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| Imagen: El Salto / Movilización en Polonia contra la limitación del aborto y la eduacción sexual |
Reducción de los desplazamientos obligatorios o posibilidad de acceder a abortos con medicamentos en casa son algunas de las medidas que pide la Federación Internacional de Planificación Familiar para garantizar el aborto seguro durante la pandemia. La organización denuncia el cierre de clínicas y los protocolos que ponen en riesgos innecesarios a las mujeres mientras algunos países sí adaptan sus requisitos. “Esta crisis no debe usarse como una excusa para negar a las mujeres su seguridad reproductiva y su libertad para tomar decisiones”, advierten.
Patricia Reguero | El Salto, 2020-04-21
https://www.elsaltodiario.com/aborto/paises-europeos-protocolos-aborto-crisis-covid-19
Las mujeres alemanas pueden hacer la sesión de asesoramiento obligatorio antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo por vídeo, chat o por teléfono, y las autoridades están buscando una solución online al problema del reembolso del costo del aborto mientras permanecen cerrados algunos trámites de los seguros de salud. Es una de las modificaciones de protocolos que se han producido en las últimas semanas para adaptarse a la crisis del covid-19, según explica la International Planned Parenthood Federation - European Network (IPPF-EN), que agrupa a más de 40 organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo.
En España, la posibilidad de evitar el desplazamiento que supone este asesoramiento, también obligatorio, ha quedado en manos de los gobiernos autonómicos después de que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se dirigiera a Sanidad para pedirle que suprimiera este trámite y que permita hacerlo por medios telemáticos con el objetivo de reducir el número de desplazamientos de las mujeres. De momento, Galiza y Catalunya han contestado afirmativamente.
“La pandemia está acentuando las dificultades existentes que enfrentan las mujeres para acceder a una atención segura y a tiempo como resultado de las restricciones a la libertad de movimientos, y ha reducido la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva”, advierte Caroline Hickson, directora de IPPF-EN, organización que hace una semana pedía a los gobiernos europeos medidas para garantizar el derecho seguro al aborto. Hickson alerta de que el mayor riesgo es para las mujeres y las niñas de grupos marginados, así como para las supervivientes de violencia sexual y de género.
Entre las medidas que pide la IPPF está el que el acceso al aborto sea considerado un servicio esencial, como ocurre por ejemplo en España, Suecia o Bélgica. Además, piden poner a disposición de las mujeres consultas de salud de manera telemática, permitir a los médicos recetar la medicación necesaria también a distancia o facilitar el acceso a los medicamentos necesarios para abortar en casa —y eliminar el requisito de que estos medicamentos tengan que tomarse en presencia de un médico, como ocurre en algunos países—. La IPPF también considera conveniente prescindir de los períodos de espera y del asesoramiento obligatorio para evitar desplazamientos a las mujeres, entre otras medidas, según enumeraban el pasado 7 de abril.
En ese mismo comunicado, firmado por un centenar de organizaciones, pedían a todos los responsables políticos de la región europea que rechacen las propuestas que pretenden restringir el acceso a la atención segura del aborto durante la pandemia de covid-19, en referencia al debate que se produjo este miércoles pasado en el parlamento polaco, y que fue contestado en las calles a pesar de las medidas de distanciamiento con protestas en las colas, en los coches y en las redes.
Finalmente, los ultraconservadores polacos del partido gobernante Ley y Justicia (PiS) han retrasado el proyecto de ley para restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo —y otro para castigar la educación sexual en Polonia—, votando a favor de enviar estas iniciativas a comisión parlamentaria, lo que pone en suspenso la iniciativa de manera temporal. “Esta crisis no debe usarse como una excusa para negar a las mujeres su seguridad reproductiva y su libertad para tomar decisiones con respecto a sus derechos reproductivos y de salud, como ha intentado el Gobierno polaco esta semana”, dice Hickson, que celebra este aplazamiento del debate y espera “que los proyectos de ley no se presenten nuevamente, al menos no durante la crisis de covid-19”.
Modificaciones en Reino Unido, Irlanda o Austria
Entre los países que sí se han hecho algunas adaptaciones, o en los que se está estudiando cómo hacerlas, está el Reino Unido. Allí, explica IPPF, el British Pregnancy Advisory Service ha realizado una campaña tras la cual se espera que el Gobierno cambie los protocolos de forma que se pueda extender la atención médica telemática y el acceso al aborto farmacológico en casa.
En Irlanda, la Irish Family Planning Association ha pedido al Ministerio de Salud un cambio en la regulación sobre el aborto para reducir el riesgo de exposición al coronavirus. De momento, el Servicio de Salud emitió un comunicado el 9 de abril por el que se confirma un nuevo modelo de atención a los abortos de menos de nueve semanas en Irlanda, país que despenalizó el aborto en mayo de 2018. El protocolo se aplicará mientras se prolongue la situación excepcional por la crisis del coronavirus y establece que la atención presencial en la clínica se haga solo cuando sea estrictamente necesario.
Además, el 15 de abril se lanzó una campaña en Italia para pedir la autorización del aborto con medicamentos en casa. Allí, las asociaciones de ginecólogos y obstetras emitieron una declaración en la que pedían que se permitiera realizar abortos con medicamentos en casa mientras dure la crisis, algo que la IPPF encuentra particularmente significativo ya que estas dos asociaciones generalmente toman posiciones antielección, explican a El Salto.
También en Austria, IPPF espera conseguir una nueva regulación que permita a las mujeres acceder a medicamentos para el aborto con receta médica en farmacias y poder tomarlos en casa, algo que piden que se permita también en España.
Denegación de servicios y clínicas cerradas
Por otra parte, un total de 19 de los 28 miembros de la red europea de IPPF han informado de reducciones en los servicios de acceso al aborto seguro. La mayor preocupación de la federación es la referida a los cinco países donde la prohibición de abortar es total y las mujeres que quieren interrumpir su embarazo optaban hasta ahora por desplazarse a otros países. Se trata de Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino y Andorra, país donde el aborto está totalmente prohibido mientras deriva a las mujeres a los países vecinos. Hickson advierte del riesgo que esto puede conllevar de que se produzca un pico de embarazos no deseados, o de que se “obligue a las mujeres a recurrir a métodos ilegales o inseguros, exponiendo a mujeres embarazadas y niñas y sus familias a riesgos físicos y legales”.
Sin llegar a la prohibición total, el riesgo que corren las mujeres en países donde el acceso es muy restrictivo es también grave. Entre ellos está Polonia, donde solo está permitido interrumpir de forma voluntaria el embarazo cuando la vida o la salud de una mujer está en peligro, en situaciones de malformaciones fetales severas o en casos de violación.
Además, las mujeres en algunos países, particularmente Italia y Croacia, enfrentan una negación generalizada de atención por parte de profesionales médicos, por lo que su acceso está muy limitado a pesar de que la ley prevé la atención del aborto.
IPPF también detecta problemas de acceso al aborto en países donde sí se ha establecido como servicio esencial. Esta organización dice haber detectado dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en Italia y Francia, después de que ambos países accedieran a reconocer esta prestación como servicio esencial.
Además, once organizaciones de entre las encuestadas por IPPF han informado de que su propio personal estaba enfermo o en cuarentena. En Bélgica, esta situación se combina con el hecho de que muchos médicos mayores brindan atención de aborto y, por lo tanto, se encuentran entre los grupos de riesgo, dificultando la prestación de atención, explican, mientras que en Rumanía los servicios de acceso al aborto han sido suspendidos, según reportan a la IPPF las organizaciones miembro.
Menos salud sexual
Por otra parte, IPPF también alerta de la merma en salud sexual que supone la situación de crisis. Es el caso de Polonia, donde la provisión de anticonceptivos y los servicios de detección de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se han visto afectados. Según denuncian, la crisis sanitaria también está afectando a los proyectos de educación sexual, que se encuentran paralizados en 24 de los 28 miembros de IPPF en Europa.
En Portugal, el Ministerio de Salud ya no les permite ofrecer servicios de detección de ETS debido a la falta de equipos de protección personal, un problema reportado por muchas de las organizaciones de esta federación.
En Irlanda, los dos servicios públicos de detección de ETS están cerrados mientras que en Austria ya no está suministrando DIU. En Suiza, el asesoramiento y las pruebas de ETS se han reducido. En Albania, las pruebas de VIH y de detección de ETS, la anticoncepción, la atención del aborto, la detección y prueba del cáncer de cuello uterino, las visitas ginecológicas y los servicios de violencia sexual y de género han disminuido.
En Noruega, se han cancelado los servicios especializados para trabajadoras sexuales y personas VIH positivas y existe una caída general en la demanda de citas. En Bulgaria, Rumania y Serbia, se suspendieron los proyectos que apoyan la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres romaníes.
En España, la posibilidad de evitar el desplazamiento que supone este asesoramiento, también obligatorio, ha quedado en manos de los gobiernos autonómicos después de que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se dirigiera a Sanidad para pedirle que suprimiera este trámite y que permita hacerlo por medios telemáticos con el objetivo de reducir el número de desplazamientos de las mujeres. De momento, Galiza y Catalunya han contestado afirmativamente.
“La pandemia está acentuando las dificultades existentes que enfrentan las mujeres para acceder a una atención segura y a tiempo como resultado de las restricciones a la libertad de movimientos, y ha reducido la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva”, advierte Caroline Hickson, directora de IPPF-EN, organización que hace una semana pedía a los gobiernos europeos medidas para garantizar el derecho seguro al aborto. Hickson alerta de que el mayor riesgo es para las mujeres y las niñas de grupos marginados, así como para las supervivientes de violencia sexual y de género.
Entre las medidas que pide la IPPF está el que el acceso al aborto sea considerado un servicio esencial, como ocurre por ejemplo en España, Suecia o Bélgica. Además, piden poner a disposición de las mujeres consultas de salud de manera telemática, permitir a los médicos recetar la medicación necesaria también a distancia o facilitar el acceso a los medicamentos necesarios para abortar en casa —y eliminar el requisito de que estos medicamentos tengan que tomarse en presencia de un médico, como ocurre en algunos países—. La IPPF también considera conveniente prescindir de los períodos de espera y del asesoramiento obligatorio para evitar desplazamientos a las mujeres, entre otras medidas, según enumeraban el pasado 7 de abril.
En ese mismo comunicado, firmado por un centenar de organizaciones, pedían a todos los responsables políticos de la región europea que rechacen las propuestas que pretenden restringir el acceso a la atención segura del aborto durante la pandemia de covid-19, en referencia al debate que se produjo este miércoles pasado en el parlamento polaco, y que fue contestado en las calles a pesar de las medidas de distanciamiento con protestas en las colas, en los coches y en las redes.
Finalmente, los ultraconservadores polacos del partido gobernante Ley y Justicia (PiS) han retrasado el proyecto de ley para restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo —y otro para castigar la educación sexual en Polonia—, votando a favor de enviar estas iniciativas a comisión parlamentaria, lo que pone en suspenso la iniciativa de manera temporal. “Esta crisis no debe usarse como una excusa para negar a las mujeres su seguridad reproductiva y su libertad para tomar decisiones con respecto a sus derechos reproductivos y de salud, como ha intentado el Gobierno polaco esta semana”, dice Hickson, que celebra este aplazamiento del debate y espera “que los proyectos de ley no se presenten nuevamente, al menos no durante la crisis de covid-19”.
Modificaciones en Reino Unido, Irlanda o Austria
Entre los países que sí se han hecho algunas adaptaciones, o en los que se está estudiando cómo hacerlas, está el Reino Unido. Allí, explica IPPF, el British Pregnancy Advisory Service ha realizado una campaña tras la cual se espera que el Gobierno cambie los protocolos de forma que se pueda extender la atención médica telemática y el acceso al aborto farmacológico en casa.
En Irlanda, la Irish Family Planning Association ha pedido al Ministerio de Salud un cambio en la regulación sobre el aborto para reducir el riesgo de exposición al coronavirus. De momento, el Servicio de Salud emitió un comunicado el 9 de abril por el que se confirma un nuevo modelo de atención a los abortos de menos de nueve semanas en Irlanda, país que despenalizó el aborto en mayo de 2018. El protocolo se aplicará mientras se prolongue la situación excepcional por la crisis del coronavirus y establece que la atención presencial en la clínica se haga solo cuando sea estrictamente necesario.
Además, el 15 de abril se lanzó una campaña en Italia para pedir la autorización del aborto con medicamentos en casa. Allí, las asociaciones de ginecólogos y obstetras emitieron una declaración en la que pedían que se permitiera realizar abortos con medicamentos en casa mientras dure la crisis, algo que la IPPF encuentra particularmente significativo ya que estas dos asociaciones generalmente toman posiciones antielección, explican a El Salto.
También en Austria, IPPF espera conseguir una nueva regulación que permita a las mujeres acceder a medicamentos para el aborto con receta médica en farmacias y poder tomarlos en casa, algo que piden que se permita también en España.
Denegación de servicios y clínicas cerradas
Por otra parte, un total de 19 de los 28 miembros de la red europea de IPPF han informado de reducciones en los servicios de acceso al aborto seguro. La mayor preocupación de la federación es la referida a los cinco países donde la prohibición de abortar es total y las mujeres que quieren interrumpir su embarazo optaban hasta ahora por desplazarse a otros países. Se trata de Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino y Andorra, país donde el aborto está totalmente prohibido mientras deriva a las mujeres a los países vecinos. Hickson advierte del riesgo que esto puede conllevar de que se produzca un pico de embarazos no deseados, o de que se “obligue a las mujeres a recurrir a métodos ilegales o inseguros, exponiendo a mujeres embarazadas y niñas y sus familias a riesgos físicos y legales”.
Sin llegar a la prohibición total, el riesgo que corren las mujeres en países donde el acceso es muy restrictivo es también grave. Entre ellos está Polonia, donde solo está permitido interrumpir de forma voluntaria el embarazo cuando la vida o la salud de una mujer está en peligro, en situaciones de malformaciones fetales severas o en casos de violación.
Además, las mujeres en algunos países, particularmente Italia y Croacia, enfrentan una negación generalizada de atención por parte de profesionales médicos, por lo que su acceso está muy limitado a pesar de que la ley prevé la atención del aborto.
IPPF también detecta problemas de acceso al aborto en países donde sí se ha establecido como servicio esencial. Esta organización dice haber detectado dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en Italia y Francia, después de que ambos países accedieran a reconocer esta prestación como servicio esencial.
Además, once organizaciones de entre las encuestadas por IPPF han informado de que su propio personal estaba enfermo o en cuarentena. En Bélgica, esta situación se combina con el hecho de que muchos médicos mayores brindan atención de aborto y, por lo tanto, se encuentran entre los grupos de riesgo, dificultando la prestación de atención, explican, mientras que en Rumanía los servicios de acceso al aborto han sido suspendidos, según reportan a la IPPF las organizaciones miembro.
Menos salud sexual
Por otra parte, IPPF también alerta de la merma en salud sexual que supone la situación de crisis. Es el caso de Polonia, donde la provisión de anticonceptivos y los servicios de detección de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se han visto afectados. Según denuncian, la crisis sanitaria también está afectando a los proyectos de educación sexual, que se encuentran paralizados en 24 de los 28 miembros de IPPF en Europa.
En Portugal, el Ministerio de Salud ya no les permite ofrecer servicios de detección de ETS debido a la falta de equipos de protección personal, un problema reportado por muchas de las organizaciones de esta federación.
En Irlanda, los dos servicios públicos de detección de ETS están cerrados mientras que en Austria ya no está suministrando DIU. En Suiza, el asesoramiento y las pruebas de ETS se han reducido. En Albania, las pruebas de VIH y de detección de ETS, la anticoncepción, la atención del aborto, la detección y prueba del cáncer de cuello uterino, las visitas ginecológicas y los servicios de violencia sexual y de género han disminuido.
En Noruega, se han cancelado los servicios especializados para trabajadoras sexuales y personas VIH positivas y existe una caída general en la demanda de citas. En Bulgaria, Rumania y Serbia, se suspendieron los proyectos que apoyan la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres romaníes.
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