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| Imagen: Madridiario / Manteros en la Gran Vía, Madrid |
Teresa Aísa Gasca | Madridiario, 2020-04-21
https://www.madridiario.es/prostitutas-manteneros-y-limpiadoras-del-hogar-sin-trabajo-sin-ayudas-y-sin-papeles
El presidente Pedro Sánchez ha indicado en varias ocasiones durante este confinamiento que su Gobierno no va a permitir que nadie se quede atrás en esta crisis sanitaria, que mantiene confinada a la población desde hace más de un mes. Con el paso de las semanas, el sube y baja de los ingresos hospitalarios, los fallecimientos, los cierres de miles de empresas en todo el país o la ejecución masiva de ERTEs, entre otras tristes consecuencias, han ido paliándose con planes y medidas diseñadas a la carrera por las autoridades.
Sin embargo, una vez más, estos protocolos han dejado fuera a colectivos precarios y vulnerables, grupos sociales de por sí invisibilizados que el COVID-19 ha dejado expuestos a la enfermedad, la soledad, la explotación laboral, el miedo y en muchos casos, a la indigencia. Manteros, prostitutas, limpiadoras del hogar... trabajadores de la economía sumergida española a quienes, en la mayor parte de los casos, su condición de indocumentados les condena a pedir auxilio de manera silenciosa y aterrada.
En las últimas dos semanas, más de 800 colectivos y organizaciones se han unido bajo el hashtag #RegularizaciónYa para demandar la regularización de las personas migrantes sin papeles y exigir una igualdad de derechos universal en todo el territorio español. Se calcula que más de 600.000 personas en situación administrativa irregular en España se han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar el impacto económico y social provocado por el coronavirus.
Desde esta red antirracista denuncian que “la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el COVID-19 ha puesto en evidencia el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad -dentro de ellas la población migrante sin papeles-”, al tiempo que desde el inicio del estado de alarma las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta. Según explican, las nuevas medidas están marcadas por “un carácter instrumentalista y mercantilista de 'regularización selectiva' que insta a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos”. Son, tal y como indican, “políticas insolidarias que no responden a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas”.
“Estamos jodidas”
“Hoy por hoy, estamos muy jodidas”, dice Ninfa a Madridiario, miembro de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS). Migrante y prostituta, Ninfa dejó el madrileño polígono Marconi, uno de los principales lugares de trabajo para este colectivo, con el inicio del estado de alarma. “Ahora mismo no hay a quién atender y además nos pueden multar por no estar en casa”, comenta, dejando caer en su discurso que, si por trabajo fuera, muchas de sus compañeras estarían ejerciendo a día de hoy.
“Entre las compañeras del polígono hay algunas regularizadas y con la nacionalidad española, pero hay otras que no tienen papeles y que, al ser indocumentadas y sin estar empadronadas, no pueden acceder a los servicios sociales y a las ayudas del Gobierno ni denunciar las vulneraciones y abusos que se están cometiendo”, explica. Por un lado, cuenta Ninfa, como “trabajar en la calles es exponerte públicamente a la Ley de Extranjería y a la expulsión, muchas mujeres trabajan y viven en habitaciones alquiladas y, con la llegada del confinamiento, se han visto en la calle o acumulando una deuda con el casero que luego no saben cómo van a pagar”.
Mientras algunos caseros han permitido que permanezcan en sus lugares de residencia acumulando la deuda y sin trabajar, a pesar de que entre ellos exista un acuerdo comercial previo, otros directamente han optado por echarles a la calle. “No pueden denunciar los abusos de las personas que les alquilan las habitaciones para trabajar y vivir, pero tampoco pueden estar en la calle porque si las intercepta la Policía pueden abrirle un expediente por ser indocumentadas y expulsarlas más adelante o ingresarlas en un CIE”, narra la de AFEMTRAS. “Muchas de ellas, además, tienen familiares a cargo en sus países de origen o son madres solteras. Sin ayudas, sin trabajo y con deudas, ¿cómo van a comer ellas o los suyos?”, cuenta Ninfa.
Por otro lado, aquellas que cuentan con un lugar de residencia y está reguladas, sin embargo, sufren pensando en qué harán si pierden el contrato de alquiler por no poder pagar: “Nosotras no tenemos avales, no tenemos contratos de trabajo y en ocasiones ni cuenta bancaria. Sin estos requisitos, nadie te alquila un piso en Madrid”, sentencia rotunda.
Ante todo esto, y desde la exclusión a la que están sometidas, son ellas mismas quienes se están auto-organizado para crear una red de ayuda entre compañeras, una medida que se han visto obligadas a tomar ante la “hipocresía” de todas las “instituciones abolicionistas que dicen estar muy a favor de las mujeres prostituidas, pero que no se han preocupado de llevar a las que lo necesitan ni una bolsa de comida”. Según relata, algunas compañeras que han llamado “a los mismos que te dan charlas y condones” para pedir ayuda y “les han mandado a la Iglesia a pedir”. En algunos bancos de alimentos, como indica, piden el padrón municipal, cosa que las mujeres indocumentadas no tienen.
“No somos esclavas”
Otro de los colectivos más perjudicados durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus es el de las trabajadoras del hogar. Edith Espinola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), explica a ‘Madridiario’ que en su gremio las necesidades varían en función de la situación de cada una de las mujeres. Las pautas de internas, externas, regularizadas o sin documentación marcan el devenir de cada una de ellas.
“Yo soy interna y, como estoy sin papeles, no puedo irme de la casa en la que sirvo”, y como ella muchas más: “Llevamos dos meses encerradas sin salir a la calle y muchas están siendo explotadas, porque a las casas han ido a vivir también hijos u otros familiares y el trabajo se multiplica”, dice. A la explotación laboral se suma, además, la “carga emocional de encierro y que no existen los fines de semanas, no se deja de trabajar en ningún momento”, dice Edith.
Por otro lado, aquellas mujeres que están sin papeles y trabajan de manera externa se han quedado sin trabajo con la llegada del aislamiento: “No tienen certificado de circulación y los empleadores no se quieren arriesgar a darles uno, más cuando son mujeres que no están regularizadas y no tienen un contrato de trabajo”, comenta la portavoz, que además añade que muchas compañeras han sido despedidas por teléfono y no han podido reclamar los salarios o días que se les adeudan.
Del mismo modo que señala Ninfa, para Edith el hecho de ser personas indocumentadas agrava aún más la situación: “Una persona inmigrante no puede salir a la calle a comprar o a pedir comida por miedo a la multa o a que se les pida la documentación y al carecer de ella se les detenga o abra un expediente que acabe en una expulsión o la entrada a un CIE. Al mismo tiempo, no pueden trabajar y, por lo tanto, mantenerse a ellos y a sus familias”, reitera.
Así, la de SEDOAC incide en que el Estado tiene “naturalizado” que su estado de bienestar y conciliación de vida “se debe seguir sosteniendo sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y explotadas”. “Las asociaciones de trabajadoras del hogar estamos aquí para demandar el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad”, apunta.
“Para nosotros no es nuevo vivir con miedo”
“Para nosotros, el no poder salir a la calle sin miedo, el no tener libertad de movimiento, no es nada nuevo”, reflexiona Malick, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid. “Las personas sin papeles siempre hemos tenido miedo a ponernos enfermas y a tener que ir a un hospital, y ahora lo único que pasa es que tenemos más miedo porque hay un colapso de todo y necesitamos ayuda”, explica este mantero.
Como los colectivos a los que pertenecen Ninfa y Edith, los manteros tampoco pueden adherirse a las ayudas del Gobierno Central, ni tampoco tienen la posibilidad de acudir a bancos de alimentos para solicitar ayuda porque en la mayor parte de los casos carecen de papeles. Su sustento procede de las ventas que consiguen día a día tras extender sus mantas en el suelo, siempre que las fuerzas de seguridad lo permitan. Ahora, sin poder salir a la calle y sin poder vender, sus ganancias son inexistentes, pero las facturas siguen estando.
“El mayor problema viene del pago de los alquileres y de las facturas de luz, gas o agua”, explica Malick. Luego está la alimentación y también poder “mandar dinero a sus familias en África, ya que muchas personas viven de lo que se les manda desde aquí”. Así, el sindicato ha tenido que abrir “una caja de resistencia” a base de donaciones de personas anónimas y de asociaciones que colaboran con el sindicato para dar ayuda a cada uno de los compañeros que lo requieran, “una especie de renta básica para vivir”, indica Malick.
“Por ahora hemos podido dar una primera partida de 200 euros a 60 manteros, pero ahora mismo estamos un poco desbordaos porque hay mucha gente que nos pide ayuda”, comenta el portavoz, que explica que “la primera idea era la de repartir comida, pero el tema del confinamiento y la presencia de policías en las calles era muy difícil hacerlo sin exponernos a ser detenidos o multados”. Por ello, y tras hacer un “análisis de las necesidades básicas de cada mantener”, el colectivo se ha dado cuenta de que lo más beneficioso es un aporte económico con el que poder “pagar el agua, la luz, el alquiler o la comida”.
La situación de cada uno de ellos, de todos los colectivos mencionados y de muchos otros, va más allá de lo que a día de hoy vive la sociedad en general a causa del confinamiento. La precariedad y vulnerabilidad, la invisiblidad a la que se ven sometidos, se ha multiplicado como el virus lo ha hecho a lo largo de todo este mes. “Nos hemos unido a la campaña de #RegularizaciónYa porque creemos que el de ahora es un momento excepcional que nos condena a la clandestinidad: no nos deja estudiar, no nos deja tener trabajo, no nos deja salir de casa y tenemos que luchar por tener los derechos que se supone que tiene todo el mundo”, dice Malik.
Sin embargo, una vez más, estos protocolos han dejado fuera a colectivos precarios y vulnerables, grupos sociales de por sí invisibilizados que el COVID-19 ha dejado expuestos a la enfermedad, la soledad, la explotación laboral, el miedo y en muchos casos, a la indigencia. Manteros, prostitutas, limpiadoras del hogar... trabajadores de la economía sumergida española a quienes, en la mayor parte de los casos, su condición de indocumentados les condena a pedir auxilio de manera silenciosa y aterrada.
En las últimas dos semanas, más de 800 colectivos y organizaciones se han unido bajo el hashtag #RegularizaciónYa para demandar la regularización de las personas migrantes sin papeles y exigir una igualdad de derechos universal en todo el territorio español. Se calcula que más de 600.000 personas en situación administrativa irregular en España se han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar el impacto económico y social provocado por el coronavirus.
Desde esta red antirracista denuncian que “la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el COVID-19 ha puesto en evidencia el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad -dentro de ellas la población migrante sin papeles-”, al tiempo que desde el inicio del estado de alarma las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta. Según explican, las nuevas medidas están marcadas por “un carácter instrumentalista y mercantilista de 'regularización selectiva' que insta a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos”. Son, tal y como indican, “políticas insolidarias que no responden a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas”.
“Estamos jodidas”
“Hoy por hoy, estamos muy jodidas”, dice Ninfa a Madridiario, miembro de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS). Migrante y prostituta, Ninfa dejó el madrileño polígono Marconi, uno de los principales lugares de trabajo para este colectivo, con el inicio del estado de alarma. “Ahora mismo no hay a quién atender y además nos pueden multar por no estar en casa”, comenta, dejando caer en su discurso que, si por trabajo fuera, muchas de sus compañeras estarían ejerciendo a día de hoy.
“Entre las compañeras del polígono hay algunas regularizadas y con la nacionalidad española, pero hay otras que no tienen papeles y que, al ser indocumentadas y sin estar empadronadas, no pueden acceder a los servicios sociales y a las ayudas del Gobierno ni denunciar las vulneraciones y abusos que se están cometiendo”, explica. Por un lado, cuenta Ninfa, como “trabajar en la calles es exponerte públicamente a la Ley de Extranjería y a la expulsión, muchas mujeres trabajan y viven en habitaciones alquiladas y, con la llegada del confinamiento, se han visto en la calle o acumulando una deuda con el casero que luego no saben cómo van a pagar”.
Mientras algunos caseros han permitido que permanezcan en sus lugares de residencia acumulando la deuda y sin trabajar, a pesar de que entre ellos exista un acuerdo comercial previo, otros directamente han optado por echarles a la calle. “No pueden denunciar los abusos de las personas que les alquilan las habitaciones para trabajar y vivir, pero tampoco pueden estar en la calle porque si las intercepta la Policía pueden abrirle un expediente por ser indocumentadas y expulsarlas más adelante o ingresarlas en un CIE”, narra la de AFEMTRAS. “Muchas de ellas, además, tienen familiares a cargo en sus países de origen o son madres solteras. Sin ayudas, sin trabajo y con deudas, ¿cómo van a comer ellas o los suyos?”, cuenta Ninfa.
Por otro lado, aquellas que cuentan con un lugar de residencia y está reguladas, sin embargo, sufren pensando en qué harán si pierden el contrato de alquiler por no poder pagar: “Nosotras no tenemos avales, no tenemos contratos de trabajo y en ocasiones ni cuenta bancaria. Sin estos requisitos, nadie te alquila un piso en Madrid”, sentencia rotunda.
Ante todo esto, y desde la exclusión a la que están sometidas, son ellas mismas quienes se están auto-organizado para crear una red de ayuda entre compañeras, una medida que se han visto obligadas a tomar ante la “hipocresía” de todas las “instituciones abolicionistas que dicen estar muy a favor de las mujeres prostituidas, pero que no se han preocupado de llevar a las que lo necesitan ni una bolsa de comida”. Según relata, algunas compañeras que han llamado “a los mismos que te dan charlas y condones” para pedir ayuda y “les han mandado a la Iglesia a pedir”. En algunos bancos de alimentos, como indica, piden el padrón municipal, cosa que las mujeres indocumentadas no tienen.
“No somos esclavas”
Otro de los colectivos más perjudicados durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus es el de las trabajadoras del hogar. Edith Espinola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), explica a ‘Madridiario’ que en su gremio las necesidades varían en función de la situación de cada una de las mujeres. Las pautas de internas, externas, regularizadas o sin documentación marcan el devenir de cada una de ellas.
“Yo soy interna y, como estoy sin papeles, no puedo irme de la casa en la que sirvo”, y como ella muchas más: “Llevamos dos meses encerradas sin salir a la calle y muchas están siendo explotadas, porque a las casas han ido a vivir también hijos u otros familiares y el trabajo se multiplica”, dice. A la explotación laboral se suma, además, la “carga emocional de encierro y que no existen los fines de semanas, no se deja de trabajar en ningún momento”, dice Edith.
Por otro lado, aquellas mujeres que están sin papeles y trabajan de manera externa se han quedado sin trabajo con la llegada del aislamiento: “No tienen certificado de circulación y los empleadores no se quieren arriesgar a darles uno, más cuando son mujeres que no están regularizadas y no tienen un contrato de trabajo”, comenta la portavoz, que además añade que muchas compañeras han sido despedidas por teléfono y no han podido reclamar los salarios o días que se les adeudan.
Del mismo modo que señala Ninfa, para Edith el hecho de ser personas indocumentadas agrava aún más la situación: “Una persona inmigrante no puede salir a la calle a comprar o a pedir comida por miedo a la multa o a que se les pida la documentación y al carecer de ella se les detenga o abra un expediente que acabe en una expulsión o la entrada a un CIE. Al mismo tiempo, no pueden trabajar y, por lo tanto, mantenerse a ellos y a sus familias”, reitera.
Así, la de SEDOAC incide en que el Estado tiene “naturalizado” que su estado de bienestar y conciliación de vida “se debe seguir sosteniendo sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y explotadas”. “Las asociaciones de trabajadoras del hogar estamos aquí para demandar el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad”, apunta.
“Para nosotros no es nuevo vivir con miedo”
“Para nosotros, el no poder salir a la calle sin miedo, el no tener libertad de movimiento, no es nada nuevo”, reflexiona Malick, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid. “Las personas sin papeles siempre hemos tenido miedo a ponernos enfermas y a tener que ir a un hospital, y ahora lo único que pasa es que tenemos más miedo porque hay un colapso de todo y necesitamos ayuda”, explica este mantero.
Como los colectivos a los que pertenecen Ninfa y Edith, los manteros tampoco pueden adherirse a las ayudas del Gobierno Central, ni tampoco tienen la posibilidad de acudir a bancos de alimentos para solicitar ayuda porque en la mayor parte de los casos carecen de papeles. Su sustento procede de las ventas que consiguen día a día tras extender sus mantas en el suelo, siempre que las fuerzas de seguridad lo permitan. Ahora, sin poder salir a la calle y sin poder vender, sus ganancias son inexistentes, pero las facturas siguen estando.
“El mayor problema viene del pago de los alquileres y de las facturas de luz, gas o agua”, explica Malick. Luego está la alimentación y también poder “mandar dinero a sus familias en África, ya que muchas personas viven de lo que se les manda desde aquí”. Así, el sindicato ha tenido que abrir “una caja de resistencia” a base de donaciones de personas anónimas y de asociaciones que colaboran con el sindicato para dar ayuda a cada uno de los compañeros que lo requieran, “una especie de renta básica para vivir”, indica Malick.
“Por ahora hemos podido dar una primera partida de 200 euros a 60 manteros, pero ahora mismo estamos un poco desbordaos porque hay mucha gente que nos pide ayuda”, comenta el portavoz, que explica que “la primera idea era la de repartir comida, pero el tema del confinamiento y la presencia de policías en las calles era muy difícil hacerlo sin exponernos a ser detenidos o multados”. Por ello, y tras hacer un “análisis de las necesidades básicas de cada mantener”, el colectivo se ha dado cuenta de que lo más beneficioso es un aporte económico con el que poder “pagar el agua, la luz, el alquiler o la comida”.
La situación de cada uno de ellos, de todos los colectivos mencionados y de muchos otros, va más allá de lo que a día de hoy vive la sociedad en general a causa del confinamiento. La precariedad y vulnerabilidad, la invisiblidad a la que se ven sometidos, se ha multiplicado como el virus lo ha hecho a lo largo de todo este mes. “Nos hemos unido a la campaña de #RegularizaciónYa porque creemos que el de ahora es un momento excepcional que nos condena a la clandestinidad: no nos deja estudiar, no nos deja tener trabajo, no nos deja salir de casa y tenemos que luchar por tener los derechos que se supone que tiene todo el mundo”, dice Malik.
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