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| Imagen: El País |
El informe elaborado por la Academia sobre lenguaje inclusivo a petición del Gobierno mantiene la doctrina de género neutro, pero con algunas excepciones.
Jesús Ruiz Mantilla | El País, 2019-01-27
https://elpais.com/cultura/2019/01/26/actualidad/1548493901_381159.html
La palabra reina aparece en la Constitución de 1978 con un solo cometido: como consorte del rey. En el informe que cuatro filólogos de la Real Academia Española (RAE) someterán al pleno de la institución la próxima semana, recomiendan que en los artículos referentes a la corona se opte por rey o reina y príncipe o princesa. El resto de la norma que rige la democracia apenas necesita cambios en ese sentido según los criterios de los expertos. Así se lo remitirán al Gobierno para que actúe como considere oportuno después de que lo aprueben en el pleno de la institución.
Cuando en la jura del Consejo de ministros, gran parte de los miembros del Gobierno desdoblaron su compromiso ante el rey con aquella doble alusión a sus funciones, los miembros de la Real Academia Española supieron al instante que se plantearía el debate del lenguaje inclusivo. De hecho fue una de las primeras iniciativas que tomó la vicepresidenta y encargada de Igualdad, Carmen Calvo.
El 10 de julio, Calvo anunciaba en el Congreso de los Diputados que había solicitado un informe a la RAE para que estudiaran, dijo, “la adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, correcto, verdadero y acorde a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”. Se adelantó la vicepresidenta al hecho en sí. Porque el encargo llegó por carta al despacho del entonces director de la RAE, Darío Villanueva, semanas después.
En la petición ya oficial, Calvo especificaba que las cuestiones de género y los asuntos del lenguaje inclusivo eran una de las prioridades del actual Gobierno y que, por tanto, reclamaban a los miembros de la institución un informe al respecto. Inmediatamente después, Villanueva nombró una comisión paritaria de cuatro miembros para elaborarlo. Los responsables elegidos fueron Paz Battaner,Inés Fernández-Ordóñez, Pedro Álvarez de Miranda e Ignacio Bosque.
Los cuatro han dedicado el verano y el otoño a su elaboración. En diciembre lo tuvieron listo, pero los plenos del pasado mes estuvieron dedicados a la elección del nuevo director, Santiago Muñoz Machado. En su primera comparecencia, este anunció que el informe estaba preparado y que lo sometería al debate en el pleno a lo largo de enero. Una vez aprobado, lo elevarán al Gobierno y, según el criterio de la RAE, debe ser el ejecutivo quien decida qué hacer con él.
El debate en el pleno está previsto para el próximo jueves 31 y se esperan cambios, matizaciones y un debate vivo sobre la propuesta. Pero el contenido del informe elaborado con el consenso total de los cuatro encargados de hacerlo apenas sugiere modificaciones en la norma. Ninguno de ellos desvela su contenido, pero, según ha podido saber El País, lo más relevante serían los aspectos sugeridos acerca del ‘Título II: la corona’.
En este se alude casi a una única posibilidad como figura encargada de la monarquía parlamentaria: el rey. Por tanto, los académicos sugieren que se desdoble el término en ambos géneros: rey y reina. Lo mismo aplican para la línea de sucesión. En el artículo 57 del mismo ‘Título II’ se alude al príncipe heredero. En este caso, la realidad ha ido por delante con la princesa Leonor y debería ser reconocida así en el texto.
El resto del estudio sustenta la doctrina de la RAE en cuestiones de género. Fue fijada en el informe que hizo Ignacio Bosque bajo el título de ‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’ en 2012. Sirve como base a la posición de la Academia en todo el debate que se ha producido a lo largo de los últimos años. En el mismo, Bosque indica que la estructura gramatical del español existe un género no marcado e inclusivo, que suele ser el masculino. Desdoblarlo afectaría a la economía del lenguaje, cree.
Los miembros de la comisión han hecho además un estudio comparado con varias constituciones europeas e hispanoamericanas para ver cómo se trata el lenguaje inclusivo en las mismas. La española, al parecer, no sale mal parada.
La RAE trata de mantenerse al margen como institución de las polémicas que suscita el asunto. Pero debaten de forma habitual estos temas y se han sensibilizado acerca de algunas corrientes. La encarada de la elaboración del ‘Diccionario’ es Paz Battaner y en los últimos años se ha realizado un peinado en multitud de definiciones que resultaban ofensivas y fuera de lugar.
La iniciativa del Gobierno les ha tocado de lleno y en la comisión formada se han reunido diferentes sensibilidades. La más abierta a estas cuestiones es Inés Fernández-Ordoñez, que ha tenido diferentes encontronazos en los plenos con otros compañeros más cerrados a la flexibilidad del lenguaje en cuestiones de género. Es la académica más joven del pleno y su empuje se nota. Pero no comenta el contenido del informe, más allá de esto: “La Constitución está redactada en un tipo de lenguaje formal y administrativo que no es el del habla común de la calle en el que te puedes tomar más licencias. Tiene sus propios códigos, más rígidos”.
Pedro Álvarez de Miranda, autor de ‘El género y la lengua’ (Turner), avisa de que no habrá grandes sorpresas que difieran de lo que en su día planteó Bosque. “Nuestro acuerdo en su día respecto a los asuntos inclusivos fueron claros: la lengua no es materia ideologizable”, asegura el académico.
La doctrina Bosque
Cuando a los miembros de la RAE se les pregunta sobre el debate de la lengua inclusiva, todos suelen remitir a una posición común: la doctrina Bosque. Así la llaman sin apenas importarles que el término doctrina se adecúe poco al siglo XXI.
Pero lo hacen para evitar polémicas incómodas cara a la luz pública que, sin embargo, son materia recurrente –y muy exacerbada, a veces- en los plenos. La doctrina Bosque quedó fijada en el informe de Ignacio Bosque ‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’. Fue elaborado para llamar la atención acerca de las guías de lenguaje no sexista publicadas en por diversas instituciones. Lo suscribieron los 26 académicos de número y sostiene que, si bien existen usos verbales sexistas, las recomendaciones de dichas guías difunden usos ajenos a las prácticas de los hablantes, conculcan normas gramaticales, anulan distinciones necesarias y obvian la realidad de que no hay discriminación en la falta de correspondencia entre género y sexo. Su publicación levantó fuertes debates que no se han diluido, sino reafirmado por parte de varios colectivos en diferentes ámbitos.
Sin embargo, la RAE no ha movido públicamente su posición, algo que vuelve a hacer ahora con el nuevo informe que elevarán en febrero al Gobierno.
Cuando en la jura del Consejo de ministros, gran parte de los miembros del Gobierno desdoblaron su compromiso ante el rey con aquella doble alusión a sus funciones, los miembros de la Real Academia Española supieron al instante que se plantearía el debate del lenguaje inclusivo. De hecho fue una de las primeras iniciativas que tomó la vicepresidenta y encargada de Igualdad, Carmen Calvo.
El 10 de julio, Calvo anunciaba en el Congreso de los Diputados que había solicitado un informe a la RAE para que estudiaran, dijo, “la adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, correcto, verdadero y acorde a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”. Se adelantó la vicepresidenta al hecho en sí. Porque el encargo llegó por carta al despacho del entonces director de la RAE, Darío Villanueva, semanas después.
En la petición ya oficial, Calvo especificaba que las cuestiones de género y los asuntos del lenguaje inclusivo eran una de las prioridades del actual Gobierno y que, por tanto, reclamaban a los miembros de la institución un informe al respecto. Inmediatamente después, Villanueva nombró una comisión paritaria de cuatro miembros para elaborarlo. Los responsables elegidos fueron Paz Battaner,Inés Fernández-Ordóñez, Pedro Álvarez de Miranda e Ignacio Bosque.
Los cuatro han dedicado el verano y el otoño a su elaboración. En diciembre lo tuvieron listo, pero los plenos del pasado mes estuvieron dedicados a la elección del nuevo director, Santiago Muñoz Machado. En su primera comparecencia, este anunció que el informe estaba preparado y que lo sometería al debate en el pleno a lo largo de enero. Una vez aprobado, lo elevarán al Gobierno y, según el criterio de la RAE, debe ser el ejecutivo quien decida qué hacer con él.
El debate en el pleno está previsto para el próximo jueves 31 y se esperan cambios, matizaciones y un debate vivo sobre la propuesta. Pero el contenido del informe elaborado con el consenso total de los cuatro encargados de hacerlo apenas sugiere modificaciones en la norma. Ninguno de ellos desvela su contenido, pero, según ha podido saber El País, lo más relevante serían los aspectos sugeridos acerca del ‘Título II: la corona’.
En este se alude casi a una única posibilidad como figura encargada de la monarquía parlamentaria: el rey. Por tanto, los académicos sugieren que se desdoble el término en ambos géneros: rey y reina. Lo mismo aplican para la línea de sucesión. En el artículo 57 del mismo ‘Título II’ se alude al príncipe heredero. En este caso, la realidad ha ido por delante con la princesa Leonor y debería ser reconocida así en el texto.
El resto del estudio sustenta la doctrina de la RAE en cuestiones de género. Fue fijada en el informe que hizo Ignacio Bosque bajo el título de ‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’ en 2012. Sirve como base a la posición de la Academia en todo el debate que se ha producido a lo largo de los últimos años. En el mismo, Bosque indica que la estructura gramatical del español existe un género no marcado e inclusivo, que suele ser el masculino. Desdoblarlo afectaría a la economía del lenguaje, cree.
Los miembros de la comisión han hecho además un estudio comparado con varias constituciones europeas e hispanoamericanas para ver cómo se trata el lenguaje inclusivo en las mismas. La española, al parecer, no sale mal parada.
La RAE trata de mantenerse al margen como institución de las polémicas que suscita el asunto. Pero debaten de forma habitual estos temas y se han sensibilizado acerca de algunas corrientes. La encarada de la elaboración del ‘Diccionario’ es Paz Battaner y en los últimos años se ha realizado un peinado en multitud de definiciones que resultaban ofensivas y fuera de lugar.
La iniciativa del Gobierno les ha tocado de lleno y en la comisión formada se han reunido diferentes sensibilidades. La más abierta a estas cuestiones es Inés Fernández-Ordoñez, que ha tenido diferentes encontronazos en los plenos con otros compañeros más cerrados a la flexibilidad del lenguaje en cuestiones de género. Es la académica más joven del pleno y su empuje se nota. Pero no comenta el contenido del informe, más allá de esto: “La Constitución está redactada en un tipo de lenguaje formal y administrativo que no es el del habla común de la calle en el que te puedes tomar más licencias. Tiene sus propios códigos, más rígidos”.
Pedro Álvarez de Miranda, autor de ‘El género y la lengua’ (Turner), avisa de que no habrá grandes sorpresas que difieran de lo que en su día planteó Bosque. “Nuestro acuerdo en su día respecto a los asuntos inclusivos fueron claros: la lengua no es materia ideologizable”, asegura el académico.
La doctrina Bosque
Cuando a los miembros de la RAE se les pregunta sobre el debate de la lengua inclusiva, todos suelen remitir a una posición común: la doctrina Bosque. Así la llaman sin apenas importarles que el término doctrina se adecúe poco al siglo XXI.
Pero lo hacen para evitar polémicas incómodas cara a la luz pública que, sin embargo, son materia recurrente –y muy exacerbada, a veces- en los plenos. La doctrina Bosque quedó fijada en el informe de Ignacio Bosque ‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’. Fue elaborado para llamar la atención acerca de las guías de lenguaje no sexista publicadas en por diversas instituciones. Lo suscribieron los 26 académicos de número y sostiene que, si bien existen usos verbales sexistas, las recomendaciones de dichas guías difunden usos ajenos a las prácticas de los hablantes, conculcan normas gramaticales, anulan distinciones necesarias y obvian la realidad de que no hay discriminación en la falta de correspondencia entre género y sexo. Su publicación levantó fuertes debates que no se han diluido, sino reafirmado por parte de varios colectivos en diferentes ámbitos.
Sin embargo, la RAE no ha movido públicamente su posición, algo que vuelve a hacer ahora con el nuevo informe que elevarán en febrero al Gobierno.
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