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| Imagen: El Confidencial / Manifestación de trabajadoras sexuales en Barcelona |
La Universidad de La Coruña ha vetado unas Jornadas sobre Trabajo Sexual donde tenían previsto participar varias trabajadoras sexuales tras la presión del feminismo abolicionista.
Loola Pérez | El Confidencial, 2019-09-13
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/tribuna/2019-09-13/universidad-de-la-coruna-prostitucion-veto_2225059/
Hay, ciertamente, una virulenta ofensiva contra la libertad de expresión en el nombre del feminismo. Quizá esto no lo entierre, pero como movimiento social sí socava su coherencia, cuestiona su compromiso con los colectivos más vulnerables y pone en peligro su credibilidad. El último episodio tiene como escenario la Universidad de La Coruña y como protagonistas unas Jornadas sobre Trabajo Sexual donde tenían previsto participar varias trabajadoras sexuales y algunos investigadores sociales.
Desde que se conocieron las jornadas, el sector abolicionista del feminismo, que viene a ser ahora como una renovada Santa Inquisición, pero con bandera violeta; no ha dejado de presionar a la universidad y en especial, al rector, para que suspendiera el acto. Los argumentos para la censura de las jornadas se han centrado en una ristra de barbaridades, aderezadas con su correspondiente dosis de pánico moral y su tendencia a la difamación. Entre todos ellos, por su desmesura e histrionismo, destaco el que presentaba las jornadas, sin ningún tipo de indicio, prueba o pudor, como una estrategia del ‘lobby proxeneta’ para captar a jóvenes ‘prostitutas’ y educar a ‘nuevos puteros’.
No podemos pasar por alto que este énfasis en la inocencia del alumnado universitario no es más que una estrategia para alimentar el imaginario social sobre la figura de la trabajadora sexual. Es la forma que tienen las abolicionistas de insistir en la falsa idea de que una puta es sumamente ingenua y no puede ser una persona adulta, independiente, responsable de sus decisiones y sexualmente autónoma.
Obviamente, aunque parezca cada vez más difícil dada la tendencia al sensacionalismo y al dogmatismo, esto no quiere decir que no existan herramientas teóricas o buenos argumentos desde el feminismo a favor de la abolición del trabajo sexual. Sin embargo, lo ocurrido a propósito de estas jornadas parece más propio de posicionamientos ultraconservadores, puritanos y sectarios que de un feminismo que respeta las elecciones de las mujeres, por más que estas se encuentren fuera de la norma o de los propios valores personales sobre cuerpo y sexualidad. Simplificar el fenómeno de la prostitución como “esclavitud moderna”, coacción o engaño, catalogar a la trabajadora sexual como una víctima per se o incluso acusar a la propia universidad de fomentar el proxenetismo no es solo pasarse de la raya, es la muestra de una absoluta incoherencia ideológica.
La prostitución (y las trabajadoras sexuales) han pasado de lidiar con la tradicional crítica de los sectores religiosos y conservadores, que consideraban su conducta un pecado y un peligro social, a hacer frente a una crítica supuestamente progresista desde sectores de la izquierda y feministas que las cataloga, según interese, o bien como víctimas, o bien como siervas del patriarcado. Por supuesto, este discurso, lejos de mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales, velar por sus derechos o asegurar su protección frente a los abusos o riesgos para la salud, lo que provoca es una mayor estigmatización y exclusión. Se les niega no solo la condición de trabajadoras sino también la posibilidad de ser visibles e interlocutoras, demostrando así que no están traumatizadas, no son inadaptadas o no se identifican con la condición de ‘víctima’, ‘explotada’ o ‘violada por dinero’.
Clandestinidad
En este contexto de absoluta desvalorización, se las condena a la clandestinidad y a condiciones de mayor vulnerabilidad. Además, cuando la trabajadora sexual es migrante, el peso de la discriminación y la visión victimista de la misma se multiplica. Estas estrategias que giran en torno a la infantilización y la criminalización no son casuales o anecdóticas sino ampliamente deliberadas y compartidas en las políticas de protección. Responden a la pretensión de mantener a las trabajadoras sexuales asustadas, en silencio y arrinconadas en espacios marginales, ya sean sociales, académicos o incluso dentro del propio movimiento feminista.
No hay que descuidar tampoco el rol que ha jugado la Universidad de La Coruña. Aunque en un principio se mantuvo firme con la decisión de realizar las Jornadas de Trabajo Sexual, finalmente ha cedido a las presiones. La justificación ha sido francamente cuestionable dado que se excusaba en que ‘el fuerte rechazo, el acoso y la crueldad’ que habían ocurrido en los días previos hacía imposible garantizar las condiciones de seguridad del debate. Aun cabiendo la posibilidad de que el comunicado no incurra en la mala fe, deberíamos preguntarnos muy seriamente sobre sus implicaciones en un país democrático. Si un espacio académico no puede asegurar el debate civilizado de ideas ni salvaguardar la armonía social en sus instalaciones, ¿dónde se va a poder discutir de forma segura? ¿Constituye esto una limitación de la libertad de expresión? Rotundamente sí.
La Universidad de La Coruña parece enfrentar el sectarismo del feminismo abolicionista con una excusa cobarde, ridícula y poco convincente. Con ello no solo ha puesto en evidencia lo lejos que está de asegurar un estándar de civilidad en sus espacios sino también su parcialidad al bloquear aquellas líneas de debate que según el feminismo abolicionista son supuestamente amenazadoras para la sociedad y la comunidad universitaria. El camino que ha tomado la institución resulta ciertamente aterrador: el veto de la puta genera una incómoda incertidumbre con respecto a la civilidad, la convivencia social, el respeto a los derechos humanos y la difusión del conocimiento.
Más allá de que el evento universitario pueda justificarse como un ejercicio amparado en la libertad de expresión y la autonomía de la universidad, dado que la prostitución es un debate abierto no solo en el movimiento feminista sino también en nuestra sociedad, las jornadas eran merecedoras de atención por otro tipo de razones. Abordar las realidades del trabajo sexual no es solo hablar de prostitución, de sus condiciones laborales, de cómo les afecta la legislación migratoria, de las consecuencias de la Ley Mordaza o la penalización de los clientes. Las ciencias sociales, con su correspondiente rigor y metodologías, nos permiten conocer otras opciones que caen bajo el mismo paraguas del trabajo sexual, pero que posiblemente son menos conocidas para el público en general.
Imposición
Es el caso de la asistencia sexual para personas con diversidad funcional, quienes lejos de ser ángeles sin sexo son sujetos que reclaman el derecho al propio cuerpo y la sexualidad. Hay quien desea y necesita el apoyo de una persona profesional para explorar su cuerpo, masturbarse, cambiar de posición, utilizar un juguete sexual o tener un orgasmo. Conocer el trabajo de la -o del- asistente sexual es una forma de evitar la confusión con respecto a lo que hacen y cómo lo hacen, pues su trabajo no consiste en mantener sexo con la persona con diversidad funcional sino en facilitar la masturbación o la relación con otra persona.
En todo caso, no se puede pasar por alto que la suspensión de las jornadas por parte de la institución académica, participa de la imposición del discurso dominante y la agenda marcada por el feminismo abolicionista. Sobre este episodio sumamente reaccionario se construyen discursos y políticas públicas que afectan a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y que suplantan sus intereses, demandas, vivencias y cuestionamientos propios sobre cómo se organiza la industria del sexo. La cuestión se ha tornado cada vez más preocupante porque está liderada por personas bien posicionadas y con gran influencia social: académicas, representantes públicos y colectivos o entidades de carácter feminista muy afines a los partidos políticos.
Para concluir, desde una visión de derechos humanos y desde mi compromiso feminista por no limitar la libertad de expresión, quiero incidir en la idea de que la prostitución contada por las putas no puede convertirse de nuevo en un tabú, en un tema sucio, en una realidad conflictiva. Es importante señalar que lo que estamos presenciando no es exclusivamente una batalla por el conocimiento y la verdad, hay una lucha por el poder de la palabra y una vuelta a la erotofobia. Las peticiones de censura por parte del feminismo abolicionista obedecen a la imposición de un único punto de vista, un único relato, una única opción sobre la manera en la que las mujeres deben vivir la sexualidad, la relación con su cuerpo o simplemente, sobrevivir. Pero asimismo responden a la persecución de una serie de valores y conductas sexuales. Existe una deliberada maniobra política para convertir el trabajo sexual, ya sea la prostitución, la pornografía o incluso la asistencia sexual, en focos de ansiedades sociales.
Desde que se conocieron las jornadas, el sector abolicionista del feminismo, que viene a ser ahora como una renovada Santa Inquisición, pero con bandera violeta; no ha dejado de presionar a la universidad y en especial, al rector, para que suspendiera el acto. Los argumentos para la censura de las jornadas se han centrado en una ristra de barbaridades, aderezadas con su correspondiente dosis de pánico moral y su tendencia a la difamación. Entre todos ellos, por su desmesura e histrionismo, destaco el que presentaba las jornadas, sin ningún tipo de indicio, prueba o pudor, como una estrategia del ‘lobby proxeneta’ para captar a jóvenes ‘prostitutas’ y educar a ‘nuevos puteros’.
No podemos pasar por alto que este énfasis en la inocencia del alumnado universitario no es más que una estrategia para alimentar el imaginario social sobre la figura de la trabajadora sexual. Es la forma que tienen las abolicionistas de insistir en la falsa idea de que una puta es sumamente ingenua y no puede ser una persona adulta, independiente, responsable de sus decisiones y sexualmente autónoma.
Obviamente, aunque parezca cada vez más difícil dada la tendencia al sensacionalismo y al dogmatismo, esto no quiere decir que no existan herramientas teóricas o buenos argumentos desde el feminismo a favor de la abolición del trabajo sexual. Sin embargo, lo ocurrido a propósito de estas jornadas parece más propio de posicionamientos ultraconservadores, puritanos y sectarios que de un feminismo que respeta las elecciones de las mujeres, por más que estas se encuentren fuera de la norma o de los propios valores personales sobre cuerpo y sexualidad. Simplificar el fenómeno de la prostitución como “esclavitud moderna”, coacción o engaño, catalogar a la trabajadora sexual como una víctima per se o incluso acusar a la propia universidad de fomentar el proxenetismo no es solo pasarse de la raya, es la muestra de una absoluta incoherencia ideológica.
La prostitución (y las trabajadoras sexuales) han pasado de lidiar con la tradicional crítica de los sectores religiosos y conservadores, que consideraban su conducta un pecado y un peligro social, a hacer frente a una crítica supuestamente progresista desde sectores de la izquierda y feministas que las cataloga, según interese, o bien como víctimas, o bien como siervas del patriarcado. Por supuesto, este discurso, lejos de mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales, velar por sus derechos o asegurar su protección frente a los abusos o riesgos para la salud, lo que provoca es una mayor estigmatización y exclusión. Se les niega no solo la condición de trabajadoras sino también la posibilidad de ser visibles e interlocutoras, demostrando así que no están traumatizadas, no son inadaptadas o no se identifican con la condición de ‘víctima’, ‘explotada’ o ‘violada por dinero’.
Clandestinidad
En este contexto de absoluta desvalorización, se las condena a la clandestinidad y a condiciones de mayor vulnerabilidad. Además, cuando la trabajadora sexual es migrante, el peso de la discriminación y la visión victimista de la misma se multiplica. Estas estrategias que giran en torno a la infantilización y la criminalización no son casuales o anecdóticas sino ampliamente deliberadas y compartidas en las políticas de protección. Responden a la pretensión de mantener a las trabajadoras sexuales asustadas, en silencio y arrinconadas en espacios marginales, ya sean sociales, académicos o incluso dentro del propio movimiento feminista.
No hay que descuidar tampoco el rol que ha jugado la Universidad de La Coruña. Aunque en un principio se mantuvo firme con la decisión de realizar las Jornadas de Trabajo Sexual, finalmente ha cedido a las presiones. La justificación ha sido francamente cuestionable dado que se excusaba en que ‘el fuerte rechazo, el acoso y la crueldad’ que habían ocurrido en los días previos hacía imposible garantizar las condiciones de seguridad del debate. Aun cabiendo la posibilidad de que el comunicado no incurra en la mala fe, deberíamos preguntarnos muy seriamente sobre sus implicaciones en un país democrático. Si un espacio académico no puede asegurar el debate civilizado de ideas ni salvaguardar la armonía social en sus instalaciones, ¿dónde se va a poder discutir de forma segura? ¿Constituye esto una limitación de la libertad de expresión? Rotundamente sí.
La Universidad de La Coruña parece enfrentar el sectarismo del feminismo abolicionista con una excusa cobarde, ridícula y poco convincente. Con ello no solo ha puesto en evidencia lo lejos que está de asegurar un estándar de civilidad en sus espacios sino también su parcialidad al bloquear aquellas líneas de debate que según el feminismo abolicionista son supuestamente amenazadoras para la sociedad y la comunidad universitaria. El camino que ha tomado la institución resulta ciertamente aterrador: el veto de la puta genera una incómoda incertidumbre con respecto a la civilidad, la convivencia social, el respeto a los derechos humanos y la difusión del conocimiento.
Más allá de que el evento universitario pueda justificarse como un ejercicio amparado en la libertad de expresión y la autonomía de la universidad, dado que la prostitución es un debate abierto no solo en el movimiento feminista sino también en nuestra sociedad, las jornadas eran merecedoras de atención por otro tipo de razones. Abordar las realidades del trabajo sexual no es solo hablar de prostitución, de sus condiciones laborales, de cómo les afecta la legislación migratoria, de las consecuencias de la Ley Mordaza o la penalización de los clientes. Las ciencias sociales, con su correspondiente rigor y metodologías, nos permiten conocer otras opciones que caen bajo el mismo paraguas del trabajo sexual, pero que posiblemente son menos conocidas para el público en general.
Imposición
Es el caso de la asistencia sexual para personas con diversidad funcional, quienes lejos de ser ángeles sin sexo son sujetos que reclaman el derecho al propio cuerpo y la sexualidad. Hay quien desea y necesita el apoyo de una persona profesional para explorar su cuerpo, masturbarse, cambiar de posición, utilizar un juguete sexual o tener un orgasmo. Conocer el trabajo de la -o del- asistente sexual es una forma de evitar la confusión con respecto a lo que hacen y cómo lo hacen, pues su trabajo no consiste en mantener sexo con la persona con diversidad funcional sino en facilitar la masturbación o la relación con otra persona.
En todo caso, no se puede pasar por alto que la suspensión de las jornadas por parte de la institución académica, participa de la imposición del discurso dominante y la agenda marcada por el feminismo abolicionista. Sobre este episodio sumamente reaccionario se construyen discursos y políticas públicas que afectan a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y que suplantan sus intereses, demandas, vivencias y cuestionamientos propios sobre cómo se organiza la industria del sexo. La cuestión se ha tornado cada vez más preocupante porque está liderada por personas bien posicionadas y con gran influencia social: académicas, representantes públicos y colectivos o entidades de carácter feminista muy afines a los partidos políticos.
Para concluir, desde una visión de derechos humanos y desde mi compromiso feminista por no limitar la libertad de expresión, quiero incidir en la idea de que la prostitución contada por las putas no puede convertirse de nuevo en un tabú, en un tema sucio, en una realidad conflictiva. Es importante señalar que lo que estamos presenciando no es exclusivamente una batalla por el conocimiento y la verdad, hay una lucha por el poder de la palabra y una vuelta a la erotofobia. Las peticiones de censura por parte del feminismo abolicionista obedecen a la imposición de un único punto de vista, un único relato, una única opción sobre la manera en la que las mujeres deben vivir la sexualidad, la relación con su cuerpo o simplemente, sobrevivir. Pero asimismo responden a la persecución de una serie de valores y conductas sexuales. Existe una deliberada maniobra política para convertir el trabajo sexual, ya sea la prostitución, la pornografía o incluso la asistencia sexual, en focos de ansiedades sociales.
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