 |
| Imagen: El Mundo / Sonia y Javier con Kristin |
Sólo Ciudadanos ha propuesto regular la gestación subrogada en España. El proceso, única alternativa para algunas parejas, cuesta 100.000 euros en países como EEUU, Canadá o Gran Bretaña.
Irene Hdez. Velasco | El Mundo, 2015-12-03
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/03/565f493a46163f19308b45ec.html
Se dice pronto: 22 semanas de embarazo recién cumplidas. Sonia Ruano y Javier Cárdaba, una pareja de Barcelona, no se lo creen y andan tachando los días que faltan para que vengan al mundo Noa y Lucía, sus hijas. Pensaban que nunca lo lograrían. A Sonia, de 41 años, le diagnosticaron hace tres un cáncer de mama. Después de 16 sesiones de quimioterapia y de seis operaciones, cuando comenzaba a ver la luz al final del túnel, los médicos le dieron la noticia: tenía una mutación genética que la predisponía a sufrir otro cáncer. Decidió vivir a toda costa, pero pagando un precio muy alto: extirparse el útero y los ovarios para evitar que el cáncer encontrara allí cobijo.
Pensaron en adoptar un crío, pero no eran "idóneos". "Al haber sufrido un cáncer no puedo adoptar, aunque ahora mi riesgo de sufrir otro sea más bajo que el de cualquier mujer", cuenta Sonia. Así que, para satisfacer sus ansias inconmensurables de ser padres, decidieron recurrir a la única vía que les permitía llevar a cabo su sueño: la gestación subrogada. Una práctica que los que se oponen a ella la llaman 'vientres de alquiler' y que consiste en implantar un óvulo fecundado in vitro en una mujer que, a cambio de una compensación económica, se ofrece a gestarlo en su matriz. Una práctica prohibida en este país pero que cada año cientos de españoles (no hay cifras oficiales) llevan a cabo en el extranjero.
Los que pueden permitirse pagar 100.000 euros, acuden a Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá, donde la gestación subrogada está regulada desde hace años. Pero los que no se dirigen a Nepal, a India, a Tailandia y a otros países donde los derechos de las mujeres con frecuencia son pisoteados y donde existen auténticas "granjas" en las que decenas de gestantes son explotadas económicamente como meras 'incubadoras' de los hijos de otros.
El problema es que en España no ha habido un debate en profundidad sobre esta peliaguda cuestión ni existe una regulación clara sobre la materia. Está prohibida la gestación subrogada, sí, pero los niños nacidos en el extranjero por españoles que recurren a esta práctica son reconocidos a efectos legales como sus hijos. Cada año, según los especialistas,, alrededor de 700-1.000 niños nacidos por gestación subrogada entran en España (en el 80% de los casos, de la mano de parejas heterosexuales) y en el registro civil queda reconocida su filiación. "La administración tiene cifras, pero no las hace públicas, yo creo que porque no quiere que se conozca la magnitud de este problema", sentencia Santiago Agustín, codirector de Interfertility, una empresa española que gestiona procesos de gestación subrogada en Estados Unidos, Canadá y Ucrania, una de las 12 nuevas agencias de este tipo que han surgido en el país en los últimos tres años.
Un dato: en 2007, los niños que llegaban a España fruto de adopciones internacionales eran en torno a 4.000. Pero al cerrar muchos países los procesos de adopción, sobre todo a las parejas del mismo sexo, el año pasado solo fueron 1.000. "Lo que significa que hay miles de familias españolas que quieren tener hijos y sólo pueden recurrir a la gestación subrogada para lograrlo", explica.
Ciudadanos es el único partido que, en su programa electoral, habla de regular la gestación subrogada, contemplando una compensación económica para las gestantes. Los otros tres grandes partidos -PP, PSOE y Podemos- prefieren no pronunciarse sobre un tema que, sin duda, levanta espinas.
"Nuestro programa electoral no lleva nada al respecto. Lo que está claro es que el PSOE no fomenta ninguna práctica que implique la mercantilización del cuerpo de la mujer. Apoyamos en su momento que los menores nacidos a través de este método fueran reconocidos en España, por el bien de los propios menores. Pero es verdad que no tenemos pendiente un debate interno sobre la cuestión, que por ahora no ha habido porque hay otras prioridades y no es un tema acuciante. Pero cuando se abra ese debate tendremos muy en cuenta si los estados deben regularizar el acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero. Mi posición es que el PSOE no debe apoyar ninguna práctica que suponga explotar cuerpos ajenos", sentencia Ángeles Álvarez, secretaria de Igualdad del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz de Igualdad de los socialistas en el Congreso.
Una cuestión ética
Beatriz Gimeno, feminista y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, se queja de que el problema no ha sido abordado a nivel social: "No ha habido discusión ética, de hecho es una cuestión que se considera legitimada. Si se hiciera una encuesta, la inmensa mayoría de los españoles probablemente se declararía a favor, porque desde hace años sólo se muestra la cara amable del problema: familias felices, cantantes y actores que han hecho realidad su sueño de tener hijos, publirreportajes apoyados por el inmenso negocio que hay detrás de todo esto. Sin embargo, es una cuestión que plantea numerosas objeciones éticas. Las partes del cuerpo no deben abrirse al mercado. Acepto que se puedan donar, pero no pagar por ellas. Los mercados no se rigen por la ética, sino por el dinero. Si se abre el mercado a eso, estaremos empujando a los pobres a vender a los ricos su cuerpo, su vientre, su capacidad de gestación. Si nadie se plantea que se puedan vender riñones o sangre, ¿por qué hay quienes plantean que las mujeres puedan alquilar sus vientres? Precisamente porque son cuerpos de mujeres".
Pero el caso es que Podemos tampoco se moja. "No, Podemos no tiene una posición oficial al respecto, no hemos tenido un debate, no se considera un tema relevante en este momento. Para mí resulta bastante frustrante, pero la política es así", admite Gimeno, quien no ahorra crítica contra la propuesta de Ciudadanos: "Es normal que quieran abrir la gestación subrogada al mercado, son neoliberales que defienden el mercado".
La falta de definición de la izquierda española ante la gestación subrogada contrasta por ejemplo con la fuerte toma de posición de la izquierda francesa. Sólo hay que ver los grandes nombres- incluidos el del ex primer ministro socialista Lionel Jospin o el de Marie-George Buffet, secretaria general del Partido Comunista francés entre 2001 y 2010- que firmaron el año pasado un manifiesto en el que declaraban su "fuerte oposición" a esta práctica y hacían un llamamiento al presidente Hollande "a no plegarse" a la sentencia de junio de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no inscribir en el registro civil a los niños nacidos en el extranjero de dos parejas de homosexuales que los tuvieron mediante "vientres de alquiler". En España, la iniciativa más parecida (pero de mucho menos relumbrón político) tuvo lugar en junio pasado, estaba encabezada por un grupo de académicas, filósofas y juristas feministas con Amelia Valcárcel y Victoria Camps a la cabeza y bajo el lema 'No somos vasijas' argumentaba que "las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores" y calificaba esta práctica de "evidente ejemplo de 'violencia obstétrica' extrema".
Desde el otro lado, la organización conservadora Profesionales por la Ética también trona contra los "vientres de alquiler" y en un reciente informe abogaba directamente por que España no permita el registro filial de los niños nacidos en el extranjero por esta práctica. "Funcionaría de manera eficaz con carácter disuasorio y reduciría radicalmente el negocio y la explotación que supone la maternidad subrogada", concluye. El Ejecutivo del PP, sin embargo, se ha dedicado a esquivar el asunto. "Es un tema que requiere muchos equilibrios y un debate sereno que no puede ir a la zaga de una campaña electoral... Hay que conjugar la dignidad de la mujer con la protección de los menores y su derecho a saber sus orígenes", nos dicen desde el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo francés tanteó el año pasado a miembros de la administración para tratar de crear un eje común contra los "vientres de alquiler", pero no lo lograron.
El modelo de regulación
"Nosotros no somos millonarios. Nos hemos hipotecado para toda la vida y hemos pedido ayuda a nuestros familiares. Pero va a valer la pena seguro. El problema es que la gente que no puede pagar 100.000 euros acaba yendo a países donde es más barato el proceso pero donde no existen garantías. Es por eso por lo que se tiene que regular", afirma Sonia. "Yo estoy en contra de la fecundación subrogada en aquellos países donde los derechos de las mujeres no se respetan y se pueden producir casos de explotación. Pero en Estados Unidos hay garantías de que eso no ocurre. Ese es el modelo que yo defiendo", afirma Sonia, quien asegura que tiene una deuda de gratitud eterna con Kristin, la mujer que está criando en su vientre a sus hijas. Una estadounidense que vive en Chicago con su marido Brian y sus mellizas de dos años, mánager de una empresa de material de impresión ella, él responsable de un almacén logístico. "Kristin tenía problemas para ovular y tuvo que recurrir a la fecundación in vitro para tener a sus hijas. Quería devolver como fuera el favor de haber podido ser madre, y por eso está gestando a nuestras hijas". De los 100.000 euros que Sonia y Jesús han pagado para satisfacer su sed de ser padres, a Kristin le quedarán unos 25.000. El grueso se va en pagar a la agencia, los abogados, la clínica de fertilidad, los gastos médicos...
Alexander Schuster, un abogado italiano que ha llevado casos de gestación subrogada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene dudas: "Es necesario regular para evitar que esto sea el Lejano Oeste y que haya abusos. La cuestión es: ¿puede una mujer decidir si obtiene un beneficio económico de su cuerpo? Entiendo que se puede discutir, aunque considero que una mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, tiene todo derecho del mundo a venderlo si eso es lo que desea y si nadie la coacciona a ello. Lo que no se puede tolerar es la explotación, un riesgo que no podemos ocultar que existe con la gestación subrogada".
"Se tiene que regular", afirma Aurora González, secretaria de la Asociación por la Gestación Subrogada en España . "Aquí hay muchas mujeres que quieren ser gestantes, muchas hermanas, primas o amigas que desearían poder ayudar desinteresadamente a sus seres queridos a ser padres, pero la ley no se lo permite. Aunque tampoco nos parece mal que hay una compensación económica. Si a los donantes de esperma o de óvulos se les paga , sin a los que participan en experimentos clínicos también, ¿por qué no se va a pagar a una mujer que durante nueve meses lleva en su seno al hijo de otras personas? Lo que proponemos es que el Ministerio de Sanidad estipule una cantidad fija".
"Si hubiera gestación subrogada en España, habría mucha más transparencia. Y no me parece mal que haya compensación económica, aunque esa no debe de ser la motivación principal", considera Santiago Agustín, de la clínica Interfertility, quien sin embargo reconoce que la mayoría de las personas que acuden a su consulta buscan en principio un "vientre de alquiler" puro y duro. "No quieren tener ninguna relación con la gestante. Es la cultura que impera aquí, donde tradicionalmente a los niños adoptados se les ocultaba que lo eran, como se les oculta ahora a los niños nacidos mediante donaciones de semen o de óvulos. Pero es importante que los niños sepan su historia, tienen derecho a ello".
"Yo no entro en ideologías. El derecho está para dar respuesta a las necesidades de la población, y es un hecho que cada año más niños a España nacen por gestación subrogada. La no regulación está dando pie a problemas legales y a una enorme inseguridad jurídica", opina Manuel Ródenas, abogado especializado en LGBT, director del Programa de apoyo LGBT de la Comunidad de Madrid y coautor del libro 'Corpus jurídico de la Familia Monoparental'. Su propuesta: que se regule la gestación subrogada pero sólo de manera altruista, contemplando únicamente los gastos derivados del embarazo o los que implique para la gestante dejar de trabajar. "No creo que haya ninguna legislación que quiera plantear esto como un negocio", recalca.
"La realidad existente, en la que un número importante de ciudadanos cuyo número exacto desconocemos acude a esta práctica, exige una respuesta. Pero esta práctica solo puede tener cabida si por encima del derecho de una persona a tener una familia se anteponen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer sin intimidar en ningún caso su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Al igual que el interés del menor, como sujeto vulnerable, se antepone al derecho de los padres adoptantes, el derecho de la mujer gestante ha de anteponerse al de cualquier otra parte", concluye Violeta Assiego, especialista en vulnerabilidad social y derechos humanos y quien está elaborando un libro sobre esta cuestión.
Pensaron en adoptar un crío, pero no eran "idóneos". "Al haber sufrido un cáncer no puedo adoptar, aunque ahora mi riesgo de sufrir otro sea más bajo que el de cualquier mujer", cuenta Sonia. Así que, para satisfacer sus ansias inconmensurables de ser padres, decidieron recurrir a la única vía que les permitía llevar a cabo su sueño: la gestación subrogada. Una práctica que los que se oponen a ella la llaman 'vientres de alquiler' y que consiste en implantar un óvulo fecundado in vitro en una mujer que, a cambio de una compensación económica, se ofrece a gestarlo en su matriz. Una práctica prohibida en este país pero que cada año cientos de españoles (no hay cifras oficiales) llevan a cabo en el extranjero.
Los que pueden permitirse pagar 100.000 euros, acuden a Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá, donde la gestación subrogada está regulada desde hace años. Pero los que no se dirigen a Nepal, a India, a Tailandia y a otros países donde los derechos de las mujeres con frecuencia son pisoteados y donde existen auténticas "granjas" en las que decenas de gestantes son explotadas económicamente como meras 'incubadoras' de los hijos de otros.
El problema es que en España no ha habido un debate en profundidad sobre esta peliaguda cuestión ni existe una regulación clara sobre la materia. Está prohibida la gestación subrogada, sí, pero los niños nacidos en el extranjero por españoles que recurren a esta práctica son reconocidos a efectos legales como sus hijos. Cada año, según los especialistas,, alrededor de 700-1.000 niños nacidos por gestación subrogada entran en España (en el 80% de los casos, de la mano de parejas heterosexuales) y en el registro civil queda reconocida su filiación. "La administración tiene cifras, pero no las hace públicas, yo creo que porque no quiere que se conozca la magnitud de este problema", sentencia Santiago Agustín, codirector de Interfertility, una empresa española que gestiona procesos de gestación subrogada en Estados Unidos, Canadá y Ucrania, una de las 12 nuevas agencias de este tipo que han surgido en el país en los últimos tres años.
Un dato: en 2007, los niños que llegaban a España fruto de adopciones internacionales eran en torno a 4.000. Pero al cerrar muchos países los procesos de adopción, sobre todo a las parejas del mismo sexo, el año pasado solo fueron 1.000. "Lo que significa que hay miles de familias españolas que quieren tener hijos y sólo pueden recurrir a la gestación subrogada para lograrlo", explica.
Ciudadanos es el único partido que, en su programa electoral, habla de regular la gestación subrogada, contemplando una compensación económica para las gestantes. Los otros tres grandes partidos -PP, PSOE y Podemos- prefieren no pronunciarse sobre un tema que, sin duda, levanta espinas.
"Nuestro programa electoral no lleva nada al respecto. Lo que está claro es que el PSOE no fomenta ninguna práctica que implique la mercantilización del cuerpo de la mujer. Apoyamos en su momento que los menores nacidos a través de este método fueran reconocidos en España, por el bien de los propios menores. Pero es verdad que no tenemos pendiente un debate interno sobre la cuestión, que por ahora no ha habido porque hay otras prioridades y no es un tema acuciante. Pero cuando se abra ese debate tendremos muy en cuenta si los estados deben regularizar el acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero. Mi posición es que el PSOE no debe apoyar ninguna práctica que suponga explotar cuerpos ajenos", sentencia Ángeles Álvarez, secretaria de Igualdad del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz de Igualdad de los socialistas en el Congreso.
Una cuestión ética
Beatriz Gimeno, feminista y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, se queja de que el problema no ha sido abordado a nivel social: "No ha habido discusión ética, de hecho es una cuestión que se considera legitimada. Si se hiciera una encuesta, la inmensa mayoría de los españoles probablemente se declararía a favor, porque desde hace años sólo se muestra la cara amable del problema: familias felices, cantantes y actores que han hecho realidad su sueño de tener hijos, publirreportajes apoyados por el inmenso negocio que hay detrás de todo esto. Sin embargo, es una cuestión que plantea numerosas objeciones éticas. Las partes del cuerpo no deben abrirse al mercado. Acepto que se puedan donar, pero no pagar por ellas. Los mercados no se rigen por la ética, sino por el dinero. Si se abre el mercado a eso, estaremos empujando a los pobres a vender a los ricos su cuerpo, su vientre, su capacidad de gestación. Si nadie se plantea que se puedan vender riñones o sangre, ¿por qué hay quienes plantean que las mujeres puedan alquilar sus vientres? Precisamente porque son cuerpos de mujeres".
Pero el caso es que Podemos tampoco se moja. "No, Podemos no tiene una posición oficial al respecto, no hemos tenido un debate, no se considera un tema relevante en este momento. Para mí resulta bastante frustrante, pero la política es así", admite Gimeno, quien no ahorra crítica contra la propuesta de Ciudadanos: "Es normal que quieran abrir la gestación subrogada al mercado, son neoliberales que defienden el mercado".
La falta de definición de la izquierda española ante la gestación subrogada contrasta por ejemplo con la fuerte toma de posición de la izquierda francesa. Sólo hay que ver los grandes nombres- incluidos el del ex primer ministro socialista Lionel Jospin o el de Marie-George Buffet, secretaria general del Partido Comunista francés entre 2001 y 2010- que firmaron el año pasado un manifiesto en el que declaraban su "fuerte oposición" a esta práctica y hacían un llamamiento al presidente Hollande "a no plegarse" a la sentencia de junio de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no inscribir en el registro civil a los niños nacidos en el extranjero de dos parejas de homosexuales que los tuvieron mediante "vientres de alquiler". En España, la iniciativa más parecida (pero de mucho menos relumbrón político) tuvo lugar en junio pasado, estaba encabezada por un grupo de académicas, filósofas y juristas feministas con Amelia Valcárcel y Victoria Camps a la cabeza y bajo el lema 'No somos vasijas' argumentaba que "las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores" y calificaba esta práctica de "evidente ejemplo de 'violencia obstétrica' extrema".
Desde el otro lado, la organización conservadora Profesionales por la Ética también trona contra los "vientres de alquiler" y en un reciente informe abogaba directamente por que España no permita el registro filial de los niños nacidos en el extranjero por esta práctica. "Funcionaría de manera eficaz con carácter disuasorio y reduciría radicalmente el negocio y la explotación que supone la maternidad subrogada", concluye. El Ejecutivo del PP, sin embargo, se ha dedicado a esquivar el asunto. "Es un tema que requiere muchos equilibrios y un debate sereno que no puede ir a la zaga de una campaña electoral... Hay que conjugar la dignidad de la mujer con la protección de los menores y su derecho a saber sus orígenes", nos dicen desde el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo francés tanteó el año pasado a miembros de la administración para tratar de crear un eje común contra los "vientres de alquiler", pero no lo lograron.
El modelo de regulación
"Nosotros no somos millonarios. Nos hemos hipotecado para toda la vida y hemos pedido ayuda a nuestros familiares. Pero va a valer la pena seguro. El problema es que la gente que no puede pagar 100.000 euros acaba yendo a países donde es más barato el proceso pero donde no existen garantías. Es por eso por lo que se tiene que regular", afirma Sonia. "Yo estoy en contra de la fecundación subrogada en aquellos países donde los derechos de las mujeres no se respetan y se pueden producir casos de explotación. Pero en Estados Unidos hay garantías de que eso no ocurre. Ese es el modelo que yo defiendo", afirma Sonia, quien asegura que tiene una deuda de gratitud eterna con Kristin, la mujer que está criando en su vientre a sus hijas. Una estadounidense que vive en Chicago con su marido Brian y sus mellizas de dos años, mánager de una empresa de material de impresión ella, él responsable de un almacén logístico. "Kristin tenía problemas para ovular y tuvo que recurrir a la fecundación in vitro para tener a sus hijas. Quería devolver como fuera el favor de haber podido ser madre, y por eso está gestando a nuestras hijas". De los 100.000 euros que Sonia y Jesús han pagado para satisfacer su sed de ser padres, a Kristin le quedarán unos 25.000. El grueso se va en pagar a la agencia, los abogados, la clínica de fertilidad, los gastos médicos...
Alexander Schuster, un abogado italiano que ha llevado casos de gestación subrogada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene dudas: "Es necesario regular para evitar que esto sea el Lejano Oeste y que haya abusos. La cuestión es: ¿puede una mujer decidir si obtiene un beneficio económico de su cuerpo? Entiendo que se puede discutir, aunque considero que una mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, tiene todo derecho del mundo a venderlo si eso es lo que desea y si nadie la coacciona a ello. Lo que no se puede tolerar es la explotación, un riesgo que no podemos ocultar que existe con la gestación subrogada".
"Se tiene que regular", afirma Aurora González, secretaria de la Asociación por la Gestación Subrogada en España . "Aquí hay muchas mujeres que quieren ser gestantes, muchas hermanas, primas o amigas que desearían poder ayudar desinteresadamente a sus seres queridos a ser padres, pero la ley no se lo permite. Aunque tampoco nos parece mal que hay una compensación económica. Si a los donantes de esperma o de óvulos se les paga , sin a los que participan en experimentos clínicos también, ¿por qué no se va a pagar a una mujer que durante nueve meses lleva en su seno al hijo de otras personas? Lo que proponemos es que el Ministerio de Sanidad estipule una cantidad fija".
"Si hubiera gestación subrogada en España, habría mucha más transparencia. Y no me parece mal que haya compensación económica, aunque esa no debe de ser la motivación principal", considera Santiago Agustín, de la clínica Interfertility, quien sin embargo reconoce que la mayoría de las personas que acuden a su consulta buscan en principio un "vientre de alquiler" puro y duro. "No quieren tener ninguna relación con la gestante. Es la cultura que impera aquí, donde tradicionalmente a los niños adoptados se les ocultaba que lo eran, como se les oculta ahora a los niños nacidos mediante donaciones de semen o de óvulos. Pero es importante que los niños sepan su historia, tienen derecho a ello".
"Yo no entro en ideologías. El derecho está para dar respuesta a las necesidades de la población, y es un hecho que cada año más niños a España nacen por gestación subrogada. La no regulación está dando pie a problemas legales y a una enorme inseguridad jurídica", opina Manuel Ródenas, abogado especializado en LGBT, director del Programa de apoyo LGBT de la Comunidad de Madrid y coautor del libro 'Corpus jurídico de la Familia Monoparental'. Su propuesta: que se regule la gestación subrogada pero sólo de manera altruista, contemplando únicamente los gastos derivados del embarazo o los que implique para la gestante dejar de trabajar. "No creo que haya ninguna legislación que quiera plantear esto como un negocio", recalca.
"La realidad existente, en la que un número importante de ciudadanos cuyo número exacto desconocemos acude a esta práctica, exige una respuesta. Pero esta práctica solo puede tener cabida si por encima del derecho de una persona a tener una familia se anteponen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer sin intimidar en ningún caso su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Al igual que el interés del menor, como sujeto vulnerable, se antepone al derecho de los padres adoptantes, el derecho de la mujer gestante ha de anteponerse al de cualquier otra parte", concluye Violeta Assiego, especialista en vulnerabilidad social y derechos humanos y quien está elaborando un libro sobre esta cuestión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.