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| Imagen: El País |
El Gobierno del PP prometió en abril de 2018 analizar el Código Penal tras la polémica sentencia que condenaba a La Manada por abuso. El caso sigue pendiente.
Pilar Álvarez | El País, 2019-10-31
https://elpais.com/sociedad/2019/10/31/actualidad/1572536359_232784.html
Todo empezó en abril de 2018, tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada en la que la Audiencia Provincial de Navarra condenaba a los cinco hombres por abuso sexual continuado, no por violación. El 27 de abril, apenas un día después de que se conociera el fallo, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), anunció que el Gobierno estudiaría una reforma sobre los delitos sexuales en España y que reuniría con urgencia a la comisión general de codificación. Prometió una primera propuesta "en semanas". Un año y medio después, la revisión aún no se ha materializado y la misma polémica que hubo con la primera sentencia por la violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 —considerar un abuso sexual el ataque en grupo a una mujer— se repite con la violación múltiple de Manresa, en este caso con una víctima menor de edad.
Tras el cambio de Gobierno, el Ejecutivo del PSOE —con Dolores Delgado al frente de Justicia— tomó el relevo para esa revisión. A finales de 2018, el Gobierno recibió una propuesta de la citada comisión, cuyo contenido aún no ha sido trasladado al Código Penal. Fuentes de Justicia señalan que el texto estaba bastante avanzado cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones el pasado abril. No se puede aprobar, añaden, con un Gobierno en funciones.
El trabajo del grupo de expertos comenzó de forma accidentada. La llamada sección 4, de lo Penal, de la comisión general de codificación, estaba compuesta en un principio por 20 hombres. Ante las protestas de especialistas y juristas, se acabó modificando para reunir a 15 mujeres y 13 hombres. Las principales recomendaciones que enviaron al Gobierno fueron: la desaparición del término abuso sexual del Código Penal, delito por el que fueron condenados inicialmente los integrantes de La Manada de Pamplona y ahora los de Manresa; que todos los delitos contra la libertad sexual estén bajo el epígrafe de agresiones sexuales (con una distinción que separa entre aquellas "violentas e intimidatorias"). También señalaron que la actuación conjunta "de dos o más personas" se equipare con la violencia y la intimidación. Mantuvieron una decena de reuniones, según fuentes de la comisión. Hubo encuentros de todo el pleno, con los 28 integrantes y, sobre todo, encuentros de un grupo más reducido, formado por seis personas.
El Gobierno ha mantenido en su propuesta, que deberá pasar una tramitación parlamentaria al tratarse de una ley orgánica, la supresión de los abusos sexuales del Código Penal y la equiparación de la violencia o intimidación con la actuación de dos o más personas. Entre las líneas principales del documento que ha trabajado Justicia con otros departamentos (entre ellos, Igualdad) incluye eliminar las conductas que con la regulación actual se castigan con multa, según explican fuentes de Justicia. Se recupera la violación como un delito autónomo, que pasaría a convertirse en el delito más grave contra la libertad sexual, tal como también recomendó la comisión de expertos. Se incluye un agravante de género en caso de que el violador sea pareja o expareja de la víctima, un aspecto que responde al mandato de incluir la perspectiva de género en la normativa y a lo que dicta el Convenio de Estambul, según fuentes de la comisión consultadas durante la negociación del documento.
El Ejecutivo estudia además un posible aumento de las penas. En las últimas reuniones de la comisión de expertos, los juristas consideraron que la violación no superase la pena máxima de los homicidios, que son 15 años de cárcel, salvo que sean delitos acumulados. En el documento enviado a Justicia por el presidente de la comisión, el abogado Esteban Mestre, fijaron esos 15 años solo en los casos más graves, con dos o más agravantes.
Cómo recoger el 'solo sí es sí' en la ley
El Gobierno en funciones estudia también un posible endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de las penas de los agresores para dificultar el acceso a beneficios penitenciarios. Estos dos aspectos no están decididos aún. Tampoco está aún cerrado, según Justicia, cómo formular dentro del Código Penal el "solo sí es sí" que defiende el Gobierno para que el delito gire entorno al consentimiento.
La propuesta de los juristas, y también el texto que maneja el Gobierno, mantiene agravantes que ya recoge la ley: si los hechos son "particularmente degradantes o vejatorios", "cuando la víctima sea especialmente vulnerable", cuando el agresor se haya aprovechado de una "relación de superioridad o parentesco con la víctima", cuando haya "armas u otros medios igualmente peligrosos".
La idea de los expertos en Derecho Penal al trabajar el texto era “aclarar” al máximo los conceptos para que fuese fácil de entender por los ciudadanos sin perder rigor técnico. La intención del Ministerio de Justicia es también que el Código Penal sea más fácil de entender para los ciudadanos.
Tras el cambio de Gobierno, el Ejecutivo del PSOE —con Dolores Delgado al frente de Justicia— tomó el relevo para esa revisión. A finales de 2018, el Gobierno recibió una propuesta de la citada comisión, cuyo contenido aún no ha sido trasladado al Código Penal. Fuentes de Justicia señalan que el texto estaba bastante avanzado cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones el pasado abril. No se puede aprobar, añaden, con un Gobierno en funciones.
El trabajo del grupo de expertos comenzó de forma accidentada. La llamada sección 4, de lo Penal, de la comisión general de codificación, estaba compuesta en un principio por 20 hombres. Ante las protestas de especialistas y juristas, se acabó modificando para reunir a 15 mujeres y 13 hombres. Las principales recomendaciones que enviaron al Gobierno fueron: la desaparición del término abuso sexual del Código Penal, delito por el que fueron condenados inicialmente los integrantes de La Manada de Pamplona y ahora los de Manresa; que todos los delitos contra la libertad sexual estén bajo el epígrafe de agresiones sexuales (con una distinción que separa entre aquellas "violentas e intimidatorias"). También señalaron que la actuación conjunta "de dos o más personas" se equipare con la violencia y la intimidación. Mantuvieron una decena de reuniones, según fuentes de la comisión. Hubo encuentros de todo el pleno, con los 28 integrantes y, sobre todo, encuentros de un grupo más reducido, formado por seis personas.
El Gobierno ha mantenido en su propuesta, que deberá pasar una tramitación parlamentaria al tratarse de una ley orgánica, la supresión de los abusos sexuales del Código Penal y la equiparación de la violencia o intimidación con la actuación de dos o más personas. Entre las líneas principales del documento que ha trabajado Justicia con otros departamentos (entre ellos, Igualdad) incluye eliminar las conductas que con la regulación actual se castigan con multa, según explican fuentes de Justicia. Se recupera la violación como un delito autónomo, que pasaría a convertirse en el delito más grave contra la libertad sexual, tal como también recomendó la comisión de expertos. Se incluye un agravante de género en caso de que el violador sea pareja o expareja de la víctima, un aspecto que responde al mandato de incluir la perspectiva de género en la normativa y a lo que dicta el Convenio de Estambul, según fuentes de la comisión consultadas durante la negociación del documento.
El Ejecutivo estudia además un posible aumento de las penas. En las últimas reuniones de la comisión de expertos, los juristas consideraron que la violación no superase la pena máxima de los homicidios, que son 15 años de cárcel, salvo que sean delitos acumulados. En el documento enviado a Justicia por el presidente de la comisión, el abogado Esteban Mestre, fijaron esos 15 años solo en los casos más graves, con dos o más agravantes.
Cómo recoger el 'solo sí es sí' en la ley
El Gobierno en funciones estudia también un posible endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de las penas de los agresores para dificultar el acceso a beneficios penitenciarios. Estos dos aspectos no están decididos aún. Tampoco está aún cerrado, según Justicia, cómo formular dentro del Código Penal el "solo sí es sí" que defiende el Gobierno para que el delito gire entorno al consentimiento.
La propuesta de los juristas, y también el texto que maneja el Gobierno, mantiene agravantes que ya recoge la ley: si los hechos son "particularmente degradantes o vejatorios", "cuando la víctima sea especialmente vulnerable", cuando el agresor se haya aprovechado de una "relación de superioridad o parentesco con la víctima", cuando haya "armas u otros medios igualmente peligrosos".
La idea de los expertos en Derecho Penal al trabajar el texto era “aclarar” al máximo los conceptos para que fuese fácil de entender por los ciudadanos sin perder rigor técnico. La intención del Ministerio de Justicia es también que el Código Penal sea más fácil de entender para los ciudadanos.
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