A la jurista chilena le quitaron a sus hijas por ser lesbiana. Hoy es un icono de la lucha por la diversidad sexual.
Rocío Montes | El País, 2016-02-16
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/15/america/1455570269_001164.html
En Chile, un país donde el divorcio se legalizó en 2004 y el aborto está penalizado en todas sus causales, la sociedad parece avanzar más rápido que sus leyes. Las técnicas de fertilización asistida y de maternidad subrogada han posibilitado la conformación de familias diversas. “Los menores que viven con progenitores del mismo sexo, sin embargo, se encuentran en absoluta desprotección jurídica y el Estado los discrimina respecto a los otros niños”, señala la juez Karen Atala, directora de Fundación Iguales, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual. “La ley solo les reconoce su vínculo filial con uno de sus padres o madres. ¿Y qué pasaría si esa pareja se separa, o muere uno de ellos, por ejemplo? Los hijos quedarían absolutamente desprotegidos”.
Atala, de 52 años, conoce los prejuicios con que en ocasiones actúan las instituciones. En mayo de 2004, la Corte Suprema determinó que no podía tener la custodia de sus tres hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja. Fue el primer caso de estas características que se conoció en la opinión pública chilena y encendió el debate. Las niñas tenían tres, cuatro y ocho años cuando la justicia se las quitó y entregó al padre, el exesposo de la magistrada, que la acusaba de no estar capacitada para ejercer su maternidad por ser homosexual. Las dos pequeñas todavía dormían con ella y la menor usaba pañales por la noche. “Ser privada de criar a tus propias hijas, que tuviste en tu vientre, pariste y amamantaste, es un dolor que no se puede explicar”, señaló la juez en agosto de 2011, en la audiencia pública del juicio que emprendió contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El juicio estuvo lleno de anomalías. Antes de que su caso fuera conocido por la ciudadanía, uno de sus superiores en el Poder Judicial la citó a su despacho para exigirle que actuara con “dignidad y decoro” y entregara a sus niñas. Revisaron su computador y las páginas web que visitaba y hasta interrogaron a sus compañeros de trabajo. El magistrado que debía resolver su caso le solicitó exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual. Todo el proceso, en definitiva, estaba basado en un prejuicio, que ser mujer heterosexual es sinónimo de ser buena madre y ser mujer lesbiana, de mala madre y promiscuidad. Y terminó con una sentencia de la Corte Suprema, de última instancia, por la que Atala perdió para siempre la posibilidad de ver crecer a sus niñas, que vivieron toda su infancia fuera de Santiago junto a su padre. Actualmente tienen 16, 17 y 21 años.
De todo eso han pasado más de 10 años: “Y afortunadamente una sentencia como la de la Corte Suprema, basada en la argumentación jurídica de que los niños y las niñas deben vivir en el seno de una familia tradicional, no creo que se vuelva a replicar en Chile”, señala la juez Atala. Comenzó un máster en Filosofía del Género para entender por qué le habían quitado a sus niñas. Pero sobre todo, sin dejar de ser juez, decidió que iba a convertirse en activista por los derechos de la diversidad. “Parafraseando a las víctimas de la dictadura, para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir que a una madre lesbiana o un padre gay le quiten a sus hijos por su orientación sexual”, dice. Hoy es un icono en Chile.
En la línea de otros países
La CIDH condenó en 2012 al Estado de Chile por este caso. La sentencia determinó que el Estado debía ejecutar diversas medidas de reparación para Atala y sus hijas. La decisión sentó jurisprudencia a nivel latinoamericano, porque determinó por primera vez que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Además, estableció que el interés superior del menor no puede servir de carta blanca para que el juez valide sus prejuicios y estereotipos en el momento de resolver. El fallo se cita frecuentemente en causas de familia en la región y se estudia en las facultades.
Mientras, Chile ha intentado avanzar en la línea de otros países latinoamericanos: a raíz del caso Atala aprobó una ley antidiscriminación y, recientemente, la ley que permite las uniones de parejas del mismo sexo, el Acuerdo de Unión Civil (AUC). Atala reconoce la trascendencia de los avances de los últimos 10 años, aunque piensa que “la sociedad chilena, en un porcentaje importante, sigue siendo clasista, racista, xenofóbica y discriminatoria hacia la diversidad sexual”.
El camino hacia la plena igualdad jurídica recién comienza, explica Atala. Y analiza recientes fallos en estas materias de países como México, Colombia y Argentina: “Nuestro país se empieza a quedar solo en el concierto internacional”. Tras la entrada en vigencia de la Unión Civil, que este verano ha permitido la celebración de cientos de uniones de parejas del mismo sexo, “Chile ahora debe aprobar el matrimonio y adopción igualitarios, ojalá antes de que termine esta década”.
La juez indica que es la lucha que viene, porque el derecho a contraer matrimonio es la puerta de entrada a otros derechos. Sobre todo cuando en Chile hay alrededor de 8.000 leyes que regulan a los cónyuges. “Las parejas gays, además, constituimos familias, por lo tanto nuestra segunda demanda es el reconocimiento a la lesbo-maternidad y a la gay-parentalidad. Chile, que pertenece al club de países OCDE, debe estar a la altura”, señala la juez.
Educar a los trabajadores públicos
El caso Atala hizo arrancar en Chile la discusión sobre los derechos de las familias diversas. Y el fallo de la CIDH dejó una tarea al Estado: la obligación de capacitar a todos los funcionarios públicos, especialmente a los del Poder Judicial, en materias relativas a los derechos humanos, LGTB y antidiscriminación. “Como constataron que mi caso obedeció a una discriminación estructural, endémica e histórica de prejuicios y estereotipos negativos, la CIDH solicitó a Chile que eduque a los trabajadores de las instituciones públicas”, dice la juez.
Atala, sin embargo, señala que eso no está sucediendo, pese a que el fallo se conoció en 2012: “El Estado de Chile está en deuda y debe cumplir los dictámenes internacionales si no quiere replicar las mismas conductas discriminatorias”.
Atala, de 52 años, conoce los prejuicios con que en ocasiones actúan las instituciones. En mayo de 2004, la Corte Suprema determinó que no podía tener la custodia de sus tres hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja. Fue el primer caso de estas características que se conoció en la opinión pública chilena y encendió el debate. Las niñas tenían tres, cuatro y ocho años cuando la justicia se las quitó y entregó al padre, el exesposo de la magistrada, que la acusaba de no estar capacitada para ejercer su maternidad por ser homosexual. Las dos pequeñas todavía dormían con ella y la menor usaba pañales por la noche. “Ser privada de criar a tus propias hijas, que tuviste en tu vientre, pariste y amamantaste, es un dolor que no se puede explicar”, señaló la juez en agosto de 2011, en la audiencia pública del juicio que emprendió contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El juicio estuvo lleno de anomalías. Antes de que su caso fuera conocido por la ciudadanía, uno de sus superiores en el Poder Judicial la citó a su despacho para exigirle que actuara con “dignidad y decoro” y entregara a sus niñas. Revisaron su computador y las páginas web que visitaba y hasta interrogaron a sus compañeros de trabajo. El magistrado que debía resolver su caso le solicitó exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual. Todo el proceso, en definitiva, estaba basado en un prejuicio, que ser mujer heterosexual es sinónimo de ser buena madre y ser mujer lesbiana, de mala madre y promiscuidad. Y terminó con una sentencia de la Corte Suprema, de última instancia, por la que Atala perdió para siempre la posibilidad de ver crecer a sus niñas, que vivieron toda su infancia fuera de Santiago junto a su padre. Actualmente tienen 16, 17 y 21 años.
De todo eso han pasado más de 10 años: “Y afortunadamente una sentencia como la de la Corte Suprema, basada en la argumentación jurídica de que los niños y las niñas deben vivir en el seno de una familia tradicional, no creo que se vuelva a replicar en Chile”, señala la juez Atala. Comenzó un máster en Filosofía del Género para entender por qué le habían quitado a sus niñas. Pero sobre todo, sin dejar de ser juez, decidió que iba a convertirse en activista por los derechos de la diversidad. “Parafraseando a las víctimas de la dictadura, para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir que a una madre lesbiana o un padre gay le quiten a sus hijos por su orientación sexual”, dice. Hoy es un icono en Chile.
En la línea de otros países
La CIDH condenó en 2012 al Estado de Chile por este caso. La sentencia determinó que el Estado debía ejecutar diversas medidas de reparación para Atala y sus hijas. La decisión sentó jurisprudencia a nivel latinoamericano, porque determinó por primera vez que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Además, estableció que el interés superior del menor no puede servir de carta blanca para que el juez valide sus prejuicios y estereotipos en el momento de resolver. El fallo se cita frecuentemente en causas de familia en la región y se estudia en las facultades.
Mientras, Chile ha intentado avanzar en la línea de otros países latinoamericanos: a raíz del caso Atala aprobó una ley antidiscriminación y, recientemente, la ley que permite las uniones de parejas del mismo sexo, el Acuerdo de Unión Civil (AUC). Atala reconoce la trascendencia de los avances de los últimos 10 años, aunque piensa que “la sociedad chilena, en un porcentaje importante, sigue siendo clasista, racista, xenofóbica y discriminatoria hacia la diversidad sexual”.
El camino hacia la plena igualdad jurídica recién comienza, explica Atala. Y analiza recientes fallos en estas materias de países como México, Colombia y Argentina: “Nuestro país se empieza a quedar solo en el concierto internacional”. Tras la entrada en vigencia de la Unión Civil, que este verano ha permitido la celebración de cientos de uniones de parejas del mismo sexo, “Chile ahora debe aprobar el matrimonio y adopción igualitarios, ojalá antes de que termine esta década”.
La juez indica que es la lucha que viene, porque el derecho a contraer matrimonio es la puerta de entrada a otros derechos. Sobre todo cuando en Chile hay alrededor de 8.000 leyes que regulan a los cónyuges. “Las parejas gays, además, constituimos familias, por lo tanto nuestra segunda demanda es el reconocimiento a la lesbo-maternidad y a la gay-parentalidad. Chile, que pertenece al club de países OCDE, debe estar a la altura”, señala la juez.
Educar a los trabajadores públicos
El caso Atala hizo arrancar en Chile la discusión sobre los derechos de las familias diversas. Y el fallo de la CIDH dejó una tarea al Estado: la obligación de capacitar a todos los funcionarios públicos, especialmente a los del Poder Judicial, en materias relativas a los derechos humanos, LGTB y antidiscriminación. “Como constataron que mi caso obedeció a una discriminación estructural, endémica e histórica de prejuicios y estereotipos negativos, la CIDH solicitó a Chile que eduque a los trabajadores de las instituciones públicas”, dice la juez.
Atala, sin embargo, señala que eso no está sucediendo, pese a que el fallo se conoció en 2012: “El Estado de Chile está en deuda y debe cumplir los dictámenes internacionales si no quiere replicar las mismas conductas discriminatorias”.
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