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| Imagen: Público / Acampada de Velaluz contra las violencias machistas en Madrid |
La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla ha realizado el I Informe anual sobre los datos de menores huérfanos y la desprotección por parte del Estado.
EFE | Público, 2017-03-03
http://www.publico.es/sociedad/mas-500-ninos-huerfanos-2004.html
Alrededor de cuarenta niños pierden cada año a su madre como consecuencia de la violencia machista, lo que supone desde 2004 más de 500 huérfanos que sufren además el "doble estigma" de haber quedado abandonados a su suerte por parte de los poderes públicos.
Es lo que denuncian la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla en el I Informe anual que elaboran sobre "la realidad oculta" de los menores huérfanos de la violencia de género que han presentado este viernes y que llevarán el próximo lunes al Congreso.
Desde 2013, año en que pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales, 250 personas han sufrido la pérdida violenta de su madre por parte de su pareja o expareja hasta el pasado 22 de febrero, de las que 166 eran niños.
A los que habría que sumar otros dos más como consecuencia de los últimos episodios de asesinatos machistas confirmados desde esa fecha, posteriores a la elaboración del informe.
Todo ello se traduce en una media de 40 huérfanos al año, cantidad que si se extrapola hasta el 2004, año en que se aprobó la ley integral contra la violencia machista, el total de menores huérfanos se sitúa en torno a los 500, ha destacado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
A la falta de datos oficiales, se suma el "estigma" que padecen estos niños: la mayoría siente el "impulso de desaparecer", por lo que "nunca se sabe qué ocurre con ellos".
Tras el asesinato de su madre, con quien vivía la mayoría, es la familia materna la que suele asumir la responsabilidad de mantenerlos y a veces lo hacen los servicios sociales; sin embargo, es especialmente "preocupante" cuando se encargan los allegados del padre porque, además de ser "mucho más difíciles de localizar", en ocasiones siguen manteniendo contacto con su progenitor.
"Hablamos de sentimientos: ¿Cómo no va a querer el abuelo que el nieto vea a su hijo?", se ha preguntado Joaquín Tagar, miembro del Comité se selección del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, entidad que a lo largo de 2016 ha logrado conceder seis de estas ayudas a tres familias por un importe total de 7.535 euros.
Cuando pusieron en marcha este proyecto hace un año esperaban una "avalancha" de solicitudes, pero la realidad es, ha dicho Tagar, que solo recibieron diez, y las denegadas fueron consecuencia de la inexistencia de una resolución judicial que determinara quién era el tutor del menor.
Se trata de becas dirigidas fundamentalmente a la educación de estos menores, que suelen presentar un rendimiento más bajo que el resto, por lo que con ellas se sufragan actividades extraescolares y de refuerzo.
También para hacer frente a las tasas académicas y universitarias, puesto que en los casos en que los familiares son mayores, "tienen un miedo enorme a no poder afrontarlas".
A la falta de líneas específicas de atención y apoyo a los huérfanos y la inestabilidad y escasez de ingresos de sus familias, que propician el abandono temprano de sus estudios, se suma el tiempo que tardan en resolverse los casos y en dictarse sentencia, lo que "opera en contra de la estabilidad de los menores".
Para aliviar esta situación, ambas organizaciones proponen, entre otras medidas, que se incluya de manera urgente la reparación del daño a la víctima en el futuro pacto de Estado contra la Violencia Machista, que pasa por acelerar los procesos de afiliación de estos menores y la creación de un protocolo en las escuelas para que "sepan qué hacer con el hijo de un asesino".
Asimismo, han planteado deducciones por cuidado de menores a cargo del IRPF aunque, de momento, critican que la colaboración que han recibido del Ministerio de Hacienda "es más bien poca".
Es lo que denuncian la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla en el I Informe anual que elaboran sobre "la realidad oculta" de los menores huérfanos de la violencia de género que han presentado este viernes y que llevarán el próximo lunes al Congreso.
Desde 2013, año en que pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales, 250 personas han sufrido la pérdida violenta de su madre por parte de su pareja o expareja hasta el pasado 22 de febrero, de las que 166 eran niños.
A los que habría que sumar otros dos más como consecuencia de los últimos episodios de asesinatos machistas confirmados desde esa fecha, posteriores a la elaboración del informe.
Todo ello se traduce en una media de 40 huérfanos al año, cantidad que si se extrapola hasta el 2004, año en que se aprobó la ley integral contra la violencia machista, el total de menores huérfanos se sitúa en torno a los 500, ha destacado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
A la falta de datos oficiales, se suma el "estigma" que padecen estos niños: la mayoría siente el "impulso de desaparecer", por lo que "nunca se sabe qué ocurre con ellos".
Tras el asesinato de su madre, con quien vivía la mayoría, es la familia materna la que suele asumir la responsabilidad de mantenerlos y a veces lo hacen los servicios sociales; sin embargo, es especialmente "preocupante" cuando se encargan los allegados del padre porque, además de ser "mucho más difíciles de localizar", en ocasiones siguen manteniendo contacto con su progenitor.
"Hablamos de sentimientos: ¿Cómo no va a querer el abuelo que el nieto vea a su hijo?", se ha preguntado Joaquín Tagar, miembro del Comité se selección del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, entidad que a lo largo de 2016 ha logrado conceder seis de estas ayudas a tres familias por un importe total de 7.535 euros.
Cuando pusieron en marcha este proyecto hace un año esperaban una "avalancha" de solicitudes, pero la realidad es, ha dicho Tagar, que solo recibieron diez, y las denegadas fueron consecuencia de la inexistencia de una resolución judicial que determinara quién era el tutor del menor.
Se trata de becas dirigidas fundamentalmente a la educación de estos menores, que suelen presentar un rendimiento más bajo que el resto, por lo que con ellas se sufragan actividades extraescolares y de refuerzo.
También para hacer frente a las tasas académicas y universitarias, puesto que en los casos en que los familiares son mayores, "tienen un miedo enorme a no poder afrontarlas".
A la falta de líneas específicas de atención y apoyo a los huérfanos y la inestabilidad y escasez de ingresos de sus familias, que propician el abandono temprano de sus estudios, se suma el tiempo que tardan en resolverse los casos y en dictarse sentencia, lo que "opera en contra de la estabilidad de los menores".
Para aliviar esta situación, ambas organizaciones proponen, entre otras medidas, que se incluya de manera urgente la reparación del daño a la víctima en el futuro pacto de Estado contra la Violencia Machista, que pasa por acelerar los procesos de afiliación de estos menores y la creación de un protocolo en las escuelas para que "sepan qué hacer con el hijo de un asesino".
Asimismo, han planteado deducciones por cuidado de menores a cargo del IRPF aunque, de momento, critican que la colaboración que han recibido del Ministerio de Hacienda "es más bien poca".
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