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| Imagen: El Diario / Javier Maroto y la campaña de 'Ayudas+Justas' |
Atacó también al PSOE por poner una candidata cunera en Álava: "Nos han colado a Celaá, que desconoce la realidad alavesa y no ha residido nunca aquí. Ejerce de bilbaína y ni sabe nada de Álava ni defenderá nunca a los alaveses".
Iker Rioja Andueza | El Diario, 2019-07-25
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Maroto-padron_0_924257968.html
Vitoria, 15 de julio de 2011. El nuevo alcalde de la capital vasca, un Javier Maroto que acaba de ganar las elecciones municipales para el PP, pide "colaboración ciudadana" para evitar que el padrón sea un "coladero" y haya personas que se registren donde no viven en realidad para poder acceder a una renta social, más garantista en Euskadi que en el resto de España. El tiempo y el fracaso electoral de las pasadas elecciones generales han puesto ahora a Maroto frente al espejo, ya que ha tenido que empadronarse en un pequeño pueblo de Segovia, Sotosalbos, con el que no se le conoce relación, para poder ser designado senador autonómico por Castilla y León y paliar así la pérdida de su escaño por su tierra, Álava.
Maroto, que ya fue teniente de alcalde en la etapa de Alfonso Alonso en Vitoria, hizo durante su mandato del control del padrón municipal una prioridad hasta el punto de que inició un conflicto con el Gobierno vasco, entonces del PSE-EE, por haber eliminado el requisito del empadronamiento en las adjudicaciones de viviendas sociales y abrir la puerta a que personas de fuera de la ciudad lograran una VPO. En su etapa al frente del Ayuntamiento se hicieron varios barridos para evitar irregularidades. En 2011 se dieron de baja en el padrón a 1.300 personas de golpe. En 2012, a otros 1.500. Y, en 2013, otros 1.000.
Sonado fue su conflicto con SOS Racismo por ayudar a extranjeros a darse de alta y facilitar así el acceso de estas personas a prestaciones sociales. Para evitar esos "fraudes", llegó a exigir 10 años de residencia efectiva antes de tener derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos, fijada entonces en algo más de 600 euros mensuales. "La RGI no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla. No pedimos que sean 10 años ininterrumpidos de padrón, pero sí un total de 10 años durante los que se ha estado empadronado en el País Vasco", planteó Maroto en una propuesta de reforma legislativa de la normativa autonómica de ayudas sociales que quiso reforzar con una recogida de firmas a través de la plataforma Ayudas+Justas, cuyo portavoz había incurrido en primera persona en cobros irregulares de la Seguridad Social.
Es más, en las elecciones generales en las que el PP -que fue el jefe de la campaña nacional de Pablo Casado- cedió su asiento por Álava al candidato de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo- el ahora senador prometió retomar su propuesta de "control" de las ayudas sociales con una "ley nacional" para la cual el Estado no tiene competencias. La campaña fue tan agresiva que incluso se hicieron cientos de llamadas telefónicas a los vitorianos recordando éstas y otras medidas.
Durante la campaña, Maroto también utilizó otro argumento que ahora se le ha vuelto en contra al pasar a representar a una circunscripción que no es la suya. Día tras día durante la campaña atacó al PSOE por presentar por Álava a una cunera, a la vizcaína Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Era "una falta de respeto" porque no era de la tierra. "Nos han colado a Celaá, que desconoce la realidad alavesa y no ha residido nunca aquí. Celaá ejerce de bilbaína y ni sabe nada de Álava ni defenderá nunca a los alaveses", llegó a manifestar. Ahora, el PP ha argumentado que todos los españoles tienen derecho a ocupar un cargo en cualquier lugar porque defienden una misma bandera.
Maroto, que ya fue teniente de alcalde en la etapa de Alfonso Alonso en Vitoria, hizo durante su mandato del control del padrón municipal una prioridad hasta el punto de que inició un conflicto con el Gobierno vasco, entonces del PSE-EE, por haber eliminado el requisito del empadronamiento en las adjudicaciones de viviendas sociales y abrir la puerta a que personas de fuera de la ciudad lograran una VPO. En su etapa al frente del Ayuntamiento se hicieron varios barridos para evitar irregularidades. En 2011 se dieron de baja en el padrón a 1.300 personas de golpe. En 2012, a otros 1.500. Y, en 2013, otros 1.000.
Sonado fue su conflicto con SOS Racismo por ayudar a extranjeros a darse de alta y facilitar así el acceso de estas personas a prestaciones sociales. Para evitar esos "fraudes", llegó a exigir 10 años de residencia efectiva antes de tener derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos, fijada entonces en algo más de 600 euros mensuales. "La RGI no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla. No pedimos que sean 10 años ininterrumpidos de padrón, pero sí un total de 10 años durante los que se ha estado empadronado en el País Vasco", planteó Maroto en una propuesta de reforma legislativa de la normativa autonómica de ayudas sociales que quiso reforzar con una recogida de firmas a través de la plataforma Ayudas+Justas, cuyo portavoz había incurrido en primera persona en cobros irregulares de la Seguridad Social.
Es más, en las elecciones generales en las que el PP -que fue el jefe de la campaña nacional de Pablo Casado- cedió su asiento por Álava al candidato de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo- el ahora senador prometió retomar su propuesta de "control" de las ayudas sociales con una "ley nacional" para la cual el Estado no tiene competencias. La campaña fue tan agresiva que incluso se hicieron cientos de llamadas telefónicas a los vitorianos recordando éstas y otras medidas.
Durante la campaña, Maroto también utilizó otro argumento que ahora se le ha vuelto en contra al pasar a representar a una circunscripción que no es la suya. Día tras día durante la campaña atacó al PSOE por presentar por Álava a una cunera, a la vizcaína Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Era "una falta de respeto" porque no era de la tierra. "Nos han colado a Celaá, que desconoce la realidad alavesa y no ha residido nunca aquí. Celaá ejerce de bilbaína y ni sabe nada de Álava ni defenderá nunca a los alaveses", llegó a manifestar. Ahora, el PP ha argumentado que todos los españoles tienen derecho a ocupar un cargo en cualquier lugar porque defienden una misma bandera.
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