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| Imagen: El País / Juan Antonio Reig Pla |
El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha denunciado el escrito ante la Fiscalía
F. Javier Barroso | El País, 2016-08-09
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/08/madrid/1470677656_692689.html
Los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y de Getafe, Joaquín María López de Andújar, emitieron ayer un comunicado conjunto contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, aprobada el pasado 14 de julio en la Asamblea de Madrid. Los religiosos la acusan de ser un ataque contra la libertad religiosa, contra el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias creencias y atentar contra la libertad de expresión. Los coletivos LGTBI criticaron este escrito y anunciaron que lo llevarán a la Fiscalía.
El comunicado se titula “Tiempo de sanación, no de lamentaciones” y también lo firma el obispo titular de Mentesa (en la zona de Ciudad Real) y auxiliar de Getafe, José Rico Pavés. Los autores afirman que la ley está “en contradicción con la moral natural” y que pretende anular la enseñanza pública de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. El escrito recoge que la norma regional ataca “la libertad religiosa y de conciencia” en los artículos 3, 70 y 72. Supone además “un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza” (artículos 29, 31, 32 y 34).
Según los obispos, la ley también provoca “un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad” y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda “en aquello que crean necesitar” (artículos 3, 31, 36, 70 y 72). “Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbitraria que no contempla siquiera la objeción de conciencia”, explica el comunicado. Eso sí, lo hace “con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios”.
Reig Pla y López de Andújar acusan a los partidos políticos, a los sindicatos, a la mayoría de los medios de comunicación y a muchas grandes empresas de “querer imponer ‘ideológicamente’ un ‘pensamiento único’ que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana en su unidad de cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer”, según el comunicado. Llegan a acusar a los destinatarios de la ley, el colectivo LGTBI, de sufrir “la confusión sobre su propia identidad”. “Una confusión que, con leyes como esta, se verá aún más agravada”, concluye.
El colectivo LGTBI salió en tromba contra este comunicado. El Observatorio Español contra la LGBTfobia denunció que el escrito de los obispos incita al odio y a la discriminación contra su colectivo. Por ello, presentó el comunicado a la Fiscalía especializada en delitos de odio y están estudiando acudir a la jurisdicción penal a través de una querella. El observatorio mantiene que el escrito vulnera el artículo 510 del Código Penal (delitos de odio).
El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, mostró su temor ante un discurso que “vuelve a destilar odio y humillación” contra las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y calificó el escrito de “infame”.
Valores democráticos
El colectivo Arcópoli tachó de “falso” que se pretenda cambiar la orientación sexual de las personas: “Estos mensajes perpetúan una visión estigmatizadora y culpabilizadora de la diversidad sexual, aumentando el tormento de quienes sufren acoso por el mero hecho de ser LGTB”. El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, explicó a los obispos que el coletivo LGTB defiende la libertad de educación. Eso sí, defendió que esa libertad debe “basarse en los valores democráticos de la Constitución y no en creencias religiosas particulares”.
Blando recordó que la ley regional se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (salvo la ausencia de dos diputados del PP: David Pérez y Luis Peral): “Es sorprendente que quienes no representan a nadie ya que no han sido votados, se arroguen la representatividad de todos afirmando que la Asamblea de Madrid intenta imponer una medida que llevaban todos en su programa electoral y que han votado todos los madrileños”.
El comunicado se titula “Tiempo de sanación, no de lamentaciones” y también lo firma el obispo titular de Mentesa (en la zona de Ciudad Real) y auxiliar de Getafe, José Rico Pavés. Los autores afirman que la ley está “en contradicción con la moral natural” y que pretende anular la enseñanza pública de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. El escrito recoge que la norma regional ataca “la libertad religiosa y de conciencia” en los artículos 3, 70 y 72. Supone además “un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza” (artículos 29, 31, 32 y 34).
Según los obispos, la ley también provoca “un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad” y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda “en aquello que crean necesitar” (artículos 3, 31, 36, 70 y 72). “Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbitraria que no contempla siquiera la objeción de conciencia”, explica el comunicado. Eso sí, lo hace “con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios”.
Reig Pla y López de Andújar acusan a los partidos políticos, a los sindicatos, a la mayoría de los medios de comunicación y a muchas grandes empresas de “querer imponer ‘ideológicamente’ un ‘pensamiento único’ que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana en su unidad de cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer”, según el comunicado. Llegan a acusar a los destinatarios de la ley, el colectivo LGTBI, de sufrir “la confusión sobre su propia identidad”. “Una confusión que, con leyes como esta, se verá aún más agravada”, concluye.
El colectivo LGTBI salió en tromba contra este comunicado. El Observatorio Español contra la LGBTfobia denunció que el escrito de los obispos incita al odio y a la discriminación contra su colectivo. Por ello, presentó el comunicado a la Fiscalía especializada en delitos de odio y están estudiando acudir a la jurisdicción penal a través de una querella. El observatorio mantiene que el escrito vulnera el artículo 510 del Código Penal (delitos de odio).
El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, mostró su temor ante un discurso que “vuelve a destilar odio y humillación” contra las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y calificó el escrito de “infame”.
Valores democráticos
El colectivo Arcópoli tachó de “falso” que se pretenda cambiar la orientación sexual de las personas: “Estos mensajes perpetúan una visión estigmatizadora y culpabilizadora de la diversidad sexual, aumentando el tormento de quienes sufren acoso por el mero hecho de ser LGTB”. El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, explicó a los obispos que el coletivo LGTB defiende la libertad de educación. Eso sí, defendió que esa libertad debe “basarse en los valores democráticos de la Constitución y no en creencias religiosas particulares”.
Blando recordó que la ley regional se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (salvo la ausencia de dos diputados del PP: David Pérez y Luis Peral): “Es sorprendente que quienes no representan a nadie ya que no han sido votados, se arroguen la representatividad de todos afirmando que la Asamblea de Madrid intenta imponer una medida que llevaban todos en su programa electoral y que han votado todos los madrileños”.
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