se plantea a la víctima la posibilidad de recibir ayuda por parte del DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas) o se acude a la concejalía de Igualdad. Por tanto, no hay un protocolo conjunto, pero la asistencia que reciben está compuesta por las funciones que desempeñan distintas organizaciones. “Tratamos de utilizar todos los servicios que haya a disposición de la ciudadanía”, cuenta la coordinadora.
Nuevas realidades
Sin embargo, la realidad del sinhogarismo está cambiando y la cifra de mujeres en esta situación es cada vez mayor o, tal vez, más visible. Esta revolución está obligando a las organizaciones a ofrecer una respuesta rápida. “En la asociación Atacayte, donde atendemos a mujeres con niños en riesgo de exclusión, hemos pasado de recibir 48 solicitudes en 2016 a 104 en 2018”, revela el coordinador del área de Inclusión Social de Cáritas en Tenerife, José Antonio Díez. La transformación ha llevado a las ONG a modificar sus proyectos y a tener en cuenta la mayor presencia femenina y las distintas necesidades que conlleva. En ocasiones, la respuesta no es todo lo eficiente que debería ante la falta de recursos y la ausencia de preparación de las instituciones. “Los riesgos que sufren las mujeres exigen de una mayor sensibilización para trabajar con ellas”, valora Díez.
Las migraciones constituyen una de las principales causas del incremento. En este sector, las mujeres en situación irregular pueden llegar a ser víctimas de una triple discriminación por su perfil y por la mayor complejidad de su caso. “Se trata de mujeres que vienen sin nada, huyendo de algún conflicto en su país de procedencia en condición de refugiadas”, explica el coordinador de Cáritas. Además, Díez cuenta que en muchos casos las redes familiares o los acuerdos laborales por los que venían les fallan, dejándolas en estado de desamparo.
El país de origen de buena parte de las mujeres refugiadas en riesgo de exclusión social es Venezuela, de acuerdo con los datos emitidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que contabilizan en Canarias un total de 19.000 peticiones de asilo solicitadas por personas venezolanas.
Los obstáculos para alcanzar una situación administrativa regular dificultan su integración social y su inserción laboral. Según el coordinador de Inclusión Social de Cáritas, las personas en situación irregular deben justificar tres años después de su llegada su situación de arraigo en el territorio para poder optar al acceso a la formación y al trabajo. Si no se acredita este arraigo, se abre un expediente de expulsión que no se aplica ya que la regulación prohíbe devolver a las personas solicitantes de asilo a su país de origen cuando este está viviendo una situación de conflicto. “Se quedan seis años en tierra de nadie”, lamenta Díez. Por tanto, en estos casos tampoco pueden beneficiarse de los programas formativos que ofrecen las organizaciones y se quedan un poco más cerca de la marginalidad.
El perfil nacional
El perfil de mujeres nacionales sin hogar difiere de las que proceden de otros países. Según los datos que aporta Díez, en muchos casos se trata de mujeres que cumplen 18 años después de que durante su minoría de edad se les aplicaran medidas de protección y de tutela al estar en situación de vulnerabilidad. Por tanto, al salir de los espacios de protección carecen de una vivienda habitable. Otros casos los protagonizan las mujeres víctimas de violencia de género y las que sufren algún tipo de problema de salud mental.
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