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| Imagen: El País / Denuncia de violencia tránsfoba ante la CIDH, Karla Avelar (d) |
La comunidad LGBTQI vive aterrorizada tras la última ola de violencia mortal en El Salvador.
Elena Cabrera | El País, 2017-03-07
http://elpais.com/elpais/2017/03/03/3500_millones/1488565949_341626.html
Tres mujeres de la misma localidad salvadoreña, San Luis Talpa, fueron asesinadas en el transcurso de tres días. La tercera de ellas, Elizabeth, fue atacada cuando salía del entierro de las dos primeras, Yasuri y Daniela.
Hay un nexo entre ellas que las ha convertido en objetivo del odio de los fanáticos, intolerables y repugnantes criminales. Daniela, Yasuri y Elizabeth eran transgénero.
La persecución por transfobia no es algo nuevo en El Salvador ni tampoco en la región centroamericana, pero la concentración de ataques en el pasado mes de febrero ha aterrorizado incluso a las líderes de los movimientos activistas LGBTQI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Queer e Intersex).
"Ninguna de nosotras quiere salir de nuestro país natal, pero nos vemos obligadas a huir y buscar asilo en Estados Unidos y otros países para proteger nuestras vidas", dijo durante una rueda de prensa Karla Avelar, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans).
Y así es. Se tienen que ir. Ante la falta de protección, solo pueden esconderse y huir. Las organizaciones y la OIM registran, en la medida en la que se consiguen datos, un número en alza de desplazamientos forzados en la comunidad LGBTQI.
La comunidad está siendo atacada y la defensa que hace de ella el Estado es papel mojado. En octubre de 2015 se introdujo una reforma del Código Penal de El Salvador que dice así: “se han producido repudiables crímenes por intolerancia y odio, especialmente dirigido contra víctimas por razón de su género, identidad y expresión de género u orientación sexual”. Y añade: “Tales delitos deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”.
Desde esa fecha se cuentan más de 50 personas LGBTQI asesinadas sin que se haya aplicado la reforma en cuestión según denuncia una alianza de organizaciones que hermana a Comcavis Trans con otras de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Toda esa región es un agujero negro para el derecho a la integridad física de las mujeres activistas y de la comunidad LGBTQI al completo. Se señala a los miembros de la Mara Salvatrucha como presuntos culpables de estos asesinatos.
En su huida para preservar la vida, las personas que huyen de la transfobia y los delitos y crímenes que puedan derivarse de ella, corren el peligro de verse abocadas a la migración irregular y a convertirse en víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Hace casi dos años, Karla Avelar escribió para Planeta Futuro que cada día despierta sin saber si será el último, si alguien va a matarla por no aceptar su identidad. En abril de 2015 Karla caminaba por el centro de San Salvador cuando cinco hombres la metieron a la fuerza en un coche. En él, revisaron y sacaron fotos a sus papeles, sus carnés y los contactos de su móvil. La soltaron pero unos días más tarde, en su casa, por la noche, alguien golpeó la puerta de su casa con ella dentro. No abrió. No durmió en toda la noche. “Me preguntaba constantemente si al día siguiente despertaría”, escribió. “Tengo miedo todo el tiempo. Mis mejores amigas han muerto a balazos, asesinadas en sus casas”.
Hay una petición de firmas para visibilizar estos asesinatos, la actitud reacia del defensor de los derechos humanos en El Salvador a hacer su trabajo, la falta de aplicación de la reforma penal, la intervención del Defensor del Pueblo, la intervención de las organizaciones internacionales y la responsabilidad del Estado salvadoreño, que debe proteger a sus ciudadanas y ciudadanos.
Hay un nexo entre ellas que las ha convertido en objetivo del odio de los fanáticos, intolerables y repugnantes criminales. Daniela, Yasuri y Elizabeth eran transgénero.
La persecución por transfobia no es algo nuevo en El Salvador ni tampoco en la región centroamericana, pero la concentración de ataques en el pasado mes de febrero ha aterrorizado incluso a las líderes de los movimientos activistas LGBTQI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Queer e Intersex).
"Ninguna de nosotras quiere salir de nuestro país natal, pero nos vemos obligadas a huir y buscar asilo en Estados Unidos y otros países para proteger nuestras vidas", dijo durante una rueda de prensa Karla Avelar, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans).
Y así es. Se tienen que ir. Ante la falta de protección, solo pueden esconderse y huir. Las organizaciones y la OIM registran, en la medida en la que se consiguen datos, un número en alza de desplazamientos forzados en la comunidad LGBTQI.
La comunidad está siendo atacada y la defensa que hace de ella el Estado es papel mojado. En octubre de 2015 se introdujo una reforma del Código Penal de El Salvador que dice así: “se han producido repudiables crímenes por intolerancia y odio, especialmente dirigido contra víctimas por razón de su género, identidad y expresión de género u orientación sexual”. Y añade: “Tales delitos deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”.
Desde esa fecha se cuentan más de 50 personas LGBTQI asesinadas sin que se haya aplicado la reforma en cuestión según denuncia una alianza de organizaciones que hermana a Comcavis Trans con otras de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Toda esa región es un agujero negro para el derecho a la integridad física de las mujeres activistas y de la comunidad LGBTQI al completo. Se señala a los miembros de la Mara Salvatrucha como presuntos culpables de estos asesinatos.
En su huida para preservar la vida, las personas que huyen de la transfobia y los delitos y crímenes que puedan derivarse de ella, corren el peligro de verse abocadas a la migración irregular y a convertirse en víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Hace casi dos años, Karla Avelar escribió para Planeta Futuro que cada día despierta sin saber si será el último, si alguien va a matarla por no aceptar su identidad. En abril de 2015 Karla caminaba por el centro de San Salvador cuando cinco hombres la metieron a la fuerza en un coche. En él, revisaron y sacaron fotos a sus papeles, sus carnés y los contactos de su móvil. La soltaron pero unos días más tarde, en su casa, por la noche, alguien golpeó la puerta de su casa con ella dentro. No abrió. No durmió en toda la noche. “Me preguntaba constantemente si al día siguiente despertaría”, escribió. “Tengo miedo todo el tiempo. Mis mejores amigas han muerto a balazos, asesinadas en sus casas”.
Hay una petición de firmas para visibilizar estos asesinatos, la actitud reacia del defensor de los derechos humanos en El Salvador a hacer su trabajo, la falta de aplicación de la reforma penal, la intervención del Defensor del Pueblo, la intervención de las organizaciones internacionales y la responsabilidad del Estado salvadoreño, que debe proteger a sus ciudadanas y ciudadanos.
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