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| Imagen: El Salto |
Después de desautorizarlo, el Ministerio de Sanidad da vía libre al plan del Díaz-Ayuso para que Telepizza elabore y reparta miles de menús infantiles en sus locales. Esta empresa, junto con Coca-Cola, Campofrío, Pepsico y Nestlé, forma parte de la Fundación Española de la Nutrición, un lobby agroalimentario que asesora y evalúa lo que se come en los colegios de la Comunidad de Madrid.
Martín Cúneo | El Salto, 2020-03-17
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/comunidad-madrid-pp-fen-detras-diaz-ayuso-rodilla-telepizza-reparto-menus-escolares
“La Consejería ha organizado un dispositivo para que a partir de mañana los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por recibir la RMI [Renta Mínima de Inserción] puedan recoger su comida en los locales de Telepizza”, soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz-Ayuso, el 16 de marzo.
El Ministerio de Sanidad no tardó en rechazar la propuesta y la actualidad se encargó de enterrar la medida entre una avalancha de titulares. Un día después, Sanidad rectificaba y autorizaba el plan del PP madrileño, al que luego se sumó la empresa de sandwiches Rodilla. Pero, ¿de dónde sale esta ocurrencia? ¿Qué hay detrás?
Para Abel Esteban, coordinador de un proyecto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad, es una demostración más de los vínculos del Gobierno autonómico del PP con las grandes empresas y “con el lobby agroalimentario”. Para este especialista, resulta llamativo que el anuncio se realice apenas unos días después de que la Consejería de Educación haya rescindido los contratos con las empresas que gestionan los servicios de comedor escolar en las escuelas y colegios —al igual que hizo con la empresas que gestionan muchos de los centros— y que podrían haberse hecho cargo del trabajo.
Menos llamativo le resulta a este integrante de la cooperativa Garúa que se junte en un mismo párrafo alimentación infantil y Telepizza. La Consejería de Educación, cuenta a El Salto, tiene como asesor y evaluador “externo” a la Fundación Española de la Nutrición (FEN), “que es quien aporta los criterios nutricionales que deben regir el servicio que prestan los colegios y cada tanto realiza una evaluación del servicio”. La FEN es una “empresa privada promovida por la industria agroalimentaria”, donde se mezclan catedráticos y especialistas en alimentación supuestamente independientes con otros profesionales “que están en nómina” de estas empresas. “Uno de esos chiringuitos de la industria que utiliza para blanquear nutricionalmente su oferta alimentaria”, resume Esteban.
En el patronato de la FEN se encuentra Nestlé, McDonalds, Coca-Cola, Quirón Salud —el gigante de la sanidad privada—, Campofrío, Pespsico y, por supuesto, Telepizza. Como vocal del patronato de la FEN, destaca Fernando Frauca Amorena, alto cargo de Telepizza.
Desde Alimentar el Cambio, un programa de la cooperativa Garúa, llevan tiempo demandando que la Consejería de Educación siga el ejemplo aragonés, donde el año pasado se establecieron protocolos independientes a cargo de la Universidad de Zaragoza para el análisis nutricional de los menús escolares.
En otras comunidades autónomas, como Canarias, la estrategia seguida para garantizar la alimentación de las familias en dificultades económicas es muy diferente: en coordinación con Asuntos Sociales ofrecen una compra de alimentos “teniendo como referencia los menús mensuales de los comedores escolares”.
En Madrid, sigue existiendo lo que Esteban califica de un “múltiple conflicto de intereses”: quien aconseja y evalúa la calidad e idoneidad de lo que se come en los colegios de la CAM son algunos de los principales productores de alimentación basura. Ahora también se ocuparán de elaborar y distribuir los menús infantiles a los niños y niñas de las familias con menos recursos, precisamente quienes más necesitan que se garantice una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales, sostiene Esteban.
El Ministerio de Sanidad no tardó en rechazar la propuesta y la actualidad se encargó de enterrar la medida entre una avalancha de titulares. Un día después, Sanidad rectificaba y autorizaba el plan del PP madrileño, al que luego se sumó la empresa de sandwiches Rodilla. Pero, ¿de dónde sale esta ocurrencia? ¿Qué hay detrás?
Para Abel Esteban, coordinador de un proyecto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad, es una demostración más de los vínculos del Gobierno autonómico del PP con las grandes empresas y “con el lobby agroalimentario”. Para este especialista, resulta llamativo que el anuncio se realice apenas unos días después de que la Consejería de Educación haya rescindido los contratos con las empresas que gestionan los servicios de comedor escolar en las escuelas y colegios —al igual que hizo con la empresas que gestionan muchos de los centros— y que podrían haberse hecho cargo del trabajo.
Menos llamativo le resulta a este integrante de la cooperativa Garúa que se junte en un mismo párrafo alimentación infantil y Telepizza. La Consejería de Educación, cuenta a El Salto, tiene como asesor y evaluador “externo” a la Fundación Española de la Nutrición (FEN), “que es quien aporta los criterios nutricionales que deben regir el servicio que prestan los colegios y cada tanto realiza una evaluación del servicio”. La FEN es una “empresa privada promovida por la industria agroalimentaria”, donde se mezclan catedráticos y especialistas en alimentación supuestamente independientes con otros profesionales “que están en nómina” de estas empresas. “Uno de esos chiringuitos de la industria que utiliza para blanquear nutricionalmente su oferta alimentaria”, resume Esteban.
En el patronato de la FEN se encuentra Nestlé, McDonalds, Coca-Cola, Quirón Salud —el gigante de la sanidad privada—, Campofrío, Pespsico y, por supuesto, Telepizza. Como vocal del patronato de la FEN, destaca Fernando Frauca Amorena, alto cargo de Telepizza.
Desde Alimentar el Cambio, un programa de la cooperativa Garúa, llevan tiempo demandando que la Consejería de Educación siga el ejemplo aragonés, donde el año pasado se establecieron protocolos independientes a cargo de la Universidad de Zaragoza para el análisis nutricional de los menús escolares.
En otras comunidades autónomas, como Canarias, la estrategia seguida para garantizar la alimentación de las familias en dificultades económicas es muy diferente: en coordinación con Asuntos Sociales ofrecen una compra de alimentos “teniendo como referencia los menús mensuales de los comedores escolares”.
En Madrid, sigue existiendo lo que Esteban califica de un “múltiple conflicto de intereses”: quien aconseja y evalúa la calidad e idoneidad de lo que se come en los colegios de la CAM son algunos de los principales productores de alimentación basura. Ahora también se ocuparán de elaborar y distribuir los menús infantiles a los niños y niñas de las familias con menos recursos, precisamente quienes más necesitan que se garantice una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales, sostiene Esteban.
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