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| Imagen: El País |
Actualmente, 34 de las 54 naciones africanas criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Meggie Mwoka | El País, 2019-02-27
https://elpais.com/elpais/2019/02/27/3500_millones/1551279198_642495.html
“¡No dejar a nadie atrás!” es una frase que se ha popularizado gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, un acuerdo de 193 países para poner fin a la pobreza y la desigualdad para todos, sin discriminación. Pero la discriminación de la comunidad LGTBI en África, que sigue quedando fuera de las iniciativas nacionales y regionales de desarrollo, cuestiona este principio.
En el año 2014, la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, por sus siglas en inglés, el órgano de la Unión Africana para los derechos humanos), condenó de manera explícita la violencia y cualquier otra violación de derechos sobre la base de orientación sexual real o imputada, así como de la identidad de género. Reclamó también a sus Estados miembros que garantizasen que los defensores de derechos humanos trabajan en un ambiente favorable y libre de estigma, represión o persecución criminal como consecuencia de sus actividades para proteger los derechos, incluyendo los de las minorías sexuales. Paradójicamente, tres años de presiones políticas hicieron que la ACHPR se plegase a retirar la condición de ‘ONG observadora’ a la Coalición de Lesbianas Africanas, una organización panafricana dedicada a proteger los derechos de las mujeres. Con ello despertaron una gran preocupación acerca de la imparcialidad y el funcionamiento de la ACHPR.
A pesar de que la mayor parte de los países reconocen derechos humanos básicos como la salud y la educación para todos sus ciudadanos, la discriminación contra la población LGTBI continúa siendo alimentada por leyes, políticas y prácticas que les excluyen de manera deliberada. Esta discriminación les impide realizarse plenamente como individuos e involucrarse decididamente en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades y países. Treinta y cuatro de las 54 naciones africanas criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. La actividad homosexual entre hombres está castigada con la pena de muerte en Sudán, Mauritania, Somalia y partes del Norte de Nigeria; con la cadena perpetua en Uganda, Tanzania y Sierra Leona; y con largos períodos de prisión en Kenia, Malawi, Senegal y Gambia. Lamentablemente, y aunque una Constitución progresista protege los derechos LGTB en Sudáfrica, también ha habido informes cada vez más frecuentes sobre incidentes violentos contra lesbianas, bisexuales y mujeres trans. Aunque en Cabo Verde son legales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, estas parejas y sus hogares no reciben la misma protección legal que las parejas heterosexuales.
La exclusión de las personas LGTBI del acceso a la salud, la educación y las oportunidades de empleo acarrea pérdidas inmensas de potencial humano, talento, creatividad y productividad de enorme valor para el desarrollo africano. De este modo, la discriminación de estas comunidades supone un obstáculo para los avances económicos, sociales y políticos. Un estudio del Banco Mundial demostró que una economía como la de India pierde hasta 32.000 millones de dólares cada año como resultado de la homofobia y la exclusión de las personas LGTBI del desarrollo socioeconómico.
Nada de todo esto puede hacernos olvidar los esfuerzos de individuos y comunidades que, a lo largo de todo el continente, pelean por los derechos de la comunidad LGTBI. Esto incluye a organizaciones como la Coalición de Gais y Lesbianas de Kenia y la Freedom and Roam de Uganda, que continúan adelante a pesar de las consecuencias que puede acarrearles pelear legítimamente por lo que merecen: el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos más básicos. Esto incluye también a artistas que han puesto su talento al servicio de la causa con libros como She Called Me Woman: Nigeria’s Queer Women Speak y películas como Rafiki, que humanizan y cuentan de manera elaborada la historia LGTB africana. O instituciones como el Centro de Investigaciones sobre la Población Africana y la Salud, que se enfrentan al reto de entender las causas profundas de la exclusión y marginación LGTBI en el contexto de la era ODS de no dejar a nadie atrás.
Los derechos humanos no están para ser respetados de manera selectiva. Sin embargo, esto es lo que está ocurriendo. Ruanda es un ejemplo de un país que está dando pasos decididos para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI: se ha convertido en el único país de África central y oriental, el sexto de toda África y el 85 del mundo en avalar la declaración conjunta de la ONU condenando la violencia contra la población LGTB.
Volvamos al principio de ‘no dejar a nadie atrás’, que guía los esfuerzos nacionales y globales de desarrollo. Si queremos asegurar que todos los hombres y mujeres tienen el mismo acceso pleno a los recursos económicos, los servicios de salud y a una educación equitativa y de calidad; y si realmente queremos prosperar en una economía inclusiva y justa, la discriminación contra la población LGTBI debe dejar de ser un no-asunto para nuestros países.
Meggie Mwoka es médico en Kenia.
En el año 2014, la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, por sus siglas en inglés, el órgano de la Unión Africana para los derechos humanos), condenó de manera explícita la violencia y cualquier otra violación de derechos sobre la base de orientación sexual real o imputada, así como de la identidad de género. Reclamó también a sus Estados miembros que garantizasen que los defensores de derechos humanos trabajan en un ambiente favorable y libre de estigma, represión o persecución criminal como consecuencia de sus actividades para proteger los derechos, incluyendo los de las minorías sexuales. Paradójicamente, tres años de presiones políticas hicieron que la ACHPR se plegase a retirar la condición de ‘ONG observadora’ a la Coalición de Lesbianas Africanas, una organización panafricana dedicada a proteger los derechos de las mujeres. Con ello despertaron una gran preocupación acerca de la imparcialidad y el funcionamiento de la ACHPR.
A pesar de que la mayor parte de los países reconocen derechos humanos básicos como la salud y la educación para todos sus ciudadanos, la discriminación contra la población LGTBI continúa siendo alimentada por leyes, políticas y prácticas que les excluyen de manera deliberada. Esta discriminación les impide realizarse plenamente como individuos e involucrarse decididamente en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades y países. Treinta y cuatro de las 54 naciones africanas criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. La actividad homosexual entre hombres está castigada con la pena de muerte en Sudán, Mauritania, Somalia y partes del Norte de Nigeria; con la cadena perpetua en Uganda, Tanzania y Sierra Leona; y con largos períodos de prisión en Kenia, Malawi, Senegal y Gambia. Lamentablemente, y aunque una Constitución progresista protege los derechos LGTB en Sudáfrica, también ha habido informes cada vez más frecuentes sobre incidentes violentos contra lesbianas, bisexuales y mujeres trans. Aunque en Cabo Verde son legales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, estas parejas y sus hogares no reciben la misma protección legal que las parejas heterosexuales.
La exclusión de las personas LGTBI del acceso a la salud, la educación y las oportunidades de empleo acarrea pérdidas inmensas de potencial humano, talento, creatividad y productividad de enorme valor para el desarrollo africano. De este modo, la discriminación de estas comunidades supone un obstáculo para los avances económicos, sociales y políticos. Un estudio del Banco Mundial demostró que una economía como la de India pierde hasta 32.000 millones de dólares cada año como resultado de la homofobia y la exclusión de las personas LGTBI del desarrollo socioeconómico.
Nada de todo esto puede hacernos olvidar los esfuerzos de individuos y comunidades que, a lo largo de todo el continente, pelean por los derechos de la comunidad LGTBI. Esto incluye a organizaciones como la Coalición de Gais y Lesbianas de Kenia y la Freedom and Roam de Uganda, que continúan adelante a pesar de las consecuencias que puede acarrearles pelear legítimamente por lo que merecen: el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos más básicos. Esto incluye también a artistas que han puesto su talento al servicio de la causa con libros como She Called Me Woman: Nigeria’s Queer Women Speak y películas como Rafiki, que humanizan y cuentan de manera elaborada la historia LGTB africana. O instituciones como el Centro de Investigaciones sobre la Población Africana y la Salud, que se enfrentan al reto de entender las causas profundas de la exclusión y marginación LGTBI en el contexto de la era ODS de no dejar a nadie atrás.
Los derechos humanos no están para ser respetados de manera selectiva. Sin embargo, esto es lo que está ocurriendo. Ruanda es un ejemplo de un país que está dando pasos decididos para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI: se ha convertido en el único país de África central y oriental, el sexto de toda África y el 85 del mundo en avalar la declaración conjunta de la ONU condenando la violencia contra la población LGTB.
Volvamos al principio de ‘no dejar a nadie atrás’, que guía los esfuerzos nacionales y globales de desarrollo. Si queremos asegurar que todos los hombres y mujeres tienen el mismo acceso pleno a los recursos económicos, los servicios de salud y a una educación equitativa y de calidad; y si realmente queremos prosperar en una economía inclusiva y justa, la discriminación contra la población LGTBI debe dejar de ser un no-asunto para nuestros países.
Meggie Mwoka es médico en Kenia.
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