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| Imagen: El País / Natalia Aventín |
El Tribunal Constitucional contradice en una sentencia sus propios argumentos y sigue refiriéndose a un adolescente transexual en femenino.
Pilar Álvarez / J. J. Gálvez | El Pais, 2019-07-31
https://elpais.com/sociedad/2019/07/30/actualidad/1564513114_155778.html
Patrick siempre tuvo muy claro quién era. Su madre al principio no, pero le prometió una cosa desde pequeño: "Serás lo que tú quieras ser". Cuando empezó a hablar, fue de las primeras cosas que dijo: "Soy Patrick". Lo es para sus amistades, para su familia y para el vecindario, en las notas del cole desde infantil y en las extraescolares. "Los problemas nunca fueron sociales, los han tenido siempre las altas instancias", relata al teléfono su madre, Natalia Aventín. La familia ha peleado durante cinco años de juzgado en juzgado hasta que el Tribunal Constitucional dictaminó el pasado 18 de julio sobre su caso que los menores trans "suficientemente maduros" pueden registrar el género sentido en el DNI.
La paradoja es que la sentencia contradice lo que ella misma sostiene. El fallo que da la razón a Patrick le identifica como "doña". Natalia Aventín ha abierto su última pelea judicial: "Es una ofensa. Lo mínimo que merece es un poco de respeto tras hacerle vivir 17 años con una identidad cuestionada por la Administración".
El uso del "doña" —que identifica al menor con el sexo femenino— contrasta con el propio contenido de la sentencia, donde los magistrados califican de "lastre" el tener que "vivir a la luz del Derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia". La resolución insiste en que una situación como la que vive este muchacho y tantos como él condiciona "de un modo muy notable" la capacidad para conformar la personalidad y la posibilidad de entablar relaciones con otras personas; y afecta "con una particular intensidad" a la intimidad de la persona.
Este mismo martes trascendía otra sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se ordena emitir una nueva versión de un fallo judicial para permitir a una mujer trans figurar en este con su nuevo nombre y su género sentido, evitando así que se vea forzada a revelar su transexualidad a personas desconocidas: "Con esta resolución garantizamos el derecho de la intimidad y la dignidad que le corresponde", dice el tribunal gallego, como ha adelantado la Cadena SER.
La carrera judicial de Patrick y su familia empezó en 2014, cuando el registro de su pueblo, en Aragón, le negó el cambio de nombre. Fue esta primera negativa la que inició la lucha de Natalia Aventín, que preside la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis. Ahora, el Constitucional le da la razón tras años de escuchar, por ejemplo, que su hijo "no se podía hacer trans antes de los 18", como le dijo una consejera de Educación. O que lo que tenía Patrick era una "anomalía", como le aseguró un médico.
Por eso entiende que ese "doña" del Constitucional, que no hace comentarios más allá de la sentencia, le devuelve de algún modo a la casilla de salida, después de esperar el fallo durante tres años. "No es algo para lo que se hayan juntado en un rato, han hecho dos deliberaciones previas", critica la madre del menor, especialmente molesta con la falta de sensibilidad de los magistrados.
Cuando le fue notificada la sentencia, llamó directamente al tribunal para pedir que eliminaran los datos personales de su hijo, las referencias al pueblo y, por supuesto, el insidioso "doña". "No queremos que salga el nombre que no lo ha representado nunca", pidió. En la segunda versión de la sentencia, publicada esta semana por el Constitucional, el nombre femenino ya no sale, pero el "doña" sigue.
Y todo pese a que la sentencia del pleno del Constitucional considera que la falta de equivalencia entre el género atribuido al nacer y el que un individuo percibe como suyo es una de esas circunstancias "particularmente relevantes que la persona tiene derecho a proteger del conocimiento ajeno". E insiste en que impedir a este colectivo el derecho a modificarlo supone privarlo de la libertad de "decidir acerca de su propia identidad". "Una restricción que condiciona una manifestación de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su identidad como individuo", dice el fallo.
Meses de debate
La ponencia de la sentencia corrió a cargo del propio presidente del Constitucional, Juan José González Rivas. Este asunto llegó desde el Supremo en 2016, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad, donde también se refería a Patrick como "doña". Entendía el tribunal que el artículo 1 de la ley de 2007 que regula el cambio de sexo en los registros —limitándolo exclusivamente a "mayores de edad"— podía suponer una violación de los derechos fundamentales de los menores transexuales que cuenten con la "suficiente madurez" y estén en una "situación estable de transexualidad". Con ese paso en el Supremo, otro más tras una larga batalla judicial, comenzaba una nueva espera.
La sentencia llegó tras meses de debate en el Constitucional, donde algunos magistrados cambiaron de posición y donde se fue retrasando la resolución hasta alcanzar un acuerdo mayoritario.
Natalia Aventín habla por teléfono desde la montaña, mientras el menor escala. Asegura que la familia "ya hizo la transición y Patrick nunca ha tenido que hacerla, porque siempre fue y se sintió Patrick". "Mi vida no va a cambiar por estos señores que no conozco; pero como ciudadana es terrible que tengas que recurrir a la justicia para que te reconozcan una cosa que al resto de la población se le reconoce nada más nacer. Que ponga 'doña' es una ofensa, otra cosa es que a mí no me suponga un drama". Patrick no quiere hablar para este reportaje. Él querría salir haciendo lo que le gusta: escalando o practicando snow, no hablando de algo que para él nunca fue noticia. "Si esos jueces hubieran venido a pasar un día con nosotros, les hubiéramos enseñado un montón de cosas", asegura su madre.
"Se atenta contra la privacidad al tener que dar explicaciones"
Andrea (nombre ficticio) consiguió la custodia de su hija en 2012, pero su nombre y sexo figuraban entonces en masculino y así se redactó la sentencia. Cuatro años después, logró modificar sus datos en el Registro Civil. Y en 2017 consiguió que este cambio también lo recogiera la documentación de su niña. Aun así, se seguía vulnerando su "derecho a la intimidad", denunció, porque para algunos trámites —como pedir una beca para la menor— tenía que demostrar que tenía la tutela y enseñar la resolución donde constaba como padre y no como madre. Así que emprendió otra lucha: quería que ese dictamen recogiera su verdadera identidad. "Porque se estaba atentando contra mi privacidad y la de mi hija. Siempre teniendo que dar explicaciones", cuenta Andrea. La Audiencia Provincial de A Coruña le ha dado ahora la razón y en una sentencia pionera ordena emitir una nueva versión del fallo sobre la custodia donde conste "su nuevo nombre y su condición registral de madre, sin referencia a su anterior identidad sexual y nombre".
Según la resolución, aunque la Audiencia Provincial admite que no puede cambiar el texto de la sentencia original, el acceso a ella queda restringido y la nueva versión del fallo tendrá absoluta validez para que Andrea la utilice en sus trámites cotidianos. "Se abre así la puerta para que a todas las personas transexuales se les reconozca como se sienten y se ajusten las sentencias que son firmes. Se nos devuelve un derecho que se nos había quitado", cuenta esta mujer.
La Audiencia, para argumentar su decisión, recuerda que la ley de 2007 que regula el cambio de nombre y sexo en los registros tenía como finalidad "garantizar el libre desarrollo de la personalidad y dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el que inicialmente fueron inscritas".
Pero ese derecho, según cuenta Andrea, no se cumplía en su caso. Pese a su cambio de nombre en el registro, en los juzgados se seguían dirigiendo a ella en masculino. "Era la pescadilla que se muerde la cola. Como todo el tiempo se hablaba del juicio sobre la custodia —donde yo aparecía como padre—, yo soy la que tengo que demostrar todo el rato que soy una mujer", explica. Esta sentencia, dice, no ha hecho más que evidenciar la realidad: "Para mi hija yo siempre he sido su madre".
La paradoja es que la sentencia contradice lo que ella misma sostiene. El fallo que da la razón a Patrick le identifica como "doña". Natalia Aventín ha abierto su última pelea judicial: "Es una ofensa. Lo mínimo que merece es un poco de respeto tras hacerle vivir 17 años con una identidad cuestionada por la Administración".
El uso del "doña" —que identifica al menor con el sexo femenino— contrasta con el propio contenido de la sentencia, donde los magistrados califican de "lastre" el tener que "vivir a la luz del Derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia". La resolución insiste en que una situación como la que vive este muchacho y tantos como él condiciona "de un modo muy notable" la capacidad para conformar la personalidad y la posibilidad de entablar relaciones con otras personas; y afecta "con una particular intensidad" a la intimidad de la persona.
Este mismo martes trascendía otra sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se ordena emitir una nueva versión de un fallo judicial para permitir a una mujer trans figurar en este con su nuevo nombre y su género sentido, evitando así que se vea forzada a revelar su transexualidad a personas desconocidas: "Con esta resolución garantizamos el derecho de la intimidad y la dignidad que le corresponde", dice el tribunal gallego, como ha adelantado la Cadena SER.
La carrera judicial de Patrick y su familia empezó en 2014, cuando el registro de su pueblo, en Aragón, le negó el cambio de nombre. Fue esta primera negativa la que inició la lucha de Natalia Aventín, que preside la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis. Ahora, el Constitucional le da la razón tras años de escuchar, por ejemplo, que su hijo "no se podía hacer trans antes de los 18", como le dijo una consejera de Educación. O que lo que tenía Patrick era una "anomalía", como le aseguró un médico.
Por eso entiende que ese "doña" del Constitucional, que no hace comentarios más allá de la sentencia, le devuelve de algún modo a la casilla de salida, después de esperar el fallo durante tres años. "No es algo para lo que se hayan juntado en un rato, han hecho dos deliberaciones previas", critica la madre del menor, especialmente molesta con la falta de sensibilidad de los magistrados.
Cuando le fue notificada la sentencia, llamó directamente al tribunal para pedir que eliminaran los datos personales de su hijo, las referencias al pueblo y, por supuesto, el insidioso "doña". "No queremos que salga el nombre que no lo ha representado nunca", pidió. En la segunda versión de la sentencia, publicada esta semana por el Constitucional, el nombre femenino ya no sale, pero el "doña" sigue.
Y todo pese a que la sentencia del pleno del Constitucional considera que la falta de equivalencia entre el género atribuido al nacer y el que un individuo percibe como suyo es una de esas circunstancias "particularmente relevantes que la persona tiene derecho a proteger del conocimiento ajeno". E insiste en que impedir a este colectivo el derecho a modificarlo supone privarlo de la libertad de "decidir acerca de su propia identidad". "Una restricción que condiciona una manifestación de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su identidad como individuo", dice el fallo.
Meses de debate
La ponencia de la sentencia corrió a cargo del propio presidente del Constitucional, Juan José González Rivas. Este asunto llegó desde el Supremo en 2016, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad, donde también se refería a Patrick como "doña". Entendía el tribunal que el artículo 1 de la ley de 2007 que regula el cambio de sexo en los registros —limitándolo exclusivamente a "mayores de edad"— podía suponer una violación de los derechos fundamentales de los menores transexuales que cuenten con la "suficiente madurez" y estén en una "situación estable de transexualidad". Con ese paso en el Supremo, otro más tras una larga batalla judicial, comenzaba una nueva espera.
La sentencia llegó tras meses de debate en el Constitucional, donde algunos magistrados cambiaron de posición y donde se fue retrasando la resolución hasta alcanzar un acuerdo mayoritario.
Natalia Aventín habla por teléfono desde la montaña, mientras el menor escala. Asegura que la familia "ya hizo la transición y Patrick nunca ha tenido que hacerla, porque siempre fue y se sintió Patrick". "Mi vida no va a cambiar por estos señores que no conozco; pero como ciudadana es terrible que tengas que recurrir a la justicia para que te reconozcan una cosa que al resto de la población se le reconoce nada más nacer. Que ponga 'doña' es una ofensa, otra cosa es que a mí no me suponga un drama". Patrick no quiere hablar para este reportaje. Él querría salir haciendo lo que le gusta: escalando o practicando snow, no hablando de algo que para él nunca fue noticia. "Si esos jueces hubieran venido a pasar un día con nosotros, les hubiéramos enseñado un montón de cosas", asegura su madre.
"Se atenta contra la privacidad al tener que dar explicaciones"
Andrea (nombre ficticio) consiguió la custodia de su hija en 2012, pero su nombre y sexo figuraban entonces en masculino y así se redactó la sentencia. Cuatro años después, logró modificar sus datos en el Registro Civil. Y en 2017 consiguió que este cambio también lo recogiera la documentación de su niña. Aun así, se seguía vulnerando su "derecho a la intimidad", denunció, porque para algunos trámites —como pedir una beca para la menor— tenía que demostrar que tenía la tutela y enseñar la resolución donde constaba como padre y no como madre. Así que emprendió otra lucha: quería que ese dictamen recogiera su verdadera identidad. "Porque se estaba atentando contra mi privacidad y la de mi hija. Siempre teniendo que dar explicaciones", cuenta Andrea. La Audiencia Provincial de A Coruña le ha dado ahora la razón y en una sentencia pionera ordena emitir una nueva versión del fallo sobre la custodia donde conste "su nuevo nombre y su condición registral de madre, sin referencia a su anterior identidad sexual y nombre".
Según la resolución, aunque la Audiencia Provincial admite que no puede cambiar el texto de la sentencia original, el acceso a ella queda restringido y la nueva versión del fallo tendrá absoluta validez para que Andrea la utilice en sus trámites cotidianos. "Se abre así la puerta para que a todas las personas transexuales se les reconozca como se sienten y se ajusten las sentencias que son firmes. Se nos devuelve un derecho que se nos había quitado", cuenta esta mujer.
La Audiencia, para argumentar su decisión, recuerda que la ley de 2007 que regula el cambio de nombre y sexo en los registros tenía como finalidad "garantizar el libre desarrollo de la personalidad y dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el que inicialmente fueron inscritas".
Pero ese derecho, según cuenta Andrea, no se cumplía en su caso. Pese a su cambio de nombre en el registro, en los juzgados se seguían dirigiendo a ella en masculino. "Era la pescadilla que se muerde la cola. Como todo el tiempo se hablaba del juicio sobre la custodia —donde yo aparecía como padre—, yo soy la que tengo que demostrar todo el rato que soy una mujer", explica. Esta sentencia, dice, no ha hecho más que evidenciar la realidad: "Para mi hija yo siempre he sido su madre".
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