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La Fiscalía española investiga a una empresa acusada en Kiev de tráfico de personas, falsedad documental y de evasión de impuestos.
Pilar Álvarez | El País, 2019-08-14
https://elpais.com/sociedad/2019/08/13/actualidad/1565722514_357565.html
En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los dos. El país del Este de Europa, convertido en uno de los destinos predilectos de los vientres de alquiler, abrió entonces una investigación, en la que acaba de entrar España, con la que han detectado más de un millar de posibles casos irregulares en Europa. Las pesquisas de Kiev se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la posible ramificación española del caso, según ha comunicado este martes la Fiscalía General del Estado.
La investigación está centrada en la clínica Biotexcom, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la investigación. Es una empresa cuya base está Kiev y que opera con distintas sedes fuera. Entre ellas, una en España que anuncian en su propia web. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado para pedir que se estudiaran las derivas del caso en España después de que Ucrania comunicara al Gobierno español a principios de agosto detalles de su investigación. Entre otros, la existencia de “más de mil casos en los que puede haber directa o indirectamente comisiones delictivas”, explica la ministra a este periódico. Es la primera vez que el ministerio solicita que se investigue judicialmente a agencias de vientres de alquiler.
Este millar de casos pueden afectar a familias de distintos países de Europa en los que, como ocurre en España, la práctica de los vientres de alquiler no está permitida. Las posibles irregularidades no están relacionadas con el hecho de acudir a la práctica de vientres de alquiler, que es legal en Ucrania, sino con los delitos de los que se acusa a Biotexcom, que controla dos tercios del negocio que se hace en Kiev con extranjeros y que ha levantado un imperio ofertando dos “paquetes” de vientres de alquiler a precio fijo en uno de los países con las tarifas más bajas del mundo. En su web oferta el modelo estándar por 39.900 euros y el VIP (49.900 euros) que permite elegir el sexo del bebé, algo también prohibido en España.
Tras el caso de la pareja italiana, Ucrania abrió una investigación contra el dueño de Biotexcom, Albert Totchilovski, que quedó en arresto domiciliario por tráfico de menores y evasión fiscal. En septiembre de 2018, el fiscal responsable del caso en Kiev explicaba a este periódico que habían lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y con las gestantes. En Ucrania solo se permite acudir a esta práctica a matrimonios heterosexuales. El material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos y hay una mujer, sin relación genética con el futuro bebé, que lo gesta.
Contratos “leoninos”
Las condiciones de algunos de los contratos que firman las gestantes con los llamados padres de intención también están siendo investigados por Ucrania. “Son realmente preocupantes, leoninos y atentan contra los derechos humanos”, valora la ministra de Justicia, que enumera algunas cláusulas incluidas en esos acuerdos. A partir del séptimo mes de embarazo, las mujeres deben vivir en una habitación designada por los representantes de la agencia y separadas de sus hijos, si los tienen. “No podrán volver a verlos hasta que no entreguen al niño”, cuenta Delgado. No pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo. Los padres de intención deciden en algunos extremos si hay que practicar un aborto. En caso de que se incumplan las cláusulas, se establece una multa para la gestante “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación”. La investigación ucraniana ha detectado casos en los que las mujeres cobran un tercio o menos de lo que les habían prometido. Si se cerró el trato por 10.000 euros, les acabaron pagando 3.000 o hasta 500 euros.
Biotexcom ha trabajado con distintas agencias intermediarias que operan en España y aún colabora con algunas de ellas. Justicia solicitó a la Fiscalía que la investigación se extienda a estas intermediarias, aunque sin especificar nombres. Hay familias que contactan directamente con Biotexcom para ahorrarse el dinero de empresas mediadoras. La ministra de Justica subraya que “en ningún caso la investigación va contra los padres o contra las criaturas”.
“Hay que impedir que se juegue con los niños”
Ucrania es, junto con Estados Unidos, el destino principal de las familias españolas que acuden a los vientres de alquiler. También viajan a Canadá o a Georgia. Rondan el millar anual, según estimaciones de asociaciones de familias y agencias. Las Administraciones no dan datos oficiales.
Aunque es una práctica prohibida en España, una instrucción administrativa autoriza el registro de los bebés si existe una sentencia sobre la filiación en el país donde se ha llevado a cabo el proceso. No es posible conseguir esa sentencia en Kiev. Hasta el pasado febrero, se abría la mano y se hacían las inscripciones con pruebas de ADN. Ahora los niños salen con pasaporte ucraniano. La ministra de Justicia cree que la investigación abierta refuerza su actuación y señala que no van a cambiar esos requisitos. “Estas instrucciones se articulan para impedir que se pueda jugar con los niños y con su origen”, dice Dolores Delgado. Lamenta que no exista una “legislación internacional uniforme que prohíba la gestación subrogada”.
La investigación está centrada en la clínica Biotexcom, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la investigación. Es una empresa cuya base está Kiev y que opera con distintas sedes fuera. Entre ellas, una en España que anuncian en su propia web. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado para pedir que se estudiaran las derivas del caso en España después de que Ucrania comunicara al Gobierno español a principios de agosto detalles de su investigación. Entre otros, la existencia de “más de mil casos en los que puede haber directa o indirectamente comisiones delictivas”, explica la ministra a este periódico. Es la primera vez que el ministerio solicita que se investigue judicialmente a agencias de vientres de alquiler.
Este millar de casos pueden afectar a familias de distintos países de Europa en los que, como ocurre en España, la práctica de los vientres de alquiler no está permitida. Las posibles irregularidades no están relacionadas con el hecho de acudir a la práctica de vientres de alquiler, que es legal en Ucrania, sino con los delitos de los que se acusa a Biotexcom, que controla dos tercios del negocio que se hace en Kiev con extranjeros y que ha levantado un imperio ofertando dos “paquetes” de vientres de alquiler a precio fijo en uno de los países con las tarifas más bajas del mundo. En su web oferta el modelo estándar por 39.900 euros y el VIP (49.900 euros) que permite elegir el sexo del bebé, algo también prohibido en España.
Tras el caso de la pareja italiana, Ucrania abrió una investigación contra el dueño de Biotexcom, Albert Totchilovski, que quedó en arresto domiciliario por tráfico de menores y evasión fiscal. En septiembre de 2018, el fiscal responsable del caso en Kiev explicaba a este periódico que habían lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y con las gestantes. En Ucrania solo se permite acudir a esta práctica a matrimonios heterosexuales. El material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos y hay una mujer, sin relación genética con el futuro bebé, que lo gesta.
Contratos “leoninos”
Las condiciones de algunos de los contratos que firman las gestantes con los llamados padres de intención también están siendo investigados por Ucrania. “Son realmente preocupantes, leoninos y atentan contra los derechos humanos”, valora la ministra de Justicia, que enumera algunas cláusulas incluidas en esos acuerdos. A partir del séptimo mes de embarazo, las mujeres deben vivir en una habitación designada por los representantes de la agencia y separadas de sus hijos, si los tienen. “No podrán volver a verlos hasta que no entreguen al niño”, cuenta Delgado. No pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo. Los padres de intención deciden en algunos extremos si hay que practicar un aborto. En caso de que se incumplan las cláusulas, se establece una multa para la gestante “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación”. La investigación ucraniana ha detectado casos en los que las mujeres cobran un tercio o menos de lo que les habían prometido. Si se cerró el trato por 10.000 euros, les acabaron pagando 3.000 o hasta 500 euros.
Biotexcom ha trabajado con distintas agencias intermediarias que operan en España y aún colabora con algunas de ellas. Justicia solicitó a la Fiscalía que la investigación se extienda a estas intermediarias, aunque sin especificar nombres. Hay familias que contactan directamente con Biotexcom para ahorrarse el dinero de empresas mediadoras. La ministra de Justica subraya que “en ningún caso la investigación va contra los padres o contra las criaturas”.
“Hay que impedir que se juegue con los niños”
Ucrania es, junto con Estados Unidos, el destino principal de las familias españolas que acuden a los vientres de alquiler. También viajan a Canadá o a Georgia. Rondan el millar anual, según estimaciones de asociaciones de familias y agencias. Las Administraciones no dan datos oficiales.
Aunque es una práctica prohibida en España, una instrucción administrativa autoriza el registro de los bebés si existe una sentencia sobre la filiación en el país donde se ha llevado a cabo el proceso. No es posible conseguir esa sentencia en Kiev. Hasta el pasado febrero, se abría la mano y se hacían las inscripciones con pruebas de ADN. Ahora los niños salen con pasaporte ucraniano. La ministra de Justicia cree que la investigación abierta refuerza su actuación y señala que no van a cambiar esos requisitos. “Estas instrucciones se articulan para impedir que se pueda jugar con los niños y con su origen”, dice Dolores Delgado. Lamenta que no exista una “legislación internacional uniforme que prohíba la gestación subrogada”.
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