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| Imagen: El Salto |
Una plataforma que agrupa a 62 organizaciones pide tipificar el acoso en las puertas de las clínicas que practican interrupciones del embarazo en el Código Penal. La Plataforma se ha reunido con PSOE, Ciudadanos y PP, que se han mostrado receptivos a sus propuestas. El PP no respondió a su petición para reunirse.
Patricia Reguero | El Salto, 2019-09-24
https://www.elsaltodiario.com/aborto/mas-8000-mujeres-sufrido-acoso-someterse-aborto-ive-desde-2010
La Plataforma Pro Derechos, una agrupación de 62 organizaciones que se ha presentado hoy, ha hecho pública esta mañana la campaña #AbortoSinAcoso, con la que quieren denuncian el “hostigamiento” que sufren las mujeres que acuden a las clínicas autorizadas para realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un derecho reconocido en la Ley de Salud Sexual y reproductiva de 2010.
Desde que se aprobó esta ley, más de 8.000 mujeres han pasado por esta situación. Son datos que la plataforma califica como “conservadores” y que se basan en el hecho de que cada año, desde la aprobación de la ley que permite abortar en las primeras 14 semanas de gestación, las clínicas reportan una media de cien acciones de este tipo en sus puertas.
La dinámica no es nueva: grupos en las puertas de centros sanitarios donde se realizan IVE abordan a las mujeres y a los trabajadores de estas clínicas. Mostrar pequeños féretros, instalar ambulancias en las que se ofrecen a realizar ecografías y entregarles información falsas son algunas de sus estratagemas.
“El acoso a estos centros ha sido constante desde 1985, cuando se aprobó la primera ley, pero este hostigamiento no solo no ha cesado sino que se ha recrudecido”, ha explicado Sonia Lamas, de Enclave Feminista, una de las organizaciones que integran la Plataforma. “La impunidad anima a estos grupos, no hay consecuencias”, asegura.
La Plataforma ha convocado un acto cívico y pacífico en las inmediaciones de la clínica Dator, un emblema del derecho al aborto al ser la primer clínica que practicó abortos, el miércoles a las 12.30h.
Acabar con la impunidad
Para acabar con esa impunidad, la Plataforma pide la creación de un tipo específico dentro del Código Penal, una petición que han hecho llegar a los grupos parlamentarios y partidos políticos. Este tipo seguiría el modelo francés, que castiga específicamente este hostigamiento. Para la Plataforma, de esta manera se acabaría con la situación actual, en la que es la propia víctima del hostigamiento quien debe dar el paso de interponer una denuncia que podría encajar en diferentes ilícitos penales como las coacciones, la violación del derecho a la intimidad o las injurias. Delitos todos ellos que son interpetables y que difícilmente acaban en condena.
La presentación de esta propuesta coincide con el inicio de la iniciativa “40 días por la vida”, una “campaña nacional de oración”, un movimiento provida que utiliza una idea también conocida de estos grupos, que en algunas ciudades como en Málaga ya han organizados estas oraciones durante la Cuaresma.
Para Cristina Colom, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, el valor de este nuevo tipo sería clarificar la situación específica que se produce en las clínicas porque, pese que podrían aplicarse diferentes ilícitos penales, en la práctica cuando estas denuncias llegan a juicio, son interpretables por los jueces. Con este tipo “la duda se disipa”, ha explicado Colom.
José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI) ha explicado que este hostigamiento se produce en varios niveles que atañen a diferentes administraciones públicas: en primer lugar se trata de problema de orden público, dado que el hostigamiento se produce en la calle y sin los permisos pertinentes. En segundo lugar, hay un problema sanitario, porque es una situación que dificulta las garantías consagradas en la ley de poder acceder a un servicio sanitario público en condiciones de igualdad.
Por eso, la Plataforma ha acudido a diferentes administraciones donde, aseguran, han tomado nota sin que esto se haya traducido hasta ahora en medidas concretas, en parte por la situación política generada por la convocatoria electoral.
Sobre si han mantenido contacto con grupos políticos, han explicado que tanto PSOE como Unidas Podemos y Ciudadanos han mostrado sensibilidad por el tema por el que, han explicado, han mostrado su sorpresa. El PP, que recibió la misma invitación que los demás partidos, no contestó.
Acoso a trabajadoras
Por su parte Ana Sánchez de la Coba, Secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT, ha explicado cómo este acoso se extiende también a las trabajadoras —que son mayoría— y trabajadores de estos centros.
“Las trabajadoras ven vulnerado el derecho al respeto y al trabajo digno” con estas acciones, ha explicado. Para Sánchez, la vulneración de derechos va más allá de las trabajadoras porque “tenemos un derecho recogido en la ley, que es el derecho a decidir, y se está vulnerando”. Por culpa de estas acciones, asegura, “las mujeres llegan a los centros con ansiedad y miedo” y los trabajadores “tienen que soportar que les increpen y les insulten”.
Además del acoso en la puertas de las clínicas, ACAI ha explicado que existen otras formas de hostigamiento. Así, esta organización tiene constancia de al menos quince denuncias interpuestas contra clínicas por supuestamente difundir información falsa, la mayoría interpuestas por la Asociación Abogados Cristianos, en Andalucía, Madrid, Asturias, Galicia, Zaragoza y Castilla y León.
El mecanismo de las organizaciones antielección es internacional. “Esperemos que no lleguen a la situación de EE UU donde se dispara en las puertas de las clínicas”, han explicado.
Desde que se aprobó esta ley, más de 8.000 mujeres han pasado por esta situación. Son datos que la plataforma califica como “conservadores” y que se basan en el hecho de que cada año, desde la aprobación de la ley que permite abortar en las primeras 14 semanas de gestación, las clínicas reportan una media de cien acciones de este tipo en sus puertas.
La dinámica no es nueva: grupos en las puertas de centros sanitarios donde se realizan IVE abordan a las mujeres y a los trabajadores de estas clínicas. Mostrar pequeños féretros, instalar ambulancias en las que se ofrecen a realizar ecografías y entregarles información falsas son algunas de sus estratagemas.
“El acoso a estos centros ha sido constante desde 1985, cuando se aprobó la primera ley, pero este hostigamiento no solo no ha cesado sino que se ha recrudecido”, ha explicado Sonia Lamas, de Enclave Feminista, una de las organizaciones que integran la Plataforma. “La impunidad anima a estos grupos, no hay consecuencias”, asegura.
La Plataforma ha convocado un acto cívico y pacífico en las inmediaciones de la clínica Dator, un emblema del derecho al aborto al ser la primer clínica que practicó abortos, el miércoles a las 12.30h.
Acabar con la impunidad
Para acabar con esa impunidad, la Plataforma pide la creación de un tipo específico dentro del Código Penal, una petición que han hecho llegar a los grupos parlamentarios y partidos políticos. Este tipo seguiría el modelo francés, que castiga específicamente este hostigamiento. Para la Plataforma, de esta manera se acabaría con la situación actual, en la que es la propia víctima del hostigamiento quien debe dar el paso de interponer una denuncia que podría encajar en diferentes ilícitos penales como las coacciones, la violación del derecho a la intimidad o las injurias. Delitos todos ellos que son interpetables y que difícilmente acaban en condena.
La presentación de esta propuesta coincide con el inicio de la iniciativa “40 días por la vida”, una “campaña nacional de oración”, un movimiento provida que utiliza una idea también conocida de estos grupos, que en algunas ciudades como en Málaga ya han organizados estas oraciones durante la Cuaresma.
Para Cristina Colom, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, el valor de este nuevo tipo sería clarificar la situación específica que se produce en las clínicas porque, pese que podrían aplicarse diferentes ilícitos penales, en la práctica cuando estas denuncias llegan a juicio, son interpretables por los jueces. Con este tipo “la duda se disipa”, ha explicado Colom.
José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI) ha explicado que este hostigamiento se produce en varios niveles que atañen a diferentes administraciones públicas: en primer lugar se trata de problema de orden público, dado que el hostigamiento se produce en la calle y sin los permisos pertinentes. En segundo lugar, hay un problema sanitario, porque es una situación que dificulta las garantías consagradas en la ley de poder acceder a un servicio sanitario público en condiciones de igualdad.
Por eso, la Plataforma ha acudido a diferentes administraciones donde, aseguran, han tomado nota sin que esto se haya traducido hasta ahora en medidas concretas, en parte por la situación política generada por la convocatoria electoral.
Sobre si han mantenido contacto con grupos políticos, han explicado que tanto PSOE como Unidas Podemos y Ciudadanos han mostrado sensibilidad por el tema por el que, han explicado, han mostrado su sorpresa. El PP, que recibió la misma invitación que los demás partidos, no contestó.
Acoso a trabajadoras
Por su parte Ana Sánchez de la Coba, Secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT, ha explicado cómo este acoso se extiende también a las trabajadoras —que son mayoría— y trabajadores de estos centros.
“Las trabajadoras ven vulnerado el derecho al respeto y al trabajo digno” con estas acciones, ha explicado. Para Sánchez, la vulneración de derechos va más allá de las trabajadoras porque “tenemos un derecho recogido en la ley, que es el derecho a decidir, y se está vulnerando”. Por culpa de estas acciones, asegura, “las mujeres llegan a los centros con ansiedad y miedo” y los trabajadores “tienen que soportar que les increpen y les insulten”.
Además del acoso en la puertas de las clínicas, ACAI ha explicado que existen otras formas de hostigamiento. Así, esta organización tiene constancia de al menos quince denuncias interpuestas contra clínicas por supuestamente difundir información falsa, la mayoría interpuestas por la Asociación Abogados Cristianos, en Andalucía, Madrid, Asturias, Galicia, Zaragoza y Castilla y León.
El mecanismo de las organizaciones antielección es internacional. “Esperemos que no lleguen a la situación de EE UU donde se dispara en las puertas de las clínicas”, han explicado.
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