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| Imagen: Público |
El Ministerio de Justicia recibió recientemente el visto bueno de Protección de Datos para publicar un ensayo en la que aparecen datos personales de jueces y forenses que reprimieron a homosexuales con la ley de peligrosidad social franquista. El autor lo tiene claro: "Si hubiesen censurado los nombres no hubiese autorizado su publicación".
Pablo Romero | Público, 2019-10-12
https://www.publico.es/sociedad/memoria-publica-son-jueces-forenses-reprimieron-homosexuales-franquismo.html
Todos tenemos derecho a conocer la verdad a través de documentos y sentencias públicas, como también tenemos derecho a la intimidad en el ámbito privado. Pero ¿tienen derecho jueces y forenses a ese anonimato en el desempeño de sus funciones? Es decir, ¿es importante saber si un magistrado del Tribunal Supremo considera —en sentencia pública— la homosexualidad como "un pecado contra el Espítitu Santo"?
La última obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.
Este volumen, titulado 'Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad', ha provocado que el propio ministerio pidiese un informe a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún problema: la historia, en este caso, no se toca.
Llega así la primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices de la dura represión dictatorial a los homosexuales.
Los principales nombres
La lista completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres como el del juez Antonio Sabater Tomás, "gran artífice de la represión de homosexuales" desde los juzgados de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, "planteaba la experimentación para 'curar' homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de Buchenwald".
Junto al magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la homosexualidad como "un pecado contra el Espítitu Santo".
También aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de Canarias, cuyas "sanciones y descalificaciones fueron humillantes". Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: "El expedientado es homosexual, [...] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente [...] conceptuado psicópata sexual [...] Pederasta activo y pasivo". Etcétera.
Los informes de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que, recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por un simple rumor, en ocasiones: "Por ser propenso a la sodomía, por ser afeminado [...]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos y hombres feos...".
Mención aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, quien "abogó por el carácter patológico de la inversión".
En muchos de esos "informes periciales" pseudocientíficos se determinaba que un sujerto era "homosexual pasivo" por detectarse, por ejemplo, "dilatación esfiterina y casi desaparición de pliegues" en su ano, o bien un "marcado amaneramiento [...] un psiquismo deformado [...] una constitución feminoide [...] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi todas las formas de perversión sexual".
El lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el autor de esta obra de investigación, "sólo se ha encontrado un caso de 'lesbianismo' condenado por estado peligroso de homosexualidad". Fue en Sevilla.
El origen de la obra
"Yo llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional catolicismo y sus protagonistas", comenta a Público en conversación telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras.
"Es decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron como jueces en los tribunales de excepción franquistas", añade.
El catedrático contestó que primero quería terminar su investigación. "Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre", afirma, y añade: "El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo la dictadura".
Los archivos, ese agujero negro
"El problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una serie de requisitos y burocracia", lamenta el autor. "Por ejemplo, que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente".
"Muchos se preguntan sobre la 'moda' de investigar el pasado, y la respuesta inmediata es que es imposible investigar hechos más recientes", apunta, y añade: "De hecho, para esta investigación sobre represión de la homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969".
En las primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso a los documentos varían de uno a otro archivo. "En algunos tienes a un guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra Civil", comenta.
Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las "juntas de expurgo" de gobiernos anteriores. "Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables", señala Portilla.
En Zaragoza, lo que queda de información se encuentra "en el Archivo Municipal de La Muela sin acceso público". Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona, permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento de la ciudad trató de querellarse hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.
Por otro lado, los archivos militares "están abiertos una o dos horas al día para los investigadores", lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento "está en la apertura al máximo de los archivos militares". "Es muy importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de las cosas", dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio después de destaparse que los archivos militares habían colocado un cerrojo a gran parte de su documentación 'clasificada' amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. "Ése es el contexto de esta investigación", resume Portilla.
El porqué de los nombres
"Yo he citado a todos los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas", alega el investigador, que agrega: "Al trabajar con los textos de las sentencias y con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental en estos casos porque eran necesarios para condenar".
"Los forenses determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a los pasivos", recuerda.
Las penas, que oscilaban entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos años de destierro y, además, tras ello se les imponía una 'libertad vigilada' a cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para ayudarles a encontrar trabajo. "Pero claro, era en realidad todo lo contrario", asegura el catedrático. Porque además se identificaba la homosexualidad con la pederastia.
"Miedo a desvelar la verdad"
"Yo estaba muy contento con la publicación de este libro, porque además contiene una importante parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran las víctimas", subraya.
"No obstante, a los pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la aparición de los nombres de los jueces, de los forenses...", comenta, y añade: "Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo, y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los catedráticos...; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos".
Para Portilla, "se han cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento, la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de protección de datos había emitido un informe negativo". "Pero yo les dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses censurados", asevera, "no se puede ocultar el nombre de estas personas responsables de esta represión porque es parte de la historia".
Este catedrático lamenta que exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.
Pero también reconoce que hay muchos "hijos de" que hoy día "siguen ocupando determinados puestos...". Y prefiere callar. "No sé, hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que no puedo entender", concluye.
La última obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.
Este volumen, titulado 'Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad', ha provocado que el propio ministerio pidiese un informe a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún problema: la historia, en este caso, no se toca.
Llega así la primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices de la dura represión dictatorial a los homosexuales.
Los principales nombres
La lista completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres como el del juez Antonio Sabater Tomás, "gran artífice de la represión de homosexuales" desde los juzgados de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, "planteaba la experimentación para 'curar' homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de Buchenwald".
Junto al magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la homosexualidad como "un pecado contra el Espítitu Santo".
También aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de Canarias, cuyas "sanciones y descalificaciones fueron humillantes". Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: "El expedientado es homosexual, [...] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente [...] conceptuado psicópata sexual [...] Pederasta activo y pasivo". Etcétera.
Los informes de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que, recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por un simple rumor, en ocasiones: "Por ser propenso a la sodomía, por ser afeminado [...]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos y hombres feos...".
Mención aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, quien "abogó por el carácter patológico de la inversión".
En muchos de esos "informes periciales" pseudocientíficos se determinaba que un sujerto era "homosexual pasivo" por detectarse, por ejemplo, "dilatación esfiterina y casi desaparición de pliegues" en su ano, o bien un "marcado amaneramiento [...] un psiquismo deformado [...] una constitución feminoide [...] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi todas las formas de perversión sexual".
El lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el autor de esta obra de investigación, "sólo se ha encontrado un caso de 'lesbianismo' condenado por estado peligroso de homosexualidad". Fue en Sevilla.
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| Imagen: Público / Guillermo Portilla Contreras |
"Yo llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional catolicismo y sus protagonistas", comenta a Público en conversación telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras.
"Es decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron como jueces en los tribunales de excepción franquistas", añade.
El catedrático contestó que primero quería terminar su investigación. "Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre", afirma, y añade: "El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo la dictadura".
Los archivos, ese agujero negro
"El problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una serie de requisitos y burocracia", lamenta el autor. "Por ejemplo, que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente".
"Muchos se preguntan sobre la 'moda' de investigar el pasado, y la respuesta inmediata es que es imposible investigar hechos más recientes", apunta, y añade: "De hecho, para esta investigación sobre represión de la homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969".
En las primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso a los documentos varían de uno a otro archivo. "En algunos tienes a un guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra Civil", comenta.
Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las "juntas de expurgo" de gobiernos anteriores. "Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables", señala Portilla.
En Zaragoza, lo que queda de información se encuentra "en el Archivo Municipal de La Muela sin acceso público". Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona, permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento de la ciudad trató de querellarse hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.
Por otro lado, los archivos militares "están abiertos una o dos horas al día para los investigadores", lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento "está en la apertura al máximo de los archivos militares". "Es muy importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de las cosas", dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio después de destaparse que los archivos militares habían colocado un cerrojo a gran parte de su documentación 'clasificada' amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. "Ése es el contexto de esta investigación", resume Portilla.
El porqué de los nombres
"Yo he citado a todos los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas", alega el investigador, que agrega: "Al trabajar con los textos de las sentencias y con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental en estos casos porque eran necesarios para condenar".
"Los forenses determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a los pasivos", recuerda.
Las penas, que oscilaban entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos años de destierro y, además, tras ello se les imponía una 'libertad vigilada' a cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para ayudarles a encontrar trabajo. "Pero claro, era en realidad todo lo contrario", asegura el catedrático. Porque además se identificaba la homosexualidad con la pederastia.
"Miedo a desvelar la verdad"
"Yo estaba muy contento con la publicación de este libro, porque además contiene una importante parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran las víctimas", subraya.
"No obstante, a los pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la aparición de los nombres de los jueces, de los forenses...", comenta, y añade: "Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo, y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los catedráticos...; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos".
Para Portilla, "se han cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento, la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de protección de datos había emitido un informe negativo". "Pero yo les dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses censurados", asevera, "no se puede ocultar el nombre de estas personas responsables de esta represión porque es parte de la historia".
Este catedrático lamenta que exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.
Pero también reconoce que hay muchos "hijos de" que hoy día "siguen ocupando determinados puestos...". Y prefiere callar. "No sé, hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que no puedo entender", concluye.
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