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| Imagen: El Periódico |
El acuerdo pasaría por una pena inferior a los dos años de prisión y el pago de una indemnización a la familia de la víctima. Los abogados de los policías intentan expulsar del proceso a la acusación popular, que se resiste a una conformidad.
Jesús G. Albalat | El Periódico, 2016-02-25
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-mossos-procesados-muerte-benitez-raval-buscan-pacto-evitar-carcel-4929278
La defensa de los mossos procesados por la muerte de Juan Andrés Benítez en una reducción policial el 6 de octubre del 2013 en el barrio barcelonés del Raval están negociando con la Fiscalía de Barcelona y la acusación particular una condena pactada por homicidio imprudente, que reduciría la pena para los agentes a menos de dos años de prisión y, por lo tanto, les libraría de entrar en la cárcel, según han informado fuentes jurídicas. Este acuerdo pasaría por la aceptación del delito y el pago de una indemnización a los familiares del fallecido.
"Estamos acercando posiciones, pero todavia no hay un acuerdo definitivo, pues la fiscalía y la acusación particular, por ahora, siguen manteniendo que el fallecimiento de Benítez fue consecuencia de un homicidio doloso (intencionado o sabiendo el riesgo de producir muerte) y no imprudente", han asegurado abogados personados en la causa. El principal escollo, según las mismas fuentes, es la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos, que se resiste en rebajar a imprudente el homicidio.
En el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ha celebrado este miércoles una vista para resolver los recursos de los seis Mossos d'Esquadra acusados que pretenden evitar ser juzgados por un jurado popular argumentando que, a lo sumo, los hechos constituyen un delito de homicidio imprudente, competencia de un tribunal profesional.
Expulsión
En esta vista, el abogado José María Fuster Fabra, que representa a la mayoría de los mossos procesados, ha solicitado que se aplique un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría la expulsión del proceso de la acusación popular. El artículo 109 bis detalla que "la acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito".
El abogado David Aineto, que representa a la familia de Beníntez, ha manifestado en la vista que la familia de la víctima se siente ya bien defendida por él mismo. La fiscal del caso, Elena Contreras, ha advertido al tribunal de que apartar del proceso a la acusación popular podría permitir que fructificaran las "conversaciones" que las partes están manteniendo para "la finalización del proceso abierto".
La juez instructora ha enviado a los seis agentes a un juicio con jurado popular por un delito de homicidio -y a otros dos como encubridores-, tras concluir que causaron la muerte de Benítez al reducirlo de forma "violenta y desproporcionada". La fiscalía pide 11 años de cárcel y una indemnización para la familia de la víctima de 200.000 euros.
"Clara situación de riesgo"
La jueza Eva Moltó, que investigó el caso, destacó en su auto de apertura de juicio oral de abril del 2015 que los agentes, que propinaron golpes, puñetazos y patadas a Juan Andrés Benítez tras abalanzarse sobre él, «colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podría desembocar en su fallecimiento, conociendo y aceptando, por tanto, que este resultado podría producirse». Eso sí, la togada dejó la puerta abierta a otra hipótesis: que los mossos tuvieran «como pretensión la de lesionarle contraviniendo, al efectuarlo, tanto las normas mínimas de cuidado que se asumirían por un ciudadano medio, como sus deberes profesionales» como agentes de policía.
"Estamos acercando posiciones, pero todavia no hay un acuerdo definitivo, pues la fiscalía y la acusación particular, por ahora, siguen manteniendo que el fallecimiento de Benítez fue consecuencia de un homicidio doloso (intencionado o sabiendo el riesgo de producir muerte) y no imprudente", han asegurado abogados personados en la causa. El principal escollo, según las mismas fuentes, es la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos, que se resiste en rebajar a imprudente el homicidio.
En el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ha celebrado este miércoles una vista para resolver los recursos de los seis Mossos d'Esquadra acusados que pretenden evitar ser juzgados por un jurado popular argumentando que, a lo sumo, los hechos constituyen un delito de homicidio imprudente, competencia de un tribunal profesional.
Expulsión
En esta vista, el abogado José María Fuster Fabra, que representa a la mayoría de los mossos procesados, ha solicitado que se aplique un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría la expulsión del proceso de la acusación popular. El artículo 109 bis detalla que "la acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito".
El abogado David Aineto, que representa a la familia de Beníntez, ha manifestado en la vista que la familia de la víctima se siente ya bien defendida por él mismo. La fiscal del caso, Elena Contreras, ha advertido al tribunal de que apartar del proceso a la acusación popular podría permitir que fructificaran las "conversaciones" que las partes están manteniendo para "la finalización del proceso abierto".
La juez instructora ha enviado a los seis agentes a un juicio con jurado popular por un delito de homicidio -y a otros dos como encubridores-, tras concluir que causaron la muerte de Benítez al reducirlo de forma "violenta y desproporcionada". La fiscalía pide 11 años de cárcel y una indemnización para la familia de la víctima de 200.000 euros.
"Clara situación de riesgo"
La jueza Eva Moltó, que investigó el caso, destacó en su auto de apertura de juicio oral de abril del 2015 que los agentes, que propinaron golpes, puñetazos y patadas a Juan Andrés Benítez tras abalanzarse sobre él, «colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podría desembocar en su fallecimiento, conociendo y aceptando, por tanto, que este resultado podría producirse». Eso sí, la togada dejó la puerta abierta a otra hipótesis: que los mossos tuvieran «como pretensión la de lesionarle contraviniendo, al efectuarlo, tanto las normas mínimas de cuidado que se asumirían por un ciudadano medio, como sus deberes profesionales» como agentes de policía.
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