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| El País / Migrantes pasando noche en Goundam, Mali, febrero de 2013 // |
El calvario de las personas LGTBI que migran de África a Europa.
A la presión social, escasez de recursos y de cobijo se suman las extorsiones, los robos y los abusos por su condición vulnerable. En ese gran cruce de caminos de la ruta migratoria que es Malí son objeto de asesinatos, violencia sexual y de género y, sobre todo, falta de respeto de derechos fundamentales.
Antonio Lorenzo Castellanos | Planeta Futuro, El País, 2022-03-22
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-03-22/el-calvario-de-las-personas-lgtbi-que-migran-de-africa-a-europa.html
La movilidad humana es hoy temática de gran interés entre la población mundial. Pero las migraciones no son solo inevitables, como sucede muchas veces (y ahora en Ucrania), sino también necesarias y deseables, según los contextos, como apunta uno de los últimos informes de la Organización Internacional de las Migraciones.
Todos los seres humanos poseen derechos y libertades fundamentales inalienables que son universalmente reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Por ello, los Estados deberían trabajar con el fin de promover, proteger y hacer cumplir los derechos básicos de las personas migrantes, cualquiera que sea su condición, con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren mayor riesgo de padecer violaciones de los mismos.
Por su situación geográfica, Mali representa la confluencia de las rutas migratorias que proceden de Senegal, Gambia y Costa de Marfil, por un lado, y Burkina Faso, Níger y Nigeria, por otro, con destino a Libia o Argelia. Bamako es el principal punto de encuentro de aquellos que deciden emigrar hacia Europa. Desde aquí algunos siguen su periplo hacia Níger y posteriormente Libia (generalmente aquellos que cuentan con menos recursos económicos continúan en autobús vía Agadez) y otros toman la ruta en dirección a Argelia (normalmente en todoterreno a través del desierto, aunque más rápida y costosa que la anterior).
Los datos de la OIM en los Puntos de Monitoreo de Flujos (FMP por sus siglas en inglés) revelan que alrededor de 1.100 individuos atravesaron diariamente durante el mes de enero de 2022 las fronteras malienses. Así, a los más de 34.000 que decidieron emigrar desde sus países de origen todavía les quedan más de 5.500 kilómetros de travesía hasta los principales puntos de cruce del mar Mediterráneo, donde tendrán que jugarse sus vidas en pequeñas embarcaciones. Pero su viaje comenzó semanas atrás.
Hasta llegar a la ciudad más poblada del centro de África han tenido que hacer frente a numerosos controles de carretera donde la policía maliense les obliga a pagar un peaje entre 15.000 y 45.000 francos CFA (unos 20 y 50 euros respectivamente) y a otras dificultades para poder continuar su camino. Por estos motivos, muchos se quedan sin dinero y varados en una megalópolis como Bamako en la que intentan sobrevivir a duras penas. Pernoctan en los alrededores de la estación de autobuses, algunos a la espera de conseguir algo de dinero para subsistir, y otros, algo más afortunados, con la idea aún de alcanzar su ansiado Eldorado europeo.
Sogoniko, la principal estación de autobuses de Bamako, tiene una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. Además de ser el punto de salida hacia Níger (la siguiente etapa del camino) se ha convertido en una ciudad refugio en la que conviven centenares de súbditos de diferentes nacionalidades, etnias y religiones, y que se ha convertido en el destino final de muchos para quienes su sueño se ha transformado en una auténtica pesadilla. Aquí se reúnen en pequeños grupos o clanes según su nacionalidad para ayudarse mutuamente a buscar comida, trabajo o dinero.
Los problemas a los que los deben hacer frente son muchos, pero la idea omnipresente es conseguir ahorrar lo necesario para continuar el viaje, porque volver a casa no es una opción, pues significaría fracasar con su sueño y el de toda su familia. En el caso de las personas LGTBIQ, además de la presión social a la que deben hacer frente, de la escasez de recursos disponibles, y de la falta de un lugar digno donde cobijarse, se suman las extorsiones, los robos y los abusos debido a su doble condición de vulnerabilidad.
La invisibilidad de este colectivo en Mali propicia que se produzcan vejaciones, torturas y episodios continuos de violencia. Legalmente, no es posible asumir su condición, ya que el artículo 179 del Código Penal castiga la exhibición sexual, por lo que cualquier expresión pública de afecto entre personas del mismo sexo podría acarrear multas e incluso en graves penas de prisión. Por otro lado, al tratarse de migrantes existe una de falta de reconocimiento de sus derechos humanos.
Este fenómeno migratorio de minorías sexuales provoca una serie de estresores que conduce a que los afectados sufran un fuerte malestar: la separación forzada de los seres queridos cercanos, el sentimiento de desesperanza al encontrar dificultades en el reconocimiento material de los derechos fundamentales en la sociedad de acogida, la lucha por la subsistencia y la indefensión ante las formas de discriminación, entre otros. Además, a estos factores se les suman las prácticas discriminatorias y opresivas de la homofobia y la transfobia como generadoras de malestar, estigmatización y violencia.
El problema principal es que no es solo una cuestión de odio explícito hacia este colectivo, sino que los países receptores tienen una parte de responsabilidad, dado que no se promueven medidas suficientes para reducir la violencia y la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. En este sentido, en 2017, el ex Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ZeidRa’ad Al Hussein, declaró que la humanidad presenciaba una omnipresencia de los abusos violentos, el acoso y la discriminación en todas las regiones del mundo hacia estas personas.
En definitiva, los migrantes LGTBIQ en Malí son objeto de asesinatos, violencia sexual, violencia de género, agresiones, y, sobre todo, son privadas de sus derechos fundamentales. Por este motivo resulta indispensable que para promover una migración segura y ordenada se rompa esta importante barrera de discriminación.
Antonio Lorenzo Castellanos es responsable de Proyectos de Desarrollo Rural, Agua y Saneamiento en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en Malí e investigador en la Universitat Jaume I de Castellón.
Todos los seres humanos poseen derechos y libertades fundamentales inalienables que son universalmente reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Por ello, los Estados deberían trabajar con el fin de promover, proteger y hacer cumplir los derechos básicos de las personas migrantes, cualquiera que sea su condición, con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren mayor riesgo de padecer violaciones de los mismos.
Por su situación geográfica, Mali representa la confluencia de las rutas migratorias que proceden de Senegal, Gambia y Costa de Marfil, por un lado, y Burkina Faso, Níger y Nigeria, por otro, con destino a Libia o Argelia. Bamako es el principal punto de encuentro de aquellos que deciden emigrar hacia Europa. Desde aquí algunos siguen su periplo hacia Níger y posteriormente Libia (generalmente aquellos que cuentan con menos recursos económicos continúan en autobús vía Agadez) y otros toman la ruta en dirección a Argelia (normalmente en todoterreno a través del desierto, aunque más rápida y costosa que la anterior).
Los datos de la OIM en los Puntos de Monitoreo de Flujos (FMP por sus siglas en inglés) revelan que alrededor de 1.100 individuos atravesaron diariamente durante el mes de enero de 2022 las fronteras malienses. Así, a los más de 34.000 que decidieron emigrar desde sus países de origen todavía les quedan más de 5.500 kilómetros de travesía hasta los principales puntos de cruce del mar Mediterráneo, donde tendrán que jugarse sus vidas en pequeñas embarcaciones. Pero su viaje comenzó semanas atrás.
Hasta llegar a la ciudad más poblada del centro de África han tenido que hacer frente a numerosos controles de carretera donde la policía maliense les obliga a pagar un peaje entre 15.000 y 45.000 francos CFA (unos 20 y 50 euros respectivamente) y a otras dificultades para poder continuar su camino. Por estos motivos, muchos se quedan sin dinero y varados en una megalópolis como Bamako en la que intentan sobrevivir a duras penas. Pernoctan en los alrededores de la estación de autobuses, algunos a la espera de conseguir algo de dinero para subsistir, y otros, algo más afortunados, con la idea aún de alcanzar su ansiado Eldorado europeo.
Sogoniko, la principal estación de autobuses de Bamako, tiene una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. Además de ser el punto de salida hacia Níger (la siguiente etapa del camino) se ha convertido en una ciudad refugio en la que conviven centenares de súbditos de diferentes nacionalidades, etnias y religiones, y que se ha convertido en el destino final de muchos para quienes su sueño se ha transformado en una auténtica pesadilla. Aquí se reúnen en pequeños grupos o clanes según su nacionalidad para ayudarse mutuamente a buscar comida, trabajo o dinero.
Los problemas a los que los deben hacer frente son muchos, pero la idea omnipresente es conseguir ahorrar lo necesario para continuar el viaje, porque volver a casa no es una opción, pues significaría fracasar con su sueño y el de toda su familia. En el caso de las personas LGTBIQ, además de la presión social a la que deben hacer frente, de la escasez de recursos disponibles, y de la falta de un lugar digno donde cobijarse, se suman las extorsiones, los robos y los abusos debido a su doble condición de vulnerabilidad.
La invisibilidad de este colectivo en Mali propicia que se produzcan vejaciones, torturas y episodios continuos de violencia. Legalmente, no es posible asumir su condición, ya que el artículo 179 del Código Penal castiga la exhibición sexual, por lo que cualquier expresión pública de afecto entre personas del mismo sexo podría acarrear multas e incluso en graves penas de prisión. Por otro lado, al tratarse de migrantes existe una de falta de reconocimiento de sus derechos humanos.
Este fenómeno migratorio de minorías sexuales provoca una serie de estresores que conduce a que los afectados sufran un fuerte malestar: la separación forzada de los seres queridos cercanos, el sentimiento de desesperanza al encontrar dificultades en el reconocimiento material de los derechos fundamentales en la sociedad de acogida, la lucha por la subsistencia y la indefensión ante las formas de discriminación, entre otros. Además, a estos factores se les suman las prácticas discriminatorias y opresivas de la homofobia y la transfobia como generadoras de malestar, estigmatización y violencia.
El problema principal es que no es solo una cuestión de odio explícito hacia este colectivo, sino que los países receptores tienen una parte de responsabilidad, dado que no se promueven medidas suficientes para reducir la violencia y la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. En este sentido, en 2017, el ex Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ZeidRa’ad Al Hussein, declaró que la humanidad presenciaba una omnipresencia de los abusos violentos, el acoso y la discriminación en todas las regiones del mundo hacia estas personas.
En definitiva, los migrantes LGTBIQ en Malí son objeto de asesinatos, violencia sexual, violencia de género, agresiones, y, sobre todo, son privadas de sus derechos fundamentales. Por este motivo resulta indispensable que para promover una migración segura y ordenada se rompa esta importante barrera de discriminación.
Antonio Lorenzo Castellanos es responsable de Proyectos de Desarrollo Rural, Agua y Saneamiento en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en Malí e investigador en la Universitat Jaume I de Castellón.
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