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| Imagen: Cadena SER / CETI de Melilla |
La Fiscalía investiga los hechos y ya ha tomado declaración al acusado y a directivos del centro. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social suspende de empleo y sueldo al trabajador después de llevar a cabo una investigación interna. La sanción es por el momento de seis meses. Al menos dos refugiados denunciaron ante la dirección del centro “tocamientos, a cambio de facilitar los trámites para salir" por parte de este empleado del CETI dependiente el ministerio. 78 internos, en su gran mayoría sirios, también firmaron en octubre del año pasado un escrito de protesta contra “el maltrato, humillaciones, gritos e insultos” de este “contratado”.
Nicolás Castellano | Cadena SER, 2016-02-24
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456256334_056339.html
En el primer día que accedía al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, un joven sirio que empleó 10 meses para llegar desde su país a Melilla se encontró con una “situación vergonzosa y embarazosa por parte del asistente social la primera vez que entré en el centro. Yo llevaba un pantalón y la cremallera de la bragueta estaba rota, me miró la cremallera, se puso de pie y me puso la mano sobre esa parte , sobre mis genitales, que me toqueteó. Esto hizo que me horrorizara, por lo que le agarré la mano y le empujé”, además de preguntarle si estaba casado o si había mantenido alguna vez relaciones homosexuales “lo cual terminó por intimidarme”. Es la queja escrita, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, que este sirio presentó ante la dirección del CETI de Melilla y que hizo llegar a otros actores humanitarios que acceden el centro, buscando poner freno a lo que según él y otros muchos eran “abusos reiterados” de este trabajador del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que lleva muchos años en el CETI.
“Espero señor director que entienda mi queja y que sepa que no solo me ha pasado a mí , sino a la mayoría de los individuos que entran al CETI por primera vez y que, por desgracia, fueron atendidos por este trabajador . Estos no han presentado ninguna queja por miedo a que se le negara la salida a la península o que sufrieran un trato abusivo por su parte” escribe en árabe en un escrito cuya traducción jurada lleva como fecha el 5 de octubre del año pasado.
Otro joven, también sirio, se encontró con el trabajador señalado para la entrega de la llamada tarjeta verde, la que da acceso al centro, “me llevó a la oficina, lo cual era normal, pero luego me llevó a otra oficina con la excusa de que tenía que hacerme una fotografía. Cerró la puerta de la oficina y luego me puso la mano sobre el pene, intenté impedírselo pero volvió a hacerlo. Empezó a preguntar que si hablaba español, le dije que no, luego me preguntó que si nos veíamos fuera del CETI y yo le contesté que no iba a salir del CETI. Luego me hizo la fotografía y me dijo que la mirara desde detrás de la mesa, y volvió a cogerme el pene, y me dijo que no tuviera miedo y que me quedara tranquilo. Salí de ahí atemorizado “escribe en otra queja escrita a l que también ha tenido acceso esta emisora.
Son los dos casos que denunciaron por escrito el presunto acoso sexual al que fueron sometidos por “el contratado laboral” y que en una “Instrucción de la Inspección General de Servicios “del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , a la que ha tenido acceso la SER, se describen como “supuestos tocamientos vejatorios de naturaleza sexual y conductas inadecuadas con los residentes” por parte de este trabajador, aunque no son las únicas quejas contra él.
Queja colectiva de 78 refugiados más
“Solicitamos que se tenga en cuenta el comportamiento del asistente social […] debido a su maltrato hacia los residentes del CETI con humillaciones, gritos, insultos, e incluso con amenazas de que se le prohibirá la salida a la península” denuncian en una queja también escrita en árabe y que lleva la firma de 78 residentes del CETI en su gran mayoría ciudadanos sirios. En el escrito describen una serie de ejemplos de cómo les trataba este trabajador del centro.
“No contesta a las preguntas de los residentes y les grita cuando le piden cualquier explicación diciéndoles en árabe ¡fuera! ¡fuera!” añaden que “entra a las habitaciones y a las tiendas de las mujeres de golpe y sin avisar, lo que es contrario a las costumbres y tradiciones orientales. Cuando una mujer habla con él por esto, él le contesta que hace lo que le da la gana y que si no le gusta que vuelvan a la guerra en Siria” que “se mofa de las opiniones de los residentes y de sus sugerencias. Se comporta de mala manera, llegando a no respetar los derechos humanos” detallan por escrito en los documentos, a los que también ha accedido esta emisora, y que fueron enviados a la dirección del CETI.
Finalmente se dirigen al director del centro agradeciendo que puedan presentar una queja sobre cualquier empleado que tenga este “comportamiento utilizando su autoridad para humillar a las personas”.
“Ha sido un procedimiento rápido y se ha suspendido inmediatamente al trabajador"
La cronología del caso arranca tras las quejas por escrito de los residentes, firmadas los primeros días de octubre de 2015. Esas cartas , tanto la conjunta de los casi 80 refugiados denunciando “ maltrato” como las dos específicas en las que se habla de “acoso sexual” llegaron traducidas del árabe al español a la dirección del CETI el 5 de octubre según fuentes del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales.
Según estas fuentes consultadas por la SER “desde el momento en el que el director del CETI tuvo conocimiento de las quejas las pone en conocimiento del Ministerio y tras valorar los hechos denunciados y ante su gravedad la Subsecretaría del Ministerio ordenó la intervención de la Inspección General de los Servicios” afirman.
Primero visitaron Melilla dos inspectores para una primera averiguación preliminar de los hechos, “del 19 al 23 de octubre” y fue el 11 de noviembre “en base a los procedimientos administrativos pertinentes cuando se inicia el expediente sancionador contra el trabajador , y desde ese momento se le suspende de empleo y sueldo por 6 meses de manera provisional hasta que acabe el procedimiento administrativo” aseguran desde el Ministerio que dirige Fátima Báñez.
Además estas fuentes ministeriales añaden que “ha sido un procedimiento rápido y se ha suspendido inmediatamente al trabajador” esto sucedió días antes de enviar la inspección de servicios del Ministerio que permaneció en Melilla del 23 al 27 de noviembre “que tiene ya por objeto instruir formalmente un procedimiento sancionador” pero “dada la gravedad de los hechos, por una infracción muy grave y otra grave” se le decidió suspender 6 meses de manera temporal.
En ambas ocasiones “los inspectores actuantes e instructores actuantes se entrevistaron con trabajadores del Centro, con representantes de ONGs (ACNUR, ACCEM y Cruz Roja) y con los propios residentes del Centro” para averiguar todos los detalles de lo sucedido, según el Ministerio.
Sin embargo, otras fuentes conocedoras del proceso señalan que “el director del CETI a pesar de tener conocimiento de los hechos no pidió la investigación hasta que recibió una llamada de una ONG días después desde Madrid mostrando su preocupación” afirman. Sin embargo desde el Ministerio insisten en que se produjo por iniciativa propia y de manera inmediata.
Finalmente el Ministerio trasladó el caso a la Fiscalía de Melilla el 10 de diciembre “ante la gravedad de los hechos y al considerar que los hechos de uno de los cargos imputados pudiera constituir un ilícito penal” según estas fuentes ministeriales.
La investigación interna de noviembre duró una semana
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social abrió rápidamente una investigación interna, primero con la citada visita preliminar de dos inspectores en octubre y en el mes de noviembre envió a Melilla a un instructor de la Inspección General de Servicios, del propio departamento que dirige Fátima Báñez.
Este instructor entrevistó a varios internos y personal que trabaja en el CETI y en sus informes hace referencia a la presentación de “ dos denuncias por supuestos tocamientos vejatorios de naturaleza sexual, y de una denuncia firmada por 80 residentes por supuestos actos de desconsideración o trato inadecuado del referido trabajador” sobre lo que cuestiona a las personas que entrevista, según los documentos que obran en poder de la Cadena SER.
En esas pesquisas del Instructor del Ministerio, uno de los internos contesta a sus preguntas señalando que “además hay otros casos de acoso que no se han denunciado” como el de un amigo del interrogado que dice que lo convencieron para “que deje las cosas como están” responde al enviado del Ministerio. Y da otro nombre de otro interno, que según el testimonio del entrevistado por el Instructor, “estuvo 5 días sin hablar por miedo a represalias, otros no han denunciado por miedo, igualmente algunos firmantes de la denuncia se han retractado por eso mismo, sobre todo a raíz de la investigación de los hechos” afirma.
Este interno acaba señalando al Instructor del Ministerio que su denuncia tenía como objetivo que no vuelva a ocurrir y añade que la mayoría de los trabajadores “son buenos y que por la conducta indebida de alguno no debe mancharse la buena reputación del resto” concluye.
Entre los testimonios recabados por la Inspección de Servicio del Ministerio hay compañeros del investigado que califican su actitud de “mala” con los refugiados, que les grita expresiones como “que te follen”, y que dan verosimilitud a las denuncias contra ese trabajador “en base a que se tomaba demasiada confianza con algunos residentes” y también señala que ha escuchado “rumores de que si el residente accedía a tener relaciones sexuales con el señalado se aceleraban los trámites para salir a la península” un aspecto clave que señalan los denunciantes, ya que el sistema de traslados es tan arbitrario que según fuentes jurídicas “no hay ningún tipo de control y supervisión de esos traslados y muchas veces los funcionarios los usan diciendo a los internos que se tienen que portar bien si quieren salir antes del centro hacia la península” señala esta fuente que trabajó durante años en el CETI de Melilla.
Otras fuentes apuntan a que a raíz de la puesta en marcha de la Inspección de Servicios por parte del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales “hubo presiones a internos que denunciaron para que cambiaran su testimonio” afirman estas fuentes consultadas por la SER. Como resultado de esta inspección enviada por el Ministerio a Melilla se decidió suspenderlo de momento con 6 meses de empleo y sueldo en el marco de un expediente sancionador, “intentó aprovecharse de la situación de estas personas vulnerables y es intolerable y se castiga al máximo” aseguran a la SER fuentes del Ministerio.
La fiscalía de Melilla investiga los hechos
Según ha sabido la SER, el director del CETI puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos y se han abierto diligencias. La Fiscalía de Melilla ha abierto diligencias informativas, que todavía están pendientes de ser remitidas al juez, pero en las que ya ha tomado declaración al propio director del centro, a la subdirectora y al trabajador en cuestión, además de tener en su poder todas las quejas y de tener localizados a los refugiados que las presentaron. Fuentes de la Fiscalía aseguran a la SER que “es un expediente muy amplio, con muchos testimonios, algunos contradictorios” que tendrán que ser evaluados antes de decidir si hay algún lícito penal en la actuación y ponerlo en manos del juzgado correspondiente en los próximos días.
“El trabajador siguió entrando al CETI”
Hasta 3 fuentes confirman a la SER que el trabajador expedientado siguió accediendo al CETI después de ser sometido al citado expediente, una de esas fuentes asegura que lo ha hecho “casi todos los días”. De hecho la queja llegó al Defensor del Pueblo que, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, preguntó a este departamento al respecto hace un mes cuando el organismo que dirige Soledad Becerril decidió abrir también una investigación al respecto al recibir un escrito denunciando estos hechos.
Desde el Ministerio apuntan a que accedió en contadas ocasiones y siempre bajo supervisión, “desde el momento de la suspensión el trabajador cesó en sus funciones. Accedió al Centro en cuatro ocasiones, siempre acompañado por el personal del Centro, para entregar y recoger documentación en relación con el procedimiento de suspensión” concluyen estas fuentes.
“Espero señor director que entienda mi queja y que sepa que no solo me ha pasado a mí , sino a la mayoría de los individuos que entran al CETI por primera vez y que, por desgracia, fueron atendidos por este trabajador . Estos no han presentado ninguna queja por miedo a que se le negara la salida a la península o que sufrieran un trato abusivo por su parte” escribe en árabe en un escrito cuya traducción jurada lleva como fecha el 5 de octubre del año pasado.
Otro joven, también sirio, se encontró con el trabajador señalado para la entrega de la llamada tarjeta verde, la que da acceso al centro, “me llevó a la oficina, lo cual era normal, pero luego me llevó a otra oficina con la excusa de que tenía que hacerme una fotografía. Cerró la puerta de la oficina y luego me puso la mano sobre el pene, intenté impedírselo pero volvió a hacerlo. Empezó a preguntar que si hablaba español, le dije que no, luego me preguntó que si nos veíamos fuera del CETI y yo le contesté que no iba a salir del CETI. Luego me hizo la fotografía y me dijo que la mirara desde detrás de la mesa, y volvió a cogerme el pene, y me dijo que no tuviera miedo y que me quedara tranquilo. Salí de ahí atemorizado “escribe en otra queja escrita a l que también ha tenido acceso esta emisora.
Son los dos casos que denunciaron por escrito el presunto acoso sexual al que fueron sometidos por “el contratado laboral” y que en una “Instrucción de la Inspección General de Servicios “del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , a la que ha tenido acceso la SER, se describen como “supuestos tocamientos vejatorios de naturaleza sexual y conductas inadecuadas con los residentes” por parte de este trabajador, aunque no son las únicas quejas contra él.
Queja colectiva de 78 refugiados más
“Solicitamos que se tenga en cuenta el comportamiento del asistente social […] debido a su maltrato hacia los residentes del CETI con humillaciones, gritos, insultos, e incluso con amenazas de que se le prohibirá la salida a la península” denuncian en una queja también escrita en árabe y que lleva la firma de 78 residentes del CETI en su gran mayoría ciudadanos sirios. En el escrito describen una serie de ejemplos de cómo les trataba este trabajador del centro.
“No contesta a las preguntas de los residentes y les grita cuando le piden cualquier explicación diciéndoles en árabe ¡fuera! ¡fuera!” añaden que “entra a las habitaciones y a las tiendas de las mujeres de golpe y sin avisar, lo que es contrario a las costumbres y tradiciones orientales. Cuando una mujer habla con él por esto, él le contesta que hace lo que le da la gana y que si no le gusta que vuelvan a la guerra en Siria” que “se mofa de las opiniones de los residentes y de sus sugerencias. Se comporta de mala manera, llegando a no respetar los derechos humanos” detallan por escrito en los documentos, a los que también ha accedido esta emisora, y que fueron enviados a la dirección del CETI.
Finalmente se dirigen al director del centro agradeciendo que puedan presentar una queja sobre cualquier empleado que tenga este “comportamiento utilizando su autoridad para humillar a las personas”.
“Ha sido un procedimiento rápido y se ha suspendido inmediatamente al trabajador"
La cronología del caso arranca tras las quejas por escrito de los residentes, firmadas los primeros días de octubre de 2015. Esas cartas , tanto la conjunta de los casi 80 refugiados denunciando “ maltrato” como las dos específicas en las que se habla de “acoso sexual” llegaron traducidas del árabe al español a la dirección del CETI el 5 de octubre según fuentes del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales.
Según estas fuentes consultadas por la SER “desde el momento en el que el director del CETI tuvo conocimiento de las quejas las pone en conocimiento del Ministerio y tras valorar los hechos denunciados y ante su gravedad la Subsecretaría del Ministerio ordenó la intervención de la Inspección General de los Servicios” afirman.
Primero visitaron Melilla dos inspectores para una primera averiguación preliminar de los hechos, “del 19 al 23 de octubre” y fue el 11 de noviembre “en base a los procedimientos administrativos pertinentes cuando se inicia el expediente sancionador contra el trabajador , y desde ese momento se le suspende de empleo y sueldo por 6 meses de manera provisional hasta que acabe el procedimiento administrativo” aseguran desde el Ministerio que dirige Fátima Báñez.
Además estas fuentes ministeriales añaden que “ha sido un procedimiento rápido y se ha suspendido inmediatamente al trabajador” esto sucedió días antes de enviar la inspección de servicios del Ministerio que permaneció en Melilla del 23 al 27 de noviembre “que tiene ya por objeto instruir formalmente un procedimiento sancionador” pero “dada la gravedad de los hechos, por una infracción muy grave y otra grave” se le decidió suspender 6 meses de manera temporal.
En ambas ocasiones “los inspectores actuantes e instructores actuantes se entrevistaron con trabajadores del Centro, con representantes de ONGs (ACNUR, ACCEM y Cruz Roja) y con los propios residentes del Centro” para averiguar todos los detalles de lo sucedido, según el Ministerio.
Sin embargo, otras fuentes conocedoras del proceso señalan que “el director del CETI a pesar de tener conocimiento de los hechos no pidió la investigación hasta que recibió una llamada de una ONG días después desde Madrid mostrando su preocupación” afirman. Sin embargo desde el Ministerio insisten en que se produjo por iniciativa propia y de manera inmediata.
Finalmente el Ministerio trasladó el caso a la Fiscalía de Melilla el 10 de diciembre “ante la gravedad de los hechos y al considerar que los hechos de uno de los cargos imputados pudiera constituir un ilícito penal” según estas fuentes ministeriales.
La investigación interna de noviembre duró una semana
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social abrió rápidamente una investigación interna, primero con la citada visita preliminar de dos inspectores en octubre y en el mes de noviembre envió a Melilla a un instructor de la Inspección General de Servicios, del propio departamento que dirige Fátima Báñez.
Este instructor entrevistó a varios internos y personal que trabaja en el CETI y en sus informes hace referencia a la presentación de “ dos denuncias por supuestos tocamientos vejatorios de naturaleza sexual, y de una denuncia firmada por 80 residentes por supuestos actos de desconsideración o trato inadecuado del referido trabajador” sobre lo que cuestiona a las personas que entrevista, según los documentos que obran en poder de la Cadena SER.
En esas pesquisas del Instructor del Ministerio, uno de los internos contesta a sus preguntas señalando que “además hay otros casos de acoso que no se han denunciado” como el de un amigo del interrogado que dice que lo convencieron para “que deje las cosas como están” responde al enviado del Ministerio. Y da otro nombre de otro interno, que según el testimonio del entrevistado por el Instructor, “estuvo 5 días sin hablar por miedo a represalias, otros no han denunciado por miedo, igualmente algunos firmantes de la denuncia se han retractado por eso mismo, sobre todo a raíz de la investigación de los hechos” afirma.
Este interno acaba señalando al Instructor del Ministerio que su denuncia tenía como objetivo que no vuelva a ocurrir y añade que la mayoría de los trabajadores “son buenos y que por la conducta indebida de alguno no debe mancharse la buena reputación del resto” concluye.
Entre los testimonios recabados por la Inspección de Servicio del Ministerio hay compañeros del investigado que califican su actitud de “mala” con los refugiados, que les grita expresiones como “que te follen”, y que dan verosimilitud a las denuncias contra ese trabajador “en base a que se tomaba demasiada confianza con algunos residentes” y también señala que ha escuchado “rumores de que si el residente accedía a tener relaciones sexuales con el señalado se aceleraban los trámites para salir a la península” un aspecto clave que señalan los denunciantes, ya que el sistema de traslados es tan arbitrario que según fuentes jurídicas “no hay ningún tipo de control y supervisión de esos traslados y muchas veces los funcionarios los usan diciendo a los internos que se tienen que portar bien si quieren salir antes del centro hacia la península” señala esta fuente que trabajó durante años en el CETI de Melilla.
Otras fuentes apuntan a que a raíz de la puesta en marcha de la Inspección de Servicios por parte del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales “hubo presiones a internos que denunciaron para que cambiaran su testimonio” afirman estas fuentes consultadas por la SER. Como resultado de esta inspección enviada por el Ministerio a Melilla se decidió suspenderlo de momento con 6 meses de empleo y sueldo en el marco de un expediente sancionador, “intentó aprovecharse de la situación de estas personas vulnerables y es intolerable y se castiga al máximo” aseguran a la SER fuentes del Ministerio.
La fiscalía de Melilla investiga los hechos
Según ha sabido la SER, el director del CETI puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos y se han abierto diligencias. La Fiscalía de Melilla ha abierto diligencias informativas, que todavía están pendientes de ser remitidas al juez, pero en las que ya ha tomado declaración al propio director del centro, a la subdirectora y al trabajador en cuestión, además de tener en su poder todas las quejas y de tener localizados a los refugiados que las presentaron. Fuentes de la Fiscalía aseguran a la SER que “es un expediente muy amplio, con muchos testimonios, algunos contradictorios” que tendrán que ser evaluados antes de decidir si hay algún lícito penal en la actuación y ponerlo en manos del juzgado correspondiente en los próximos días.
“El trabajador siguió entrando al CETI”
Hasta 3 fuentes confirman a la SER que el trabajador expedientado siguió accediendo al CETI después de ser sometido al citado expediente, una de esas fuentes asegura que lo ha hecho “casi todos los días”. De hecho la queja llegó al Defensor del Pueblo que, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, preguntó a este departamento al respecto hace un mes cuando el organismo que dirige Soledad Becerril decidió abrir también una investigación al respecto al recibir un escrito denunciando estos hechos.
Desde el Ministerio apuntan a que accedió en contadas ocasiones y siempre bajo supervisión, “desde el momento de la suspensión el trabajador cesó en sus funciones. Accedió al Centro en cuatro ocasiones, siempre acompañado por el personal del Centro, para entregar y recoger documentación en relación con el procedimiento de suspensión” concluyen estas fuentes.
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