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| Imagen: El País / Isabel Celaá |
La ministra de Educación en funciones asegura que se trata de una "controversia exagerada" y que las familias "no tienen nada que temer".
Ana Torres Menárguez | El País, 2019-11-15
https://elpais.com/sociedad/2019/11/15/actualidad/1573826025_498372.html
"Las familias no tienen nada que temer", ha afirmado este viernes la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en relación a los alumnos matriculados en centros concertados religiosos. La ministra ha respondido así tras ser preguntada por la polémica surgida ayer cuando afirmó ante más de 2.000 asistentes a un congreso organizado por Escuelas Católicas —que agrupa a 6.000 centros concertados religiosos— que “el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no emana de la Constitución en su artículo 27, como defienden los sectores más conservadores y defensores de la red concertada.
"La libertad de elegir (colegio) está contemplada dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza (que depende de las Consejerías de Educación)", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de explicar que el hecho de escoger un centro educativo concreto está sujeto a factores como "el espacio disponible" (las plazas) o la zona de residencia. Si fuese un derecho constitucional, ha expuesto la ministra, las familias podrían acudir a los tribunales cuando sus hijos no son admitidos en un centro, y de esa forma, todas las familias podrían pedir un único centro y existiría la obligación de que fuesen admitidos. Un supuesto inviable. "Es algo que todo el mundo conoce", ha destacado. Aunque la ministra no lo ha dicho de forma explícita, ha dejado entrever que el Gobierno no tiene un plan para frenar a la enseñanza concertada, ya que no hay previsto ningún recorte en la financiación (de los 47 millones que las Administraciones destinaron a la enseñanza en 2016, seis fueron para la concertada).
La ola de críticas contra Celaá se inició en la tarde del jueves cuando el líder del PP, Pablo Casado, se pronunció en Twitter: "La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si este es el modelo del nuevo Gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología”. Inés Arrimadas, la cara visible de Ciudadanos tras la dimisión de Albert Rivera, también se sumó: “Entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. El arzobispo Carlos Osoro —presente en el congreso— y la propia organización Escuelas Católicas manifestaron su malestar.
Celaá se ha referido a las "30 sentencias" del Tribunal Constitucional que avalan que el mencionado artículo 27 "solo hace referencia al derecho de todos a la educación, a la libertad de creación de centros y a la libertad de cátedra". El debate sobre si el derecho de las familias a elegir el tipo de colegio para sus hijos debe prevalecer sobre la planificación de las plazas que la Administración debe ofrecer se avivó cuando la actual ley educativa, la Lomce (aprobada por el PP en 2013), incluyó el concepto de "demanda social". En ese momento, el PP quiso constatar la obligación de las administraciones autonómicas de garantizar plazas en el tipo de centro escogido por las familias, fundamentalmente en los concertados. En la nueva ley educativa impulsada por el PSOE (la Lomloe), cuya aprobación en el Congreso quedó paralizada por el adelanto electoral, Celaá retiró del texto normativo ese concepto de "demanda social".
La ministra ha incidido en que el PSOE ha sido "el baluarte" de la concertada, ya que fue en la Lode (ley de educación aprobada por los socialistas en 1985) donde se regularon los conciertos, "con alguna objeción de las fuerzas contrarias". "Las familias no tienen nada que temer, se trata de una controversia exagerada y alimentada de forma intencionada", ha recalcado tras criticar que "España es el único país europeo en el que los partidos conservadores no defienden la enseñanza pública".
Sobre el acuerdo cerrado en 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede, en el que se establecen las condiciones en las que se debe impartir la religión en los centros educativos, Celaá ha señalado que el Gobierno "no tiene ningún plan de revisarlo" y que el "sector" puede estar tranquilo, ya que "lo llevamos gestionando 30 años".
Para el economista y catedrático de Sociología de la Universitat de Barcelona Xabier Bonal, la estrategia del PP de contemplar la "demanda social" en la Lomce (PP) fue un intento de "blindar la concertada", ya que alertaba a las autonomías de que a la hora de programar las plazas escolares debían tener en cuenta las peticiones de las familias. "Hasta que el nuevo Gobierno no apruebe una ley educativa en la que se suprima ese concepto, el equilibrio entre plazas en la pública y la concertada no está asegurado". Cree que en muchas ciudades la concertada se mantiene de forma artificial porque, aunque baja la demanda, el sistema público sigue financiando las plazas. "La Constitución no contempla que el Estado tenga que satisfacer el deseo de las familias; es un absurdo pensar que todos los niños van a tener asegurado el colegio que quieran", añade.
El contraataque de Escuelas Católicas
Escuelas Católicas se ha referido este viernes en un comunicado a una sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2018 en la que "conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este a su vez, con el derecho de las familias a la elección de centro escolar". "Todo ello está enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución", añaden.
"El Constitucional remarca la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral, y que hay una indudable conexión entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro de escolar", continúa el comunicado.
"La libertad de elegir (colegio) está contemplada dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza (que depende de las Consejerías de Educación)", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de explicar que el hecho de escoger un centro educativo concreto está sujeto a factores como "el espacio disponible" (las plazas) o la zona de residencia. Si fuese un derecho constitucional, ha expuesto la ministra, las familias podrían acudir a los tribunales cuando sus hijos no son admitidos en un centro, y de esa forma, todas las familias podrían pedir un único centro y existiría la obligación de que fuesen admitidos. Un supuesto inviable. "Es algo que todo el mundo conoce", ha destacado. Aunque la ministra no lo ha dicho de forma explícita, ha dejado entrever que el Gobierno no tiene un plan para frenar a la enseñanza concertada, ya que no hay previsto ningún recorte en la financiación (de los 47 millones que las Administraciones destinaron a la enseñanza en 2016, seis fueron para la concertada).
La ola de críticas contra Celaá se inició en la tarde del jueves cuando el líder del PP, Pablo Casado, se pronunció en Twitter: "La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si este es el modelo del nuevo Gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología”. Inés Arrimadas, la cara visible de Ciudadanos tras la dimisión de Albert Rivera, también se sumó: “Entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. El arzobispo Carlos Osoro —presente en el congreso— y la propia organización Escuelas Católicas manifestaron su malestar.
Celaá se ha referido a las "30 sentencias" del Tribunal Constitucional que avalan que el mencionado artículo 27 "solo hace referencia al derecho de todos a la educación, a la libertad de creación de centros y a la libertad de cátedra". El debate sobre si el derecho de las familias a elegir el tipo de colegio para sus hijos debe prevalecer sobre la planificación de las plazas que la Administración debe ofrecer se avivó cuando la actual ley educativa, la Lomce (aprobada por el PP en 2013), incluyó el concepto de "demanda social". En ese momento, el PP quiso constatar la obligación de las administraciones autonómicas de garantizar plazas en el tipo de centro escogido por las familias, fundamentalmente en los concertados. En la nueva ley educativa impulsada por el PSOE (la Lomloe), cuya aprobación en el Congreso quedó paralizada por el adelanto electoral, Celaá retiró del texto normativo ese concepto de "demanda social".
La ministra ha incidido en que el PSOE ha sido "el baluarte" de la concertada, ya que fue en la Lode (ley de educación aprobada por los socialistas en 1985) donde se regularon los conciertos, "con alguna objeción de las fuerzas contrarias". "Las familias no tienen nada que temer, se trata de una controversia exagerada y alimentada de forma intencionada", ha recalcado tras criticar que "España es el único país europeo en el que los partidos conservadores no defienden la enseñanza pública".
Sobre el acuerdo cerrado en 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede, en el que se establecen las condiciones en las que se debe impartir la religión en los centros educativos, Celaá ha señalado que el Gobierno "no tiene ningún plan de revisarlo" y que el "sector" puede estar tranquilo, ya que "lo llevamos gestionando 30 años".
Para el economista y catedrático de Sociología de la Universitat de Barcelona Xabier Bonal, la estrategia del PP de contemplar la "demanda social" en la Lomce (PP) fue un intento de "blindar la concertada", ya que alertaba a las autonomías de que a la hora de programar las plazas escolares debían tener en cuenta las peticiones de las familias. "Hasta que el nuevo Gobierno no apruebe una ley educativa en la que se suprima ese concepto, el equilibrio entre plazas en la pública y la concertada no está asegurado". Cree que en muchas ciudades la concertada se mantiene de forma artificial porque, aunque baja la demanda, el sistema público sigue financiando las plazas. "La Constitución no contempla que el Estado tenga que satisfacer el deseo de las familias; es un absurdo pensar que todos los niños van a tener asegurado el colegio que quieran", añade.
El contraataque de Escuelas Católicas
Escuelas Católicas se ha referido este viernes en un comunicado a una sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2018 en la que "conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este a su vez, con el derecho de las familias a la elección de centro escolar". "Todo ello está enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución", añaden.
"El Constitucional remarca la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral, y que hay una indudable conexión entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro de escolar", continúa el comunicado.
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