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| Imagen: El País / José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo en el juicio |
El agente foral de Navarra que contactó con la mujer relata el proceso para localizarla y cómo ella solo quiso presentar la denuncia ante él.
Eva Saiz | El País, 2019-11-20
https://elpais.com/sociedad/2019/11/20/actualidad/1574261395_917802.html
“Lo sabía, lo sabía y nadie me creía”. Así reaccionó la víctima de Pozoblanco de La Manada cuando el agente de la Policía Foral de Navarra habló con ella por primera vez. Fue a través del teléfono. Él solo le preguntó si recordaba qué había pasado el 1 de mayo de 2016 y ella rompió a llorar, según ha relatado el policía durante la tercera sesión del juicio que se sigue en Córdoba contra cuatro de los miembros de La Manada por un presunto delito de abusos sexuales y otro contra la intimidad.
Este caso se destapó durante la instrucción de la agresión sexual múltiple de La Manada a una joven en los Sanfermines de 2016. Los investigadores hallaron en los teléfonos móviles de los agresores grabaciones anteriores, entre ellas las de la mujer de Pozoblanco. Eran dos grabaciones realizadas en el municipio cordobés el 1 de mayo de 2016, solo que cuando la policía foral accedió a ellas, por el formato en el que se encontraban, no se podía saber ni dónde habían sido tomadas ni cuándo. El agente navarro que declaró en la jornada dedicada a las pruebas periciales, explicó que su jefe, tras poner en conocimiento del juez instructor del caso de los Sanfermines el hallazgo de las imágenes, le ordenó averiguar la fecha, el lugar y la identidad de la víctima.
Con el análisis de los metadatos, el policía llegó a la fecha y determinó el lugar gracias a un sistema de geolocalización. Quedaba buscar a la joven. “A través de redes sociales hice un rastreo de fiestas que podía haber por la zona, localizo la feria y miro en perfiles si hay fotos de allí. Veo que hay una discoteca con muchas imágenes subidas y las comienzo a analizar hasta que constato que hay una que podría tratarse de la víctima. Acudí al Facebook del local y a través de los likes, di con un perfil con acceso bloqueado cuya foto era similar a la de la chica del vídeo”, relató el policía. Su superior, tras consultar de nuevo con el instructor le dio autorización para contactar con la víctima.
Cuando contactó con la policía municipal de Pozoblanco tuvo la suerte de que uno de los agentes conocía a la chica cuya foto le mostró. “Le dije que le diera mi número para que me llamara”, explicó el investigador. “Recuerdo perfectamente cuándo me llamó”. El policía le comentó a la joven que había encontrado un vídeo en el que podía estar involucrada. “No le hablé de su contenido, solo le envié un recorte de un ‘frame para que identificara si ese día llevaba la ropa que aparecía en la imagen”.
Tras explicarle a la mujer que podía presentar la denuncia donde quisiera, ella le dijo que estaba residiendo en Madrid y que no quería interponerla en Pozoblanco por tratarse de una localidad pequeña. La mujer sí depositó su confianza en la Policía Foral Navarra, y solo accedió a interponer la denuncia contra sus presuntos agresores ante el agente que la había llamado. Accedió a reunirse con él y otro compañero en un hotel de Córdoba. Ellos le pidieron que "llevara todo lo que hubiera llevado ese día".
Una vez en Córdoba, el investigador tomó fotos al vestido, los pendientes y el reloj que la mujer llevaba aquel día y le mostró fotos de sus agresores para que los identificara. “Jamás le mostré el vídeo, primero porque necesitaba que hiciera el reconocimiento de las imágenes y porque no la vi psicológicamente preparada”, explicó el agente. “En ningún momento se le dijo que eran La Manada”.
Buscando la nulidad del vídeo
En la sesión, la defensa ha tratado de cuestionar la actuación de los investigadores forales, poniendo en duda que la autorización judicial para indagar en el contenido de los vídeos y esclarecer lo sucedido los días 6 y 7 de julio de 2016 (cuando perpetraron la agresión sexual de los Sanfermines), incluyera la revisión de vídeos de fechas anteriores. El letrado de La Manada busca así anular las grabaciones en las que se ve a Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar del grupo; Jesús Escudero, el peluquero; Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil y José Ángel Prenda, tocando el pecho a la denunciante, mientras ella se encuentra inconsciente.
Son esos hechos y su posterior difusión en dos grupos de WhatsApp por los que se les juzga. Sin esa prueba, la causa contra ellos se desmorona. La Fiscalía y las acusaciones -la de la víctima y la popular de la Asociación Clara Campoamor- han avalado que si surge un delito durante la indagación de otro, hay que investigarlo, igual que los policías forales que han prestado declaración a lo largo de esta mañana.
La estrategia de la defensa para desvirtuar la actuación de la Policía Foral busca obtener la nulidad del vídeo. Ante el cuestionamiento por parte del letrado de que fuera necesario revisar vídeos de fechas anteriores para corroborar la identidad de sus clientes, suficientemente demostrada, a su parecer, con las fotos y las imágenes que tomaron ellos mismos de la agresión sexual, los agentes han explicado que “había imágenes parciales de zapatillas, penes y tatuajes que era necesario identificar para completar el análisis pericial”. “No es común encontrarse con otros hechos delictivos mientras se revisan imágenes, pero puede pasar y si sucede se comunica al juez”, señaló uno de los policías forales.
El abogado de La Manada también ha querido recalcar que las órdenes más trascendentales para la investigación del caso de Pozoblanco -la indagación sobre el lugar y la identidad de la víctima, o la toma de muestras de pelo para determinar si había rastros de sustancias estupefacientes en la víctima que pudieran explicar su estado de letargo durante los tocamientos en el coche- fueron dadas por el juez instructor de forma verbal directamente al responsable de la investigación policial, sin que quedaran reflejadas en ningún auto.
Tras las declaraciones del médico forense y de la psicóloga que atendió a la víctima tras tener conocimiento por la Policía Foral navarra de lo que le había pasado, el tribunal vio, a puerta cerrada, los vídeos que los cuatro jóvenes tomaron de los tocamientos y que después difundieron en dos chats de WhatsApp, precisamente el mismo día en que se ha conocido la condena a tres años de cárcel y 5.000 euros de multa para Guerrero y a Cabezuelo por grabar la agresión sexual de los Sanfermines. La sentencia ha sobrevolado toda la sesión, en la que, por primera vez, los acusados fueron reprendidos por el juez por los gestos y comentarios que estaban realizando durante la declaración de uno de los agentes.
Este caso se destapó durante la instrucción de la agresión sexual múltiple de La Manada a una joven en los Sanfermines de 2016. Los investigadores hallaron en los teléfonos móviles de los agresores grabaciones anteriores, entre ellas las de la mujer de Pozoblanco. Eran dos grabaciones realizadas en el municipio cordobés el 1 de mayo de 2016, solo que cuando la policía foral accedió a ellas, por el formato en el que se encontraban, no se podía saber ni dónde habían sido tomadas ni cuándo. El agente navarro que declaró en la jornada dedicada a las pruebas periciales, explicó que su jefe, tras poner en conocimiento del juez instructor del caso de los Sanfermines el hallazgo de las imágenes, le ordenó averiguar la fecha, el lugar y la identidad de la víctima.
Con el análisis de los metadatos, el policía llegó a la fecha y determinó el lugar gracias a un sistema de geolocalización. Quedaba buscar a la joven. “A través de redes sociales hice un rastreo de fiestas que podía haber por la zona, localizo la feria y miro en perfiles si hay fotos de allí. Veo que hay una discoteca con muchas imágenes subidas y las comienzo a analizar hasta que constato que hay una que podría tratarse de la víctima. Acudí al Facebook del local y a través de los likes, di con un perfil con acceso bloqueado cuya foto era similar a la de la chica del vídeo”, relató el policía. Su superior, tras consultar de nuevo con el instructor le dio autorización para contactar con la víctima.
Cuando contactó con la policía municipal de Pozoblanco tuvo la suerte de que uno de los agentes conocía a la chica cuya foto le mostró. “Le dije que le diera mi número para que me llamara”, explicó el investigador. “Recuerdo perfectamente cuándo me llamó”. El policía le comentó a la joven que había encontrado un vídeo en el que podía estar involucrada. “No le hablé de su contenido, solo le envié un recorte de un ‘frame para que identificara si ese día llevaba la ropa que aparecía en la imagen”.
Tras explicarle a la mujer que podía presentar la denuncia donde quisiera, ella le dijo que estaba residiendo en Madrid y que no quería interponerla en Pozoblanco por tratarse de una localidad pequeña. La mujer sí depositó su confianza en la Policía Foral Navarra, y solo accedió a interponer la denuncia contra sus presuntos agresores ante el agente que la había llamado. Accedió a reunirse con él y otro compañero en un hotel de Córdoba. Ellos le pidieron que "llevara todo lo que hubiera llevado ese día".
Una vez en Córdoba, el investigador tomó fotos al vestido, los pendientes y el reloj que la mujer llevaba aquel día y le mostró fotos de sus agresores para que los identificara. “Jamás le mostré el vídeo, primero porque necesitaba que hiciera el reconocimiento de las imágenes y porque no la vi psicológicamente preparada”, explicó el agente. “En ningún momento se le dijo que eran La Manada”.
Buscando la nulidad del vídeo
En la sesión, la defensa ha tratado de cuestionar la actuación de los investigadores forales, poniendo en duda que la autorización judicial para indagar en el contenido de los vídeos y esclarecer lo sucedido los días 6 y 7 de julio de 2016 (cuando perpetraron la agresión sexual de los Sanfermines), incluyera la revisión de vídeos de fechas anteriores. El letrado de La Manada busca así anular las grabaciones en las que se ve a Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar del grupo; Jesús Escudero, el peluquero; Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil y José Ángel Prenda, tocando el pecho a la denunciante, mientras ella se encuentra inconsciente.
Son esos hechos y su posterior difusión en dos grupos de WhatsApp por los que se les juzga. Sin esa prueba, la causa contra ellos se desmorona. La Fiscalía y las acusaciones -la de la víctima y la popular de la Asociación Clara Campoamor- han avalado que si surge un delito durante la indagación de otro, hay que investigarlo, igual que los policías forales que han prestado declaración a lo largo de esta mañana.
La estrategia de la defensa para desvirtuar la actuación de la Policía Foral busca obtener la nulidad del vídeo. Ante el cuestionamiento por parte del letrado de que fuera necesario revisar vídeos de fechas anteriores para corroborar la identidad de sus clientes, suficientemente demostrada, a su parecer, con las fotos y las imágenes que tomaron ellos mismos de la agresión sexual, los agentes han explicado que “había imágenes parciales de zapatillas, penes y tatuajes que era necesario identificar para completar el análisis pericial”. “No es común encontrarse con otros hechos delictivos mientras se revisan imágenes, pero puede pasar y si sucede se comunica al juez”, señaló uno de los policías forales.
El abogado de La Manada también ha querido recalcar que las órdenes más trascendentales para la investigación del caso de Pozoblanco -la indagación sobre el lugar y la identidad de la víctima, o la toma de muestras de pelo para determinar si había rastros de sustancias estupefacientes en la víctima que pudieran explicar su estado de letargo durante los tocamientos en el coche- fueron dadas por el juez instructor de forma verbal directamente al responsable de la investigación policial, sin que quedaran reflejadas en ningún auto.
Tras las declaraciones del médico forense y de la psicóloga que atendió a la víctima tras tener conocimiento por la Policía Foral navarra de lo que le había pasado, el tribunal vio, a puerta cerrada, los vídeos que los cuatro jóvenes tomaron de los tocamientos y que después difundieron en dos chats de WhatsApp, precisamente el mismo día en que se ha conocido la condena a tres años de cárcel y 5.000 euros de multa para Guerrero y a Cabezuelo por grabar la agresión sexual de los Sanfermines. La sentencia ha sobrevolado toda la sesión, en la que, por primera vez, los acusados fueron reprendidos por el juez por los gestos y comentarios que estaban realizando durante la declaración de uno de los agentes.
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