Amnistía Internacional denuncia en su informe anual que las campañas de seguridad nacional restringen las libertades y los derechos humanos. Amnistía documentó en 2015 que hasta 122 Estados ejercieron la tortura, 113 recortaron la libertad de expresión y 30 obligaron ilegalmente a retornar a refugiados a países donde corrían peligro. Entre los avances positivos: tres países abolieron la pena de muerte. Amnistía sitúa la prioridad para el año en curso en la asistencia a los refugiados.
A. Larrañeta | 20 Minutos, 2016-02-24
http://www.20minutos.es/noticia/2679550/0/amnistia-internacional/evaluacion-anual/derechos-humanos/
Las "draconianas y represivas" campañas de seguridad nacional constituyen la principal amenaza para las libertades y los derechos humanos, ha denunciado este miércoles Amnistía Internacional en la presentación del informe anual con el que la ONG evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo. El secretario general de la organización, Salis Shetty, ha advertido de que no solo los derechos humanos, sino también las leyes y los sistemas que los protegen "peligran porque son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos".
El informe de Amnistía Internacional resume las investigaciones en 160 países con las que documenta el número de gobiernos que infringen el derecho internacional en su ámbito nacional. Entre lo más destacado de 2015, que 122 Estados ejercieron tortura u otros malos tratos a detenidos, que 113 restringieron "arbitrariamente" la libertad de expresión y de prensa" y que 30 obligaron ilegalmente a retornar a refugiados a países donde corrían peligro. Además, 61 países encarcelaron a presos de conciencia, el 55% de los países celebraron "juicios injustos" y en, al menos, 19 países se produjeron graves crímenes de guerra.
Durante la presentación de su "libro negro del dolor", Amnistía quiso llamar la atención sobre el "abandono recalcitrante" de los gobiernos a la ONU, y sus portavoces pusieron de ejemplo el conflicto sirio, que a su juicio, demuestra "las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos". Pero en esta edición, la ONG ha querido poner el foco en la "desacertada" reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional que reprimen "a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión".
Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, calificó de comprensible que, tras unos ataques "brutales" como los de París, Francia instaurase el 'Estado de Emergencia', pero señaló que el problema es que "por regla general, lo excepcional se convierte en contidiano. Así, en Pakistán o India ahora se permite la pena de muerte para terroristas o en Francia se prolonga 6 meses el Estado de Emergencia y se promueve una reforma constitucional para alargarlo todavía más tiempo". Estas decisiones "no son solo inmorales, sino contraproducentes" y convierten "los derechos humanos en un insulto a los valores nacionales".
Según Amnistía, España tampoco escapa a la corriente global de "recorte de libertades y derechos". En concreto, la ONG denuncia que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal "se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren falta de respeto o que graben imágenes de agentes".
La oficina en España también ha documentado recortes en derechos humanos en España con las devoluciones colectivas de inmigrantes, la reforma de la ley del aborto, los desahucios, o la exclusión sanitaria de 750.000 inmigrantes, entre otros. Amnistía considera que el reto este año es la atención internacional organizada a los refugiados en la mayor crisis desde la II Guerra Mundial. En especial la ONG pide que los 48 países más ricos del mundo acogan a un millón de ellos, los más necesitados.
En su informe del año pasado documenta ejemplos de ataques nacionales a los derechos humanos como los siguientes:
El informe de Amnistía Internacional resume las investigaciones en 160 países con las que documenta el número de gobiernos que infringen el derecho internacional en su ámbito nacional. Entre lo más destacado de 2015, que 122 Estados ejercieron tortura u otros malos tratos a detenidos, que 113 restringieron "arbitrariamente" la libertad de expresión y de prensa" y que 30 obligaron ilegalmente a retornar a refugiados a países donde corrían peligro. Además, 61 países encarcelaron a presos de conciencia, el 55% de los países celebraron "juicios injustos" y en, al menos, 19 países se produjeron graves crímenes de guerra.
Durante la presentación de su "libro negro del dolor", Amnistía quiso llamar la atención sobre el "abandono recalcitrante" de los gobiernos a la ONU, y sus portavoces pusieron de ejemplo el conflicto sirio, que a su juicio, demuestra "las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos". Pero en esta edición, la ONG ha querido poner el foco en la "desacertada" reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional que reprimen "a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión".
Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, calificó de comprensible que, tras unos ataques "brutales" como los de París, Francia instaurase el 'Estado de Emergencia', pero señaló que el problema es que "por regla general, lo excepcional se convierte en contidiano. Así, en Pakistán o India ahora se permite la pena de muerte para terroristas o en Francia se prolonga 6 meses el Estado de Emergencia y se promueve una reforma constitucional para alargarlo todavía más tiempo". Estas decisiones "no son solo inmorales, sino contraproducentes" y convierten "los derechos humanos en un insulto a los valores nacionales".
Según Amnistía, España tampoco escapa a la corriente global de "recorte de libertades y derechos". En concreto, la ONG denuncia que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal "se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren falta de respeto o que graben imágenes de agentes".
La oficina en España también ha documentado recortes en derechos humanos en España con las devoluciones colectivas de inmigrantes, la reforma de la ley del aborto, los desahucios, o la exclusión sanitaria de 750.000 inmigrantes, entre otros. Amnistía considera que el reto este año es la atención internacional organizada a los refugiados en la mayor crisis desde la II Guerra Mundial. En especial la ONG pide que los 48 países más ricos del mundo acogan a un millón de ellos, los más necesitados.
En su informe del año pasado documenta ejemplos de ataques nacionales a los derechos humanos como los siguientes:
- Angola: Por su legislación sobre difamación que usa para "hostiga, detener y recluir a quienes expresan pacíficamente sus opiniones".
- Arabia Saudí: Por su represión "brutal" de quienes se atrevían a defender reformas o criticar a las autoridades.
- Burundi: Por los "homicidios sistemáticos y otras tácticas violentas generalizadas de las fuerzas de seguridad".
- China: Por la "represión creciente ejercida contra quienes defienden los derechos humanos y un conjunto de leyes abusivas en nombre de la seguridad nacional".
- Egipto: Por la detención de "miles en una despiadada campaña de represión en nombre de la seguridad nacional, al reclusión prolongada de cientos sin cargos ni juicio, y las condenas a muerte".
- Estados Unidos: Porque sigue funcionado Guantánamo y porque no han sido juzgados los responsables de torturas y desapariciones forzadas".
- México: Por su "grave historial de abusos, incluida la desaparición de 27.000 personas".
- Reino Unido: Por "el persistente uso de la vigilancia masiva en nombre de la lucha contra el terrorismo".
- Venezuela: Por "la continua falta de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos y los constantes ataques contra quienes defienden estos derechos".
- La resolución sobre los defensores de los derechos humanos de la ONU destaca como logro del año, porque llega en un momento en el que la ONG cree que los defensores de los derechos humanos son objeto de mayor presión en muchos lugares del mundo.
- La abolición de la pena de muerte en Madagascar, Fiyi y Surinam.
- En África, entre otros logros, que Shell indemnizara a 15.600 campesinos y pescadores de Nigeria por vertidos de petróleo en los años 2008 y 2009. En Zambia se conmutaron 322 penas de muerte. En Sudán, los tribunales revocaron la condena de una adolescente que había sido declarada culpable de "vestir de forma indecente".
- En América, la ONG destaca las conversaciones de paz en Colombia, la liberación de la salvadoreña Carmen Guadalupe Vásquez, condenada tras sufrir un aborto, o la liberación de un preso de Guantánamo tras 13 años recluido sin cargos ni juicio.
- De Asia y Oceanía, la resolución de la ONU que da perspectiva a las víctimas del conflicto armado de Sri Lanka de conseguir verdad y justicia. La eliminación de la pena de muerte de Mongolia, que entrará en vigor en septiembre de 2016, o la excarcelación de Tun Aung, líder comunitario de Myanmar. También destacan la puesta en libertad de cinco activistas de los derechos de las mujeres en China.
- En Europa, el año pasado Irlanda aprobó la plena igualdad en el matrimonio civil. Noruega anunció que reformará la legislación en favor de las personas que desean cambiar legalmente de género. En Italia un tribunal resolvió que era ilegal trasladas a familias gitanas a un campamento étnicamente segregado fuera de Roma.
- De Oriente Medio y del norte de África se destaca la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre las violaciones de derechos humanos en territorio palestino, o la excarcelación de periodistas, activistas y otras 100 personas en Egipto por un decreto presidencial.
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