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| Imagen: El Correo / Manifestación contra el delito de adulterio en 1976 |
Hasta 1978 hubo en España juicios por infidelidad contra mujeres. Abolir el delito fue una de las primeras causas feministas.
Inés Gallastegui | El Correo, 2017-04-20
«¿Cómo voy a reconciliarme con un marido que acaba de intentar meterme en la cárcel cinco años por adúltera?». Se lo preguntaba hace cuatro décadas Inmaculada Benito, una estudiante de Medicina de 21 años que se convirtió en el símbolo de la lucha del embrionario movimiento feminista en España contra la discriminación legal que sufrían las mujeres, anacrónica incluso en los estertores del ultramachista régimen de Franco. En un país donde las parejas no podían disolverse legalmente –la Ley del Divorcio se aprobó en 1981–, una mujer separada no podía rehacer su vida sin delinquir. «La sociedad había cambiado, pero las leyes no», recuerda Mercedes Gallizo, entonces militante de la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas (ADMA), que promovió una movilización que recorrió España y de la que se hizo eco la prensa internacional.
Hace unas semanas era noticia la condena a 2 años de prisión para Hind Achabi, una exitosa empresaria marroquí de 38 años que no pudo acreditar el divorcio de su marido, un diplomático kuwaití, cuando ya estaba emparejada con otro hombre. La sorpresa y el escándalo por su encarcelamiento en el país norteafricano son similares a los que removieron España cuando, en 1976, el caso de Inmaculada se hizo viral... a la manera en que en aquella época preinternet las cosas se hacían virales.
El adulterio, despenalizado en la Segunda República, volvió a ser delito tras la victoria de los sublevados y hasta 1963 un hombre podía matar a su esposa por infiel sin ser condenado por ello. Las leyes de la dictadura seguían interviniendo en asuntos «íntimos y personales» de la vida de los ciudadanos y lo hacían, además, incurriendo en una discriminación machista «insoportable», destaca Gallizo. Así, el artículo 449 del Código Penal preveía penas de 6 meses a 6 años de prisión y sanciones económicas por adulterio, pero el delito era distinto según el sexo del infractor: «Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada». Los hombres acusados solían alegar ignorancia y se libraban del castigo; en cambio, había decenas de mujeres condenadas por ello. Las aventuras masculinas no merecía ningún reproche penal: un hombre podía ‘yacer’ con cuantas mujeres quisiera, siempre que no llevase a vivir a su ‘manceba’ al domicilio conyugal.
Inmaculada Benito se había casado embarazada con apenas 18 años con Carmelo Caneiro, un pintor supuestamente progresista, pero el matrimonio pronto hizo aguas. Ya vivían separados cuando ella se marchó con un amigo común a buscar trabajo a Canarias. Volvió cuando se enteró de que la familia de su marido, que se había quedado temporalmente a cargo del hijo de ambos, de 3 años, se negaba a que lo visitaran los abuelos maternos. A su regreso, se encontró con la querella de Caneiro: la acusaba de adulterio y pedía para ella 5 años de prisión y una multa de 50.000 pesetas, una pequeña fortuna en aquella época.
«Era un caso perdido», asegura Gloria Labarta, la única abogada de Zaragoza que se prestó a defenderla. «Si vamos a un juicio normal, estás condenada. Pero si lo convertimos en un juicio político, tienes una posibilidad», le dijo la letrada, entonces una joven con escasa experiencia. La acusada, que se jugaba la custodia del niño, aceptó. Y comenzó el ruido.
La ADMA, en la que militaba Labarta, recogió miles de firmas de apoyo, envió cartas al entonces ministro de Justicia, Íñigo Cavero, y movió el asunto en los medios de comunicación. Periódicos de todo el mundo desplazaron reporteros a Zaragoza para entrevistar a Inmaculada y a Gloria. «En otros países lo veían con perplejidad, como nosotros vemos ahora lo ocurrido en Marruecos», explica la letrada. Hubo manifestaciones en las que las mujeres se autoinculpaban del delito y exigían la legalización del divorcio. «Yo también soy adúltera», rezaban pancartas y camisetas.
La vista se celebró el 6 de octubre de 1976 a puerta cerrada –«Los jueces estaban acojonados», recuerda la abogada–, pero desde la sala se oían los gritos de decenas de manifestantes congregados en los pasillos y a la entrada de la Audiencia. Duró tres horas.
El abogado del marido presentó unos testigos que aseguraban haber visto a los acusados desnudos en la cama. El tribunal no mordió el anzuelo. Inmaculada Benito fue absuelta tres días después. «No lo entiendo –se hacía cruces el letrado acusador–. Ella no es ninguna santa. Hay testigos a través del agujero de la cerradura: hippies, orgías, drogas...».
«Aquello sirvió para concienciar a las mujeres de que, si nos movíamos, teníamos fuerza para conseguir cosas –recuerda Gallizo, hoy parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid–. Inmaculada fue muy valiente: hacer público un asunto tan íntimo no es agradable. Lo fácil hubiera sido mantenerse en el anonimato». Convertirse en el rostro de aquella discriminación, poner nombre y apellidos a lo que antes solo eran números, iniciales, fue definitivo para ganar aquella batalla.
Marido homosexual
Aquel juicio encendió una mecha que ya no se apagó. Pocas semanas después se hizo público el caso de María Ángeles Muñoz, una empleada doméstica de 30 años emigrante en Barcelona a la que su marido –que era homosexual y convivía con otro varón–, había abandonado cuando la hija de ambos era un bebé. Cuando el hombre se enteró de que su todavía esposa había tenido una segunda hija con su nueva pareja, la denunció por adúltera. María Ángeles huyó y se negó a entregar a la niña al juez que pretendía conceder la custodia a sus suegros. Incluso ellos estaban de su parte. La Asociación Catalana de la Mujer movilizó a miles de manifestantes y logró que el asunto fuera debatido por la Asamblea de Parlamentarios, que reclamó que se eliminase la legislación discriminatoria y la amnistía para todas las condenadas por esos delitos. El marido retiró la denuncia.
El 26 de mayo de 1978, la reforma del Código Penal eliminó el delito de adulterio, pocos meses antes de que, en diciembre, la Constitución Española estableciese la igualdad legal entre hombres y mujeres. «Pasó hace muy poco tiempo; no es la prehistoria», recordaba Inmaculada en 2008, en un reencuentro con su abogada. Ella tenía preparado un pasaporte para fugarse a Estados Unidos si era condenada. No exageraba. «He hablado con una mujer que acaba de pasar cinco años en la cárcel por adulterio –le contaba la joven a ‘The New York Times’ en 1976–. Podía haber sido yo».
Infidelidad y divorcio
La infidelidad es, posiblemente, uno de los principales motivos por los que se rompen las parejas. Sin embargo, la legislación española excluyó en 2005 las causas de divorcio. Ya no es necesario alegar ningún motivo concreto para separarse; es suficiente la voluntad de hacerlo de uno de los miembros de la pareja. En España hubo casi 29.000 solicitudes de divorcio el año pasado. Aunque muchos clientes acuden a sus abogados con pruebas sobre el adulterio de su cónyuge –incluso informes de detectives privados–, estas no afectan a los términos del divorcio.
Las cifras. 17 condenas por adulterio se recurrieron ante el Supremo en 1976. En tribunales de rango inferior el número de juicios y condenas debía ser muy superior.
La maté porque era mía. Entre 1878 y 1963, con el paréntesis de la República, el Código Penal amparaba el asesinato de mujeres por tener relaciones fuera del matrimonio. En muchos países musulmanes el adulterio femenino se considera aún un delito contra la moral pública y en Arabia Saudí, Sudán e Irán se castiga con la muerte.
Hace unas semanas era noticia la condena a 2 años de prisión para Hind Achabi, una exitosa empresaria marroquí de 38 años que no pudo acreditar el divorcio de su marido, un diplomático kuwaití, cuando ya estaba emparejada con otro hombre. La sorpresa y el escándalo por su encarcelamiento en el país norteafricano son similares a los que removieron España cuando, en 1976, el caso de Inmaculada se hizo viral... a la manera en que en aquella época preinternet las cosas se hacían virales.
El adulterio, despenalizado en la Segunda República, volvió a ser delito tras la victoria de los sublevados y hasta 1963 un hombre podía matar a su esposa por infiel sin ser condenado por ello. Las leyes de la dictadura seguían interviniendo en asuntos «íntimos y personales» de la vida de los ciudadanos y lo hacían, además, incurriendo en una discriminación machista «insoportable», destaca Gallizo. Así, el artículo 449 del Código Penal preveía penas de 6 meses a 6 años de prisión y sanciones económicas por adulterio, pero el delito era distinto según el sexo del infractor: «Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada». Los hombres acusados solían alegar ignorancia y se libraban del castigo; en cambio, había decenas de mujeres condenadas por ello. Las aventuras masculinas no merecía ningún reproche penal: un hombre podía ‘yacer’ con cuantas mujeres quisiera, siempre que no llevase a vivir a su ‘manceba’ al domicilio conyugal.
Inmaculada Benito se había casado embarazada con apenas 18 años con Carmelo Caneiro, un pintor supuestamente progresista, pero el matrimonio pronto hizo aguas. Ya vivían separados cuando ella se marchó con un amigo común a buscar trabajo a Canarias. Volvió cuando se enteró de que la familia de su marido, que se había quedado temporalmente a cargo del hijo de ambos, de 3 años, se negaba a que lo visitaran los abuelos maternos. A su regreso, se encontró con la querella de Caneiro: la acusaba de adulterio y pedía para ella 5 años de prisión y una multa de 50.000 pesetas, una pequeña fortuna en aquella época.
«Era un caso perdido», asegura Gloria Labarta, la única abogada de Zaragoza que se prestó a defenderla. «Si vamos a un juicio normal, estás condenada. Pero si lo convertimos en un juicio político, tienes una posibilidad», le dijo la letrada, entonces una joven con escasa experiencia. La acusada, que se jugaba la custodia del niño, aceptó. Y comenzó el ruido.
La ADMA, en la que militaba Labarta, recogió miles de firmas de apoyo, envió cartas al entonces ministro de Justicia, Íñigo Cavero, y movió el asunto en los medios de comunicación. Periódicos de todo el mundo desplazaron reporteros a Zaragoza para entrevistar a Inmaculada y a Gloria. «En otros países lo veían con perplejidad, como nosotros vemos ahora lo ocurrido en Marruecos», explica la letrada. Hubo manifestaciones en las que las mujeres se autoinculpaban del delito y exigían la legalización del divorcio. «Yo también soy adúltera», rezaban pancartas y camisetas.
La vista se celebró el 6 de octubre de 1976 a puerta cerrada –«Los jueces estaban acojonados», recuerda la abogada–, pero desde la sala se oían los gritos de decenas de manifestantes congregados en los pasillos y a la entrada de la Audiencia. Duró tres horas.
El abogado del marido presentó unos testigos que aseguraban haber visto a los acusados desnudos en la cama. El tribunal no mordió el anzuelo. Inmaculada Benito fue absuelta tres días después. «No lo entiendo –se hacía cruces el letrado acusador–. Ella no es ninguna santa. Hay testigos a través del agujero de la cerradura: hippies, orgías, drogas...».
«Aquello sirvió para concienciar a las mujeres de que, si nos movíamos, teníamos fuerza para conseguir cosas –recuerda Gallizo, hoy parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid–. Inmaculada fue muy valiente: hacer público un asunto tan íntimo no es agradable. Lo fácil hubiera sido mantenerse en el anonimato». Convertirse en el rostro de aquella discriminación, poner nombre y apellidos a lo que antes solo eran números, iniciales, fue definitivo para ganar aquella batalla.
Marido homosexual
Aquel juicio encendió una mecha que ya no se apagó. Pocas semanas después se hizo público el caso de María Ángeles Muñoz, una empleada doméstica de 30 años emigrante en Barcelona a la que su marido –que era homosexual y convivía con otro varón–, había abandonado cuando la hija de ambos era un bebé. Cuando el hombre se enteró de que su todavía esposa había tenido una segunda hija con su nueva pareja, la denunció por adúltera. María Ángeles huyó y se negó a entregar a la niña al juez que pretendía conceder la custodia a sus suegros. Incluso ellos estaban de su parte. La Asociación Catalana de la Mujer movilizó a miles de manifestantes y logró que el asunto fuera debatido por la Asamblea de Parlamentarios, que reclamó que se eliminase la legislación discriminatoria y la amnistía para todas las condenadas por esos delitos. El marido retiró la denuncia.
El 26 de mayo de 1978, la reforma del Código Penal eliminó el delito de adulterio, pocos meses antes de que, en diciembre, la Constitución Española estableciese la igualdad legal entre hombres y mujeres. «Pasó hace muy poco tiempo; no es la prehistoria», recordaba Inmaculada en 2008, en un reencuentro con su abogada. Ella tenía preparado un pasaporte para fugarse a Estados Unidos si era condenada. No exageraba. «He hablado con una mujer que acaba de pasar cinco años en la cárcel por adulterio –le contaba la joven a ‘The New York Times’ en 1976–. Podía haber sido yo».
Infidelidad y divorcio
La infidelidad es, posiblemente, uno de los principales motivos por los que se rompen las parejas. Sin embargo, la legislación española excluyó en 2005 las causas de divorcio. Ya no es necesario alegar ningún motivo concreto para separarse; es suficiente la voluntad de hacerlo de uno de los miembros de la pareja. En España hubo casi 29.000 solicitudes de divorcio el año pasado. Aunque muchos clientes acuden a sus abogados con pruebas sobre el adulterio de su cónyuge –incluso informes de detectives privados–, estas no afectan a los términos del divorcio.
Las cifras. 17 condenas por adulterio se recurrieron ante el Supremo en 1976. En tribunales de rango inferior el número de juicios y condenas debía ser muy superior.
La maté porque era mía. Entre 1878 y 1963, con el paréntesis de la República, el Código Penal amparaba el asesinato de mujeres por tener relaciones fuera del matrimonio. En muchos países musulmanes el adulterio femenino se considera aún un delito contra la moral pública y en Arabia Saudí, Sudán e Irán se castiga con la muerte.
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