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| Imagen: Colombia Informa |
Ingrid Salcedo y Francy Lizcano | Colombia Informa, 2020-04-27
https://www.colombiainforma.info/entrevista-pico-y-genero-o-la-vigilancia-del-genero/
El decreto de “Pico y Género” es una política pública que fue implementada en Bogotá en el marco de la cuarentena por el Covid-19. Comenzó desde el 13 de abril con el fin de reglamentar la presencia de la ciudadanía en las calles con el fin de evitar aglomeraciones en tiendas, supermercados, plazas de mercado, bancos y notarías. Desde que la Alcaldía de Claudia López anunció este decreto, la comunidad trans y no binaria de la ciudad ha alertado acerca del carácter inconstitucional de éste porque da pie a que se gesten situaciones de violencia en contra de ellas.
El martes 21 de abril conversamos con Juli Salamanca, integrante de la Red Comunitaria Trans, una organización social defensora de los derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual, están en condición de calle o en las cárceles. Así, Juli nos presentó las razones por las cuales esta medida es inconstitucional:
1. El decreto hace uso de un criterio sospechoso de discriminación: el sexo. En ese sentido, expone a situaciones de acoso, de violencia y de discriminación basadas en su identidad, a las personas trans, no binarias y con expresiones de género no hegemónicas. Según Juli: “La corte constitucional ha adoptado el juicio integrado de igualdad para establecer si una norma es discriminatoria o no, es una prueba que diseñó la corte constitucional. Al pasar este decreto por este test no lo pasa, es decir, la medida es discriminatoria”.
2. La medida no es efectiva para la prevención de la Covid-19. Los primeros días de esta medida en Bogotá, así como en Perú o Panamá, es que incrementa el riesgo de exposición de las mujeres, debido a que las son el 52% de la población Bogotana.
3. En la práctica el decreto le está entregando el poder de juzgar el género a la policía, que es el principal actor que ejerce violencia hacia las personas trans, no binarias y con identidades de género no hegemónicas. Hay más de 100 casos de violencia policial hacia personas trans que siguen en la impunidad. Incluso, el mismo 13 de abril se presentó un acto de violencia policial en la plaza de Paloquemao contra una persona con identidad de género no binaria.
Apenas en los primeros ocho días de aplicación se registraron otros 14 casos de violencia, principalmente en supermercados en donde se les negó la posibilidad de abastecerse en los días que correspondieran con su identidad de género, es decir que si un hombre trans se dirigió a un almacén en un día impar, los trabajadores del establecimiento y en algunos casos, otros compradores le negaron la posibilidad de hacerlo, alegando que debía salir un día par, el día que le corresponde a las mujeres. A lo anterior, Juli Salamanca se refiere como la ‘vigilancia del género’.
Otro hecho grave ocurrió el sábado 18 de abril a las 9:30 p.m cuando Daian Nikol Villalobos fue agredida en Quintas del Sur, en Ciudad Bolívar, por un residente de su mismo barrio a pocas cuadras de su casa. Este hombre le dijo que ella era un hombre y debía salir los días impares. Nikol fue intervenida quirúrgicamente en sus manos dos veces durante la semana pasada y tendrá que hacer fisioterapia para recuperar la movilidad de sus dedos. [...]
El martes 21 de abril conversamos con Juli Salamanca, integrante de la Red Comunitaria Trans, una organización social defensora de los derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual, están en condición de calle o en las cárceles. Así, Juli nos presentó las razones por las cuales esta medida es inconstitucional:
1. El decreto hace uso de un criterio sospechoso de discriminación: el sexo. En ese sentido, expone a situaciones de acoso, de violencia y de discriminación basadas en su identidad, a las personas trans, no binarias y con expresiones de género no hegemónicas. Según Juli: “La corte constitucional ha adoptado el juicio integrado de igualdad para establecer si una norma es discriminatoria o no, es una prueba que diseñó la corte constitucional. Al pasar este decreto por este test no lo pasa, es decir, la medida es discriminatoria”.
2. La medida no es efectiva para la prevención de la Covid-19. Los primeros días de esta medida en Bogotá, así como en Perú o Panamá, es que incrementa el riesgo de exposición de las mujeres, debido a que las son el 52% de la población Bogotana.
3. En la práctica el decreto le está entregando el poder de juzgar el género a la policía, que es el principal actor que ejerce violencia hacia las personas trans, no binarias y con identidades de género no hegemónicas. Hay más de 100 casos de violencia policial hacia personas trans que siguen en la impunidad. Incluso, el mismo 13 de abril se presentó un acto de violencia policial en la plaza de Paloquemao contra una persona con identidad de género no binaria.
Apenas en los primeros ocho días de aplicación se registraron otros 14 casos de violencia, principalmente en supermercados en donde se les negó la posibilidad de abastecerse en los días que correspondieran con su identidad de género, es decir que si un hombre trans se dirigió a un almacén en un día impar, los trabajadores del establecimiento y en algunos casos, otros compradores le negaron la posibilidad de hacerlo, alegando que debía salir un día par, el día que le corresponde a las mujeres. A lo anterior, Juli Salamanca se refiere como la ‘vigilancia del género’.
Otro hecho grave ocurrió el sábado 18 de abril a las 9:30 p.m cuando Daian Nikol Villalobos fue agredida en Quintas del Sur, en Ciudad Bolívar, por un residente de su mismo barrio a pocas cuadras de su casa. Este hombre le dijo que ella era un hombre y debía salir los días impares. Nikol fue intervenida quirúrgicamente en sus manos dos veces durante la semana pasada y tendrá que hacer fisioterapia para recuperar la movilidad de sus dedos. [...]
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