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| Imagen: El País / Josep Maria Soler, abad de Montserrat |
El ministerio público muestra su preocupación por la opacidad del clero y sugiere la creación de una comisión nacional de investigación como las de Australia y Holanda.
Iñigo Domínguez / José Manuel Romero | El País, 2019-06-24
https://elpais.com/sociedad/2019/06/23/actualidad/1561309862_393516.html
La Fiscalía General del Estado ha enviado un informe al Ministerio de Justicia en el que analiza la situación actual del problema de los abusos a menores en la Iglesia, y llega a la conclusión de que la respuesta de las instituciones es muy deficiente, necesita un gran impulso y el Gobierno debe moverse y tomar medidas. La Fiscalía muestra su preocupación y propone, en la práctica, que España abandone su pasividad oficial y se coloque a la altura del resto de países que han afrontado la cuestión. En el escrito, al que ha tenido acceso El País, sugiere imitar el trabajo de países como Australia y Holanda. En ellos se crearon comisiones nacionales independientes que investigaron los casos durante años, abrieron canales para que las víctimas pudieran aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas.
La llamada de atención de la Fiscalía es un paso muy significativo. Constituye la primera reacción de los poderes públicos al creciente número de casos del pasado que están emergiendo en los últimos ocho meses, desde que El País comenzó a investigar el fenómeno en octubre de 2018. El ministerio público ha preparado el informe a petición de Justicia, que el pasado mes de febrero, en pleno auge del escándalo, le encargó un examen de la situación. En concreto, el ministerio pidió una relación de los casos de abusos a menores en la Iglesia abiertos en este momento en los tribunales, con diligencias previas. El escrito de respuesta no aporta mucha luz en ese sentido, pues se limita a responder con las cifras generales del delito de abusos a menores: las bases de datos de cada provincia no clasifican específicamente si el acusado es un religioso.
A pesar de la ausencia de cifras claras, precisamente el principal problema a la hora de abordar este asunto, la Fiscalía sí detecta una alarma social y hace sus valoraciones. El escrito detalla que el trabajo diario del ministerio público sobre estos casos ha podido constatar las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Es más, la preocupación por esta circunstancia lleva a la Fiscalía General a recomendar que las personas que tengan conocimiento de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia. Aconseja denunciarlo en la Fiscalía o a los departamentos de protección a la infancia de las comunidades autónomas, para evitar una intervención o un filtro previo de las instituciones religiosas. Es necesario también, subraya la Fiscalía, revisar y actualizar los protocolos de detección de abusos a menores.
El ministerio público señala que sigue muy de cerca la actitud de la Iglesia católica española a través de los distintos protocolos de actuación que ha puesto en marcha para luchar contra los abusos. Por ejemplo, los aprobados en las diócesis de Burgos, Astorga o Sigüenza. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar las denuncias que se presenten caso por caso y, además, traslada la responsabilidad a cada diócesis. A finales del año pasado anunció la creación de una comisión para actualizar los protocolos existentes en la Iglesia contra los abusos a menores. Pero no ha dado cuenta del resultado de sus trabajos ni ha actualizado, de momento, sus protocolos.
En todo caso, al margen de la respuesta eclesiástica, la Fiscalía española propone iniciar contactos entre instituciones para articular iniciativas más intensas para combatir el problema. Es necesario, según señala el escrito, articular canales fluidos que permitan actuar cuanto antes. La Fiscalía española traslada al Ministerio de Justicia su compromiso para colaborar en cualquier iniciativa de este tipo.
Como fórmulas de referencia, el informe considera muy útil la experiencia de Australia. En este país se creó una comisión que trabajó durante cinco años y concluyó, tras escuchar a 8.000 víctimas y testigos, que la Iglesia católica había recibido 4.500 quejas entre 1980 y 2015 por presuntos abusos cometidos por 1.880 miembros de esa institución. La comisión remitió más de 2.500 casos a la policía. El Gobierno australiano se comprometió a indemnizar con dinero público a las víctimas.
La Fiscalía también cita en su escrito el caso de Holanda y la llamada comisión Deetman, por el nombre de su presidente, el exministro democristiano Wim Deetman. Su informe, presentado en 2011, estableció que desde 1945, entre 10.000 y 20.000 menores fueron víctimas de agresiones que oscilaron entre la violación —alrededor de un millar— y los tocamientos no deseados. Ocurrió en internados, orfelinatos, colegios y seminarios y los autores fueron unos 800 religiosos adultos. Al menos 105 de ellos seguían vivos en 2011. La Iglesia asumió indemnizaciones de entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
Los tribunales no tienen un registro oficial de los casos abiertos contra religiosos
El informe de la Fiscalía General del Estado responde a una petición del Gobierno. El Ministerio de Justicia le solicitó en febrero que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. La caída del Gobierno y la celebración de las elecciones generales ralentizó la respuesta, pero finalmente la Fiscalía ha remitido un escrito donde explica que sus registros informáticos sobre diligencias abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas o en otros lugares. Por esa razón simplemente detalla al ministerio que durante el año pasado se registraron en España 293 diligencias de investigación por agresiones sexuales a menores. En el primer trimestre de este año se han iniciado otras 30. En total, 323 casos desde 2018.
De este modo no es posible saber en cuántos de esos casos han sido acusados religiosos. Para eso no basta una búsqueda informática, sino que cada Fiscalía provincial tendría que indagar en cada uno de sus expedientes.
Con este informe, en el que, al margen de los datos, la Fiscalía expresa su preocupación por el problema y pide medidas, el nuevo Gobierno deberá decidir si toma alguna iniciativa. Por el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en diciembre pasado un anteproyecto de ley de protección integral de la infancia que incluye la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de agresión o abuso sexual a menores. La legislación actual fija la prescripción en cinco años para el abuso y 15 para la agresión sexual desde que la víctima cumple los 18 años. El borrador prevé que el plazo empiece a contar a los 30 años de edad, aunque las víctimas quieren que sea a los 50.
La Iglesia celebró en febrero una cumbre en el Vaticano para tratar el tema, pero la Conferencia Episcopal Española no ha comunicado qué medidas concretas va a impulsar ni ha publicado el nuevo protocolo antiabusos. Ha asegurado que planea obligar a los clérigos a comunicar los casos que se conozcan a la Fiscalía. En el actual protocolo, fechado en 2010, los obispos no están obligados a notificar a las autoridades los posibles episodios de los que pudiera tener constancia, solo “invita” a las familias a hacerlo.
La llamada de atención de la Fiscalía es un paso muy significativo. Constituye la primera reacción de los poderes públicos al creciente número de casos del pasado que están emergiendo en los últimos ocho meses, desde que El País comenzó a investigar el fenómeno en octubre de 2018. El ministerio público ha preparado el informe a petición de Justicia, que el pasado mes de febrero, en pleno auge del escándalo, le encargó un examen de la situación. En concreto, el ministerio pidió una relación de los casos de abusos a menores en la Iglesia abiertos en este momento en los tribunales, con diligencias previas. El escrito de respuesta no aporta mucha luz en ese sentido, pues se limita a responder con las cifras generales del delito de abusos a menores: las bases de datos de cada provincia no clasifican específicamente si el acusado es un religioso.
A pesar de la ausencia de cifras claras, precisamente el principal problema a la hora de abordar este asunto, la Fiscalía sí detecta una alarma social y hace sus valoraciones. El escrito detalla que el trabajo diario del ministerio público sobre estos casos ha podido constatar las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Es más, la preocupación por esta circunstancia lleva a la Fiscalía General a recomendar que las personas que tengan conocimiento de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia. Aconseja denunciarlo en la Fiscalía o a los departamentos de protección a la infancia de las comunidades autónomas, para evitar una intervención o un filtro previo de las instituciones religiosas. Es necesario también, subraya la Fiscalía, revisar y actualizar los protocolos de detección de abusos a menores.
El ministerio público señala que sigue muy de cerca la actitud de la Iglesia católica española a través de los distintos protocolos de actuación que ha puesto en marcha para luchar contra los abusos. Por ejemplo, los aprobados en las diócesis de Burgos, Astorga o Sigüenza. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar las denuncias que se presenten caso por caso y, además, traslada la responsabilidad a cada diócesis. A finales del año pasado anunció la creación de una comisión para actualizar los protocolos existentes en la Iglesia contra los abusos a menores. Pero no ha dado cuenta del resultado de sus trabajos ni ha actualizado, de momento, sus protocolos.
En todo caso, al margen de la respuesta eclesiástica, la Fiscalía española propone iniciar contactos entre instituciones para articular iniciativas más intensas para combatir el problema. Es necesario, según señala el escrito, articular canales fluidos que permitan actuar cuanto antes. La Fiscalía española traslada al Ministerio de Justicia su compromiso para colaborar en cualquier iniciativa de este tipo.
Como fórmulas de referencia, el informe considera muy útil la experiencia de Australia. En este país se creó una comisión que trabajó durante cinco años y concluyó, tras escuchar a 8.000 víctimas y testigos, que la Iglesia católica había recibido 4.500 quejas entre 1980 y 2015 por presuntos abusos cometidos por 1.880 miembros de esa institución. La comisión remitió más de 2.500 casos a la policía. El Gobierno australiano se comprometió a indemnizar con dinero público a las víctimas.
La Fiscalía también cita en su escrito el caso de Holanda y la llamada comisión Deetman, por el nombre de su presidente, el exministro democristiano Wim Deetman. Su informe, presentado en 2011, estableció que desde 1945, entre 10.000 y 20.000 menores fueron víctimas de agresiones que oscilaron entre la violación —alrededor de un millar— y los tocamientos no deseados. Ocurrió en internados, orfelinatos, colegios y seminarios y los autores fueron unos 800 religiosos adultos. Al menos 105 de ellos seguían vivos en 2011. La Iglesia asumió indemnizaciones de entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
Los tribunales no tienen un registro oficial de los casos abiertos contra religiosos
El informe de la Fiscalía General del Estado responde a una petición del Gobierno. El Ministerio de Justicia le solicitó en febrero que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. La caída del Gobierno y la celebración de las elecciones generales ralentizó la respuesta, pero finalmente la Fiscalía ha remitido un escrito donde explica que sus registros informáticos sobre diligencias abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas o en otros lugares. Por esa razón simplemente detalla al ministerio que durante el año pasado se registraron en España 293 diligencias de investigación por agresiones sexuales a menores. En el primer trimestre de este año se han iniciado otras 30. En total, 323 casos desde 2018.
De este modo no es posible saber en cuántos de esos casos han sido acusados religiosos. Para eso no basta una búsqueda informática, sino que cada Fiscalía provincial tendría que indagar en cada uno de sus expedientes.
Con este informe, en el que, al margen de los datos, la Fiscalía expresa su preocupación por el problema y pide medidas, el nuevo Gobierno deberá decidir si toma alguna iniciativa. Por el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en diciembre pasado un anteproyecto de ley de protección integral de la infancia que incluye la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de agresión o abuso sexual a menores. La legislación actual fija la prescripción en cinco años para el abuso y 15 para la agresión sexual desde que la víctima cumple los 18 años. El borrador prevé que el plazo empiece a contar a los 30 años de edad, aunque las víctimas quieren que sea a los 50.
La Iglesia celebró en febrero una cumbre en el Vaticano para tratar el tema, pero la Conferencia Episcopal Española no ha comunicado qué medidas concretas va a impulsar ni ha publicado el nuevo protocolo antiabusos. Ha asegurado que planea obligar a los clérigos a comunicar los casos que se conozcan a la Fiscalía. En el actual protocolo, fechado en 2010, los obispos no están obligados a notificar a las autoridades los posibles episodios de los que pudiera tener constancia, solo “invita” a las familias a hacerlo.
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